Carlos Rozanski, ex juez federal del Tribunal Oral 1 de La Plata, calificó como “muy grave” el hecho de que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli no acepten el rechazo del Senado a su traslado durante el macrismo y aclaró que “no pueden resistirse a las decisiones que toma el Estado”, además de remarcar que ese nombramiento “estaba mal hecho” y que si las instituciones “funcionaban bien, eso no pasaba”.

“Por un lado está el funcionamiento de las instituciones, que no es poca cosa, porque parece muy obvio pero” el traslado de los jueces “estaba mal hecho, y si funcionaban bien las instituciones esto no pasaba”, sostuvo en diálogo con y aclaró que “la decisión” que tomaron “el Consejo de la Magistratura y el Senado es más que correcta”. 

Rozanski señaló que “el problema es que esta gente se resiste, y los jueces no pueden resistirse a este tipo de medidas que toma el Estado; estamos hablando del Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, presidencia de la Nación con el decreto actual, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema”.

“Es un tema muy grave por la cantidad de instituciones que han actuado y esta gente se está alzando contra todo esto; no solo porque pone en juego lo que ellos estaban haciendo, que es actuar en un lugar donde no deberían, sino la actitud que tienen en este momento, de no aceptar decisiones de instituciones del Estado”, planteó.

El jueves, la Cámara Federal de Casación Penal avaló los decretos del Poder Ejecutivo que ratifican la decisión del Senado de la Nación de rechazar sus traslados y dispuso que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el miembro del Tribunal Oral Federal 7, Germán Castelli, dejen los cargos que ocupan actualmente, luego de la designación a dedo realizada por el ex presidente Mauricio Macri.

A pesar de esta decisión, los magistrados insisten con una respuesta de la Corte Suprema y con una solicitud de licencia, y se niegan a regresar al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en el caso de Bruglia y Bertuzzi; y al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en el caso de Castelli. 

Para Rozanski, “los dos jueces fueron puestos en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires” mediante “un plan específico previo de extorsiones y amenazas y presiones para que se fueran los jueces Freiler, Farah y Ballesteros”.

“Lo lograron de distintas maneras y nombraron a los que ellos querían, a los que el poder real quiso, y esta gente representa eso nada menos; es obvio que tienen un respaldo muy fuerte que no les alcanzó porque estamos en un periodo con un muy buen funcionamiento institucional”, aclaró el ex magistrado.

El fiscal José María Campagnoli dijo ayer en una entrevista que “como ciudadano” siente “que estamos viviendo el periodo más oscuro de la Argentina”, y que no recuerda “una situación semejante desde que volvió la democracia, una sensación de opresión y ataque a la justicia independiente”.

Rozanski definió que “Campagnoli, Stornelli, son sicarios, son gente muy peligrosa, fiscales y jueces federales que siguen en sus cargos, gente que fue absolutamente cómplice, no funcional, que es menos, sino cómplice de todo el plan de Lawfare que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri; de modo que es un sector del Poder Judicial absolutamente tóxico, nocivo y que ha cometido delitos”.

Y agregó que “por supuesto que van a opinar eso, porque los primeros perjudicados con una mejor justicia son los delincuentes que han actuado esos cuatro años”.

En cuanto a las medidas para poder mejorar estas estructuras, Rozanski indicó que “es muy difícil desarmar todo aquello porque hay un imaginario histórico que es una justicia aristocrática, que respondió mayoritariamente a intereses que no son los de la mayoría del pueblo”.

“Hay una cuestión ideológica, de organización y este proyecto de reforma judicial es apenas un inicio tibio de mejora, pero con eso no vamos a lograr revertir todo, porque está enraizado en la estructura misma del Poder Judicial, y por eso personajes como Campagnoli salen a decir eso, porque son los mismo que estaban al frente de las manifestaciones para transformar en un homicidio el suicidio de Alberto Nisman, es la misma gente, no es una cuestión menor”, completó el ex juez.

14 años de la desaparición de Julio López

El ex magistrado, quien era integrante del tribunal que juzgó y condenó a Miguel Etchecolatz en 2006, cuando desapareció el testigo Jorge Julio López, sostuvo que “la impunidad de 14 años sobre un hecho tan trágico es la prueba del poder que tienen, porque no hay absolutamente ningún avance en 14 años en la investigación de la desaparición” (ver nota aparte).

“Viví intensamente esa desaparición porque fue durante el juicio que estábamos haciendo y sobre el final, en el mismo momento, comenzaron las amenazas al tribunal, a jueces, a fiscales y a empleados y secretarios, en el caso mío se mantuvieron durante muchos años, de modo que el poder de esta gente ha sido muy grande”, recordó Rozanski.

El ex juez explicó que “en el contexto de ese momento, había 30 años de impunidad, porque el juicio a las juntas fue bueno pero terminó después con” las leyes de “Obediencia debida y Punto Final y con los indultos, con impunidad, es decir que más allá de lo simbólico inicial se fue al tacho después”.

“Cuando en un contexto político adecuado, 30 años después, se logran iniciar los juicios, en el primero viene este mensaje siniestro que es la desaparición nada menos de uno de los testigos importantes, porque fue muy interesante la forma en que explicó las cosas y entiendo que tuvo que ver con su desaparición”, consideró Rozanski y planteó que “les salió mal porque los juicios siguieron y fueron a la cárcel una parte bastante importante de quienes habían cometido la tragedia”.

Sobre las implicancias de este hecho en la actualidad, el ex magistrado describió que “hay una conexión, un hilo conductor que es centralmente ideológico, que tiene que ver con una cosmovisión completamente distinta de lo que es la verdadera democracia, que es hacer los juicios para condenar los crímenes brutales que se habían cometido durante la dictadura, y la antidemocracia es quemar barbijos en plena cuarentena”.

“Son dos caminos completamente distintos, no hay camino del medio en materia de derechos humanos, no hay centralidad, hay dos manos una va y la otra viene, una a favor de los derechos humanos y la otra es en contra, y la que es en contra son los que han saqueado el país durante cuatro años porque también está vinculado esa concepción ideológica con el saqueo”, definió.

Y finalizó que “la dictadura tenía como origen y esencia el saqueo, la transferencia de recursos de pobres a ricos y el macrismo hizo eso con una metodología más moderna que se llama Lawfare, persecución de opositores, pero la finalidad era la misma que la dictadura, el saqueo”.