Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, sostuvo “debe resolverse en el Congreso de la Nación” y no en la justicia, la disputa por el decreto presidencial que redujo la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y por el cual el jefe de Gobierno se presentó ante la Corte Suprema para declarar su inconstitucionalidad.

El abogado planteó que la “gran diferencia” entre el decreto del presidente Fernández y los que dictó Macri anteriormente y “donde reside la legitimidad” del mismo, “es que le encomienda al Congreso de la Nación resolver definitivamente el tema, determinando esas reglas de delegación de atribuciones de la Nación a la ciudad de Buenos Aires y en función de ello, la alícuota que le corresponderá percibir”. 

“No creo que esto sea un tema para la justicia sino un tema para el Congreso”, definió Barcesat a , y agregó que de hecho “ya está en manos del Congreso porque así lo dispone categóricamente el texto del decreto, que deroga los tres que dictó Macri en su momento porque fueron carentes de legitimidad y que modificaron sin fundamentos el statu quo” en materia de coparticipación “de 2003 para acá”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández, en el marco del conflicto con la policía bonaerense y para crear un fondo fiscal para financiar el plan de seguridad de la provincia, emitiera el decreto que redujo de 3.5% a 2.23% la coparticipación de CABA, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia porque considera “inconstitucional” esta decisión y solicita un medida cautelar para frenarla. 

“Más allá de lo que pida Larreta, si pide como cautelar lo mismo que pide sobre el reclamo de fondo, la Corte le va a decir que si dicta una medida cautelar está prejuzgando sobre la cuestión de fondo”, adelantó Barcesat.

Barcesat remarcó que “todas las partes involucradas tienen que esperar la decisión del Congreso, tanto el conjunto de la provincias, como el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires” porque “estas cosas no se resuelven en la justicia, hay que resolverlas en el Congreso donde están representadas todas las partes en conflicto”.

El origen del conflicto

El abogado explicó que “en el año ‘94 hay dos reformas que se introducen en el texto de la Constitución que tienen que ver con este conflicto, uno es la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como nuevo distrito, y el otro es el establecimiento de una orden que parte del texto constitucional al Congreso, sobre las reglas y modos de proceder para una nueva ley de coparticipación federal, que debía ser aprobada en el plazo de dos años, y que debía ser ratificada en los 24 distritos”, aunque el “el plazo obviamente más que venció y esa ley de coparticipación federal no ha sido dictada”.

Por estos motivos, actualmente “sigue rigiendo una ley de fecha anterior a la reforma constitucional, y es en el cumplimiento de esa ley anterior que en el año 2003 se fijó la coparticipación de CABA en el 1.4% y rigió hasta el 2016, cuando Macri emite dos decretos que elevan al 3.75% esa coparticipación”.

“Esto motivó reclamos de las provincias, además de otra serie de desaguisados que hizo el gobierno de Macri desobedeciendo una resolución, la sentencia de la Corte Suprema sobre reintegrarle fondos de la coparticipación a las provincias, y finalmente se celebró un convenio federal en el que se estableció, entre otras cosas, que la alícuota de la coparticipación que estaba vigente para la CABA debía ser reducida, pero sin establecer el monto”, describió Barcesat.

De esta manera en el 2018, el ex presidente Macri emitió un nuevo decreto donde redujo la alícuota de coparticipación de CABA de 3.75% a 3.50%, “una rebaja insignificante”, para el abogado.

En el marco del conflicto con la policía bonaerense, el gobierno de Alberto Fernández emitió el decreto 735/2020 tomó como base el 1.4% que recibía la CABA y le sumó el 0.93% que representan los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana y fija la coparticipación en 2.23%.

El abogado aclaró que “ese decreto fija en 2.23% la alícuota de aquí hasta que se dicte la ley que establezca definitivamente cuáles son los servicios y funciones federales que permanecerán en poder de la Nación, y qué es lo que queda para la CABA”.

“En cuanto al aspecto jurídico hay que decir que tanto los decretos de Macri como este se dictan invocando facultades reglamentarias, lo cual no se sostiene; y esto se hace porque la reforma constitucional del ´94 estableció que había materias vedadas para los decretos de necesidad y urgencia, entre esas materias estaba todo lo que refiriera a lo tributario fiscal”, aseguró Barcesat, quien indicó que Macri decidió, como no podía “hacerlo por DNU, hacerlo por decreto simple; y así se viene trasladando hasta el momento”.