Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, calificó como “una mala señal institucional” la aceptación del per saltum por parte de la Corte Suprema el día martes y definió que “que tiene dos lecturas posibles”: una es que el máximo tribunal “quiere posicionarse” como el que “dice la última palabra” y va a dictar “que los jueces retornen a sus lugares de origen”, o la segunda que “borren con el codo” lo que escribieron en 2018 sobre el traslado de jueces y generen “un conflicto de poderes”, lo que implicaría “alzarse contra el principio de obediencia a la supremacía constitucional”.

“Es una mala señal institucional que tiene dos lecturas posibles, la primera es que la Corte quiere posicionarse como que dice la última palabra en lo que refiere a interpretación constitucional, una especie de narcisismo institucional, que no sería para nada necesario cuando el gobierno a través de los poderes con las respectivas competencias constitucionales se han pronunciado ya por el tema”, indicó Barcesat a .

El abogado hizo referencia a las instancias por las cuales el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores de la Nación, “que es la que presta los acuerdos”, y el Poder Ejecutivo que dictó “un decreto en consonancia con lo resuelto” por el Senado, “que rechaza” el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli; además de la Cámara de Casación Penal Federal, que luego de publicado el decreto “dispuso que los jueces debían volver a sus cargos de origen”.

La segunda lectura que refirió Barcesat implica que “alguno de la Corte intenta apartarse de los precedentes, que son del año 2018, es decir de esta Corte, de tinta fresca, donde hizo la apología del mecanismo constitucional para el nombramiento de los jueces con esos pasos obligados, del Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo”. 

“Sería impensable que dos años después borren con el codo lo que escribió en estas acordadas y en los precedentes jurisprudenciales que ella misma invoca”, definió el abogado, aunque remarcó que “si quiere imponer una nueva línea en el tema y apartarse del texto constitucional que apologizó en esas dos acordadas, esto es mucho más grave”.

Para Barcesat, “sería un conflicto de poderes, y lo que es institucionalmente más disvalioso, significaría alzarse contra el principio de obediencia a la supremacía constitucional, artículo 36 de la Constitución, que es una de las incorporaciones más valiosas de la reforma del año 94, y que establece que los poderes del gobierno federal deben mantenerse en los márgenes de sus respectivas incumbencias constitucionales; es una forma de cumplir con esa obediencia al texto constitucional”.

“Si la Corte Suprema se aparta de eso para generar una nueva doctrina en función de favorecer los intereses corporativos en juego y los que están en danza en función de apetitos político económicos, el disvalor es mayor todavía”, completó el abogado.

Barcesat calificó como “inquietante” la decisión de la corte de abrir “un espacio de debate para algo que ya estaba saldado institucionalmente por los órganos del poder federal que tienen la competencia para hacerlo” y señaló que espera que “sea simplemente la primera hipótesis, que quiere darse su lugar en este entuerto para decir acá esta la corte, y decimos que estos jueces deben volver a su lugar de origen, y terminar el tema”.

Luego de la decisión del martes de la Corte Suprema del día martes de aceptar el recurso presentado por los jueces, “esto ha quedado en suspenso”, y van a dar una respuesta “una vez que se contesten dos traslados que dispuso al Consejo de la Magistratura y nuevamente al Procurador General Interino, Eduardo Casal”.

Sobre el tiempo de respuesta en la cuestión de fondo por parte de la Corte, Barcesat consideró que como el máximo tribunal “abrevió los plazos de procedimiento, porque las vistas son generalmente por cinco días y acá le fijo dos días al Consejo de la Magistratura y dos al Procurador General interino”, es posible que “el próximo martes, en su acuerdo, dicte  resolución”.

El abogado consideró que si la Corte toma la decisión de convalidar los traslados realizados por Mauricio Macri, otro de “los resultados disvaliosos” sería la posibilidad de que “porque un órgano del gobierno, en este caso el Poder Judicial, obró mal, también obre mal el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tienen la competencia en la materia”, y puedan realizar el traslado de jueces a dedo como lo hizo el ex presidente.

“De manera que sería un verdadero dislate institucional, y por eso creo que van a optar por la alternativa de simplemente acá estamos nosotros, que decimos la última palabra y convalidamos que retornen a sus lugares de origen los respectivos magistrados”, finalizó.

Fotocopias de los cuadernos

Hoy vence el plazo para que el fiscal Carlos Stornelli presente los registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos en la llamada causa de las fotocopias de los cuadernos, prueba que solicitó la Cámara de Casación Penal al juez que instruye la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, sucesor del fallecido Claudio Bonadio.

“Como todos sabemos no existen esos registros técnicos”, sostuvo Barcesat y aclaró que “demuestra el grado de perturbación que existe en la administración de justicia”.

El abogado calificó de un “asco institucional” a la causa y remarcó que no le “cabe ninguna duda que cuando la Cámara de Casación reciba la respuesta del doctor Martínez de Giorgi de que Stornelli no le envió nada, porque no hay nada, va a dictar una sentencia anulando esas colectas de relatos ficcionales de los arrepentidos, que es decir, poner término a la causa de las fotocopias de los cuadernos quemados, resucitados y que andan por ahí dando vueltas”.

Además, relató que en el día de ayer recibió “una notificación de una presentación que hizo el fiscal de la casación federal, Raúl Pleé, que es parte de la trama del Lawfare, es decir, de la persecución judicial”, que dice que si la declaración “está recogida en actas, con eso alcanza, lo que evidentemente es una especie de confesión de que violaron la ley”.

“El fiscal de la Casación federal, que es el que tendría la mayor responsabilidad en custodiar que se cumpla con las formas que la ley establece, viene a salir en defensa de la violación de lo que establece la Ley del Arrepentido, que taxativamente impone un registro en soporte técnico confiable”, culminó.