En los últimos cuatro años, con la desregulación del mercado fuertemente concentrado de las telecomunicaciones llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri, las empresas aumentaron las tarifas por encima de la inflación, multiplicaron sus ganancias a pesar de la recesión, redujeron sus inversiones y fueron las que más quejas tuvieron por la calidad del servicio.

Este análisis surge del último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que consigna que Telecom en los últimos dos años multiplicó por 10 la distribución de dividendos entre sus accionistas, que pasó de 4 mil millones en 2017 a sumar casi 90 mil millones en los dos años siguientes.

Este crecimiento se dio con un fuerte incremento de sus tarifas por encima de la inflación, ya que, por ejemplo, la telefonía móvil aumentó en 2019 un 91%, cuando el índice general de precios fue del 53%.

“La desregulación llevada a cabo por la administración anterior aportó poco y nada al mejoramiento del servicio y de los precios ofrecidos, dado que es una falacia que hay una gran cantidad de empresas compitiendo por los servicios brindados”, relataron en el informe y destacaron que “es sumamente necesario el rol de regulador del Estado para que las empresas brinden tarifas justas y razonables, y que cumplan con las inversiones necesarias para brindar dichos servicios”.

Undav toma como referencia la empresa Telecom, controlada a partir del 2018 por el Holding Cablevisión, que “pagó jugosas sumas en materia de dividendos a sus accionistas en los últimos años, incluso a pesar de la fuerte crisis económica que acontecía”.

“En el año 2017, los pagos en dividendos a los accionistas alcanzaron los 4.014 millones  de pesos, en el 2018, estos pagos en efectivo se dispararon hasta los 52.339 millones y en el 2019 hasta los 35.528 millones de pesos”, señalaron, datos que muestran que “multiplicó por 10 la distribución de dividendos” en los últimos dos años del gobierno de Macri.

El decreto del presidente Alberto Fernández declaró servicio público esencial a la telefonía fija y móvil, internet y Televisión por cable y prolongó la congelación de los precios de dichos servicios hasta enero del 2021, lo que implica que “a partir de ahora los aumentos de precios en estos servicios tendrán que ser consensuados con el Estado”.

Como informan los economistas de Undav, entre 2017 y 2019, los precios de las telecomunicaciones “no pararon de aumentar” y crecieron 20 puntos más que el promedio de IPC.

En cuanto a los tarifas de los servicios telefónicos, durante los 4 años de gobierno de Macri se incrementaron un 373,5%, cuando el nivel de inflación fue de 289,6%.

Esto no se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner, ya que “entre diciembre de 2015 y julio de 2012, se observa un incremento menor en las tarifas de los servicios telefónicos”, que fue del 87% cuando el nivel general de precios alcanzó un 143,3%.

“Un ejemplo concreto de los abusos de empresas de este sector oligopólico sin regulación, son los aumentos concretados en 2019 para la telefonía móvil, donde la tarifa media de las prestaciones de servicios para los usuarios aumentó un 91%, mientras que la inflación acumulada fue del 53%”, aclararon en el informe.

Lo que destacaron, es que “los aumentos de tarifas de manera injustificada”, fueron posibles por el “decreto 267”, dictado por el presidente Macri a finales de diciembre de 2015, que “desregulaba la actividad de las empresas de telecomunicaciones, al mismo tiempo que se eliminaba la condición de servicio público a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)”.

“Con la declaración de servicio público y esencial a los servicios de internet, las empresas proveedoras deberán justificar el aumento de las tarifas mediante la presentación de sus esquemas de mayores costos”, remarcaron los economistas.

Falta de inversión y mal servicio

Uno de las variables que utilizan desde el observatorio para medir la inversión de las empresas de telefonía móvil, es la de la instalación de “radiobases 4g” que son las que “permiten elevar la calidad de las comunicaciones”.

En Córdoba, “se observa una caída de 56,1% en el último trimestre del año 2019” con respecto a 2015, ya que registraron 98 radiobases, cuando había 223 cuando asumió la gestión de Cambiemos.

En Capital Federal la baja fue de 36,7%, en el cuarto trimestre del año pasado las radiobases ascendieron a 124, mientras que a igual período del 2015 se ubicaron en 196; y en Santa Fe y Buenos Aires “retrocedieron 18,6% y 16,6%, respectivamente”. 

“Es importante señalar el poco impacto que tuvo la desregulación del mercado en lo concerniente a las inversiones en infraestructura tecnológica comparando el tramo final de los gobiernos involucrados en el análisis”, indicaron desde Undav.

En relación a la baja de inversiones, el informe muestra que “el sector de las comunicaciones”, que agrupa telefonía, internet y cable tv, fue “el que más reclamos recibió, más de 44.000”, entre enero de 2018 y junio de 2019, y fue “seguido del sector de servicios financieros y seguros, y el sector automotor y de embarcaciones”.

Otro dato que aportan es que “en el top-10 de empresas apuntadas por más reclamos, siete pertenecen al sector de las comunicaciones, entre las que encontramos a Telecentro, acaparando el 6% de los reclamos del periodo, Telecom, Telefónica, Cablevisión, Fibertel y Personal”.

La brecha digital

Uno de los puntos que incluye el decreto es la instrumentación de “Planes Universales, una especie de tarifa social básica, que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria para los sectores de menores ingresos, para así aumentar el acceso a estos servicios”.

De acuerdo al informe de Undav y en base al indicador que contabiliza el acceso a internet cada 100 hogares, “se observa que todavía la provincia más rezagada es Formosa, que tiene 30 cada 100 hogares con este servicio; luego San Juan, con un 32,3%; Mendoza 33,1%; Santa Cruz 36%; Chaco 37,4% y Catamarca 37,6%. Y entre las provincias que mejores indicadores de acceso tienen, figuran Capital Federal, con un 106%, es decir más de uno por hogar; San Luis, con un 76,3%; Tierra Del Fuego, 76%; y La Pampa 75,8%. 

“La brecha digital es muy profunda todavía, por lo cual el rol del Estado será fundamental para establecer políticas de reducción de dichas brechas, focalizando por las distintas zonas de nuestro país”, consideraron los especialistas.

El otro indicador que presentaron fue el del acceso a las computadoras en los hogares que bajó durante los últimos cuatro años, ya que en 2016 “el 66% de los hogares pertenecientes a los 31 aglomerados urbanos relevados” por el Indec, “tenían acceso a computadora”, mientras que en el año 2019 se redujo a 60,9%.

El segundo gobierno de Cristina Kirchner comenzó con un 56,4% de hogares con computadora y lo incrementó diez puntos porcentuales, hasta el 67%.

“La gestión anterior eliminó el Plan Conectar y el Estado nacional dejó de entregar netbooks con su impacto negativo en la reducción de la brecha tecnológica”, concluyeron en el documento y remarcaron que “el primer año de la administración Cambiemos el porcentaje de hogares con acceso a computadora descendió un 1 punto porcentual ubicándose en 66% y en el 2019, último año del gobierno anterior, la cifra con hogares con computadora era de 60,9%”.