Casi sin aparecer en los medios de comunicación, lo cual es propio de la función que ocupa, Cristina Caamaño es una funcionaria de primera importancia en el gabinete de Alberto Fernández. Designada en diciembre como interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), trabaja desde entonces para desmontar los mecanismos de corrupción y espionaje ilegal heredados del gobierno de Mauricio Macri.

En los nueve meses de su gestión, han sido impactantes los avances logrados en el saneamiento del manejo de dinero en el organismo, así como las denuncias realizadas ante el Poder Judicial y el aporte de material probatorio que permitió esclarecer gran parte del entramado de persecución y vigilancia clandestina implantados en el periodo 2015-2019.

Caamaño es fiscal en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en la última década debió tomar licencia varias veces a esa función judicial para ocupar altas responsabilidades en organismos del Estado que se ocupan de la seguridad y la inteligencia, tanto del Poder Ejecutivo como de otros sectores. Entre estas últimas, hacia finales de la presidencia de Cristina Kirchner dirigió el área de escuchas telefónicas ordenadas judicialmente para la investigación de delitos, en la única etapa en que esa tarea no estuvo ligada a la antigua SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), hoy AFI.

A comienzos de junio pasado, la actual interventora en la Agencia Federal de Inteligencia presentó una denuncia judicial por “inteligencia ilegal” contra unas 500 personas durante el macrismo. Entre las víctimas hay dirigentes políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.

El material probatorio fue hallado a fines de enero en una caja fuerte del organismo. La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía que dirige Paloma Ochoa.

Respecto del manejo irregular de dineros públicos en la AFI bajo el gobierno de Macri, cuando el organismo estaba conducido por Gustavo Arribas como director general y Silvia Majdalani como subdirectora, Caamaño realizó distintas denuncias judiciales.

En mayo pasado, la actual funcionaria reveló que solo a lo largo de 2019 “se usaron 1.121 millones de pesos para operaciones secretas”. Para ello se apeló al rubro “gastos reservados”, que son “gastos sin liquidar, sin decir a qué corresponden, sin que se sepa adonde fueron”. La cifra es 14 veces superior a la que proporcionalmente se está utilizando este año para los casos en que, por la confidencialidad propia de ciertas tareas de inteligencia, se requiere apelar a “gastos reservados”.

A comienzos de mayo, pasados poco más de cuatro meses de intervención en la AFI, por primera vez en la historia se publicó el presupuesto del organismo. La funcionaria explicó esa vez que “las partidas que han quedado confidenciales son las mínimas indispensables para el funcionamiento de la inteligencia" y que "el resto de las partidas se han hecho públicas dentro del presupuesto nacional". 

En aquel momento Caamaño accedió a una de las pocas entrevistas periodísticas que concedió en su actual función, y declaró que en 120 días que llevaba en la Agencia Federal de Inteligencia “rompimos la promiscuidad con la justicia”. Afirmó que “ya no existe que cada agente de inteligencia tenía un juez amigo y cada juez tenía un agente de inteligencia amigo”. 

Macri, Arribas, Majdalani

A medida que se fueron comprobando otros manejos sospechosos de dinero en la AFI, la intervención impulsó distintas judiciales. El 12 de agosto denunció a Macri, Arribas y Majdalani por irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras. Por sorteo, el caso quedó a cargo del juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, tras la jubilación del juez Rodolfo Canicoba Corral.

El 26 de agosto realizó otra presentación penal, también contra el ex presidente de la Nación y quienes fueron los responsables de la central de inteligencia. En esta ocasión fue por cuatro hechos de manejo sospechoso de dinero por 3 millones de pesos y 650 mil dólares. 

Recientemente, el 7 de septiembre, Caamaño promovió una nueva causa en la que también apunta contra Macri y los otros dos altos funcionarios, y pidió la indagatoria de los tres. Los acusa de "administración fraudulenta en compras y contrataciones", con un perjuicio para el erario de 1.430.000 dólares y 33.309.000 pesos. 

Previamente, a principios de este mes la interventora de la AFI aprobó un protocolo para la administración de fondos reservados para tareas de inteligencia. Establece pautas de control para la gestión administrativa y financiera del dinero y mecanismos para las rendiciones, con identificación de cada responsable en las compras y contrataciones.

Desde hace 10 años

Mucho antes de su actual función en el gabinete de Alberto Fernández, hace casi exactamente 10 años, Cristina Caamaño era fiscal en la ciudad de Buenos Aires y su labor fue determinante para esclarecer el asesinato del joven militante político Mariano Ferreyra, el 22 de octubre de 2010, en una protesta de trabajadores precarizados cerca de la estación de trenes de Constitución. 

Tras el correspondiente proceso penal, se comprobó que el crimen fue perpetrado por una patota vinculada con uno de los gremios ferroviarios. Uno de los condenados fue José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria (quien fallecería en 2018), y otros eran efectivos de la Policía Federal.

Un año después, a fines de 2011, la entonces presidenta Cristina Kirchner creó el ministerio de Seguridad de la Nación. Designó como titular a Nilda Garré, quien durante cinco años había sido ministra de Defensa. En el equipo de la nueva cartera, la actual interventora de la AFI fue secretaria de Seguridad Operativa. 

Otro cargo estratégico que ocupó Cristina Caamaño fue en 2015, como titular del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), cuya tarea era escuchar conversaciones telefónicas por orden judicial con fines de investigación de delitos Fue designada por la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en los últimos meses del gobierno kirchnerista. 

La reforma del sistema de inteligencia que promovió la entonces presidenta y que se sancionó por ley del Congreso, dispuso entre otras medidas que la escucha ordenada judicialmente pasara a la órbita de la Procuración General de la Nación (PGN). Así se le quitó poder a una estructura de espionaje corrompida que siempre la había manejado. 

En esa área de extrema sensibilidad, que se convirtió en la ya mencionada Dicom, Gils Carbó designó a Cristina Caamaño, quien se propuso “lograr un sistema de interceptación de comunicaciones transparente, auditable y confiable”. Durante los meses que duró su gestión, no hubo una sola filtración a la prensa de conversaciones telefónicas interceptadas, ni tampoco ninguna denuncia de espionaje ilegal o invasión a la privacidad de las personas.