El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi informó ayer que no cuenta con "registros fílmicos o digitales" de las declaraciones de los llamados arrepentidos en la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, ante un requerimiento cursado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Además el magistrado actualmente a cargo del juzgado federal 11, donde se instruyó el caso, le pidió al fiscal Carlos Stornelli que en un plazo de 48 horas le informe si tiene en su poder estos registros.

La Cámara de Casación había reclamado estos registros tras una audiencia desarrollada la semana pasada, en la cual las defensas de algunos procesados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, pidieron la nulidad de toda la causa por falta registros que permitiera evaluar en qué circunstancias se dieron las supuestas confesiones, entre otros argumentos.

En un informe firmado por el secretario del juzgado Pablo Lioy y notificado ayer en el expediente, el juzgado 11 dejó asentado que "no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputaos arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración" que prevé la ley 27.304.

Ante la ausencia de los registros audiovisuales en el juzgado, el magistrado que reemplazó al fallecido Claudio Bonadio, le pidió al fiscal de instrucción del caso, Stornelli, que informe si él cuenta con ese tipo de registro.

En el caso cuadernos, los dichos de empresarios, el remisero Centeno y otros que fueron aceptados como imputados colaboradores quedaron registrados en actas que fueron validadas en el tribunal intermedio de apelaciones, la Cámara Federal porteña, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunal oral que fueron trasladados a la cámara de apelaciones por el ex presidente Mauricio Macri sin pasar por el Senado (ver nota aparte sobre fallo de la Corte).

La causa de los cuadernos explotó en agosto de 2018, tras la detención de Centeno, cuando el juez Bonadio ordenó una larga lista de arrestos de empresarios y ex funcionarios, de los cuales unos treinta recuperaron su libertad tras alcanzar acuerdos de colaboración con el fiscal Stornelli, en calidad de arrepentidos.

Para las defensas de muchos de los acusados, esos acuerdos fueron nulos porque no fueron debidamente registrados y porque se celebraron bajo la presión a los imputados de que si no decían lo que la fiscalía quería escuchar no recuperarían su libertad.

“No hay sortijas para todos”, les dijo por aquellos días el fiscal Stornelli a los abogados de varios de los empresarios detenidos, cuando buscaba confesiones que robustecieran la hipótesis de que habían pagado coimas a ex dirigentes del kirchnerismo, por ejemplo, para acceder a contratos de obra pública.

La ley del arrepentido establece que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

La causa en la que están procesados la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el remisero Centeno, entre otros, ya fue enviada a juicio oral y cayó por sorteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) 7.