Ismael Jalil, abogado de derechos humanos, sostuvo que “la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro se inscribe dentro del contexto de recrudecimiento del despliegue represivo del Estado durante la vigencia de la cuarentena y del aislamiento”, y confirmó que “tiene que ver con la responsabilidad directa de la policía de la provincia de Buenos Aires al mando de Sergio Berni, en tanto el caso se origina con un indiscutido incumplimiento de la función del policía, que en lugar de reintegrarlo a su casa a Facundo, lo deja ir”.

El integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sostuvo en diálogo con que hay “una serie de indicios y presunciones que tornan muy factible la idea de que la policía de la provincia ha tenido que ver con esa desaparición”, además de aclarar que hay un discurso “que intenta colocar a los responsables de la policía en una situación de que hubo una mala praxis, como queriendo bajarle el precio a una responsabilidad clarísima en lo que significa la apropiación de una persona en la calle por parte de la fuerza que representa al Estado”.

Ayer, las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo para exigir “juicio y castigo a los culpables” de la muerte de Facundo Astudillo Castro, con las consignas “Fuera Berni” y “El Estado es responsable”.

Para Jalil, no hay razones para “no darle crédito a la versión de la madre de Facundo de que algo hubo, que se les fue de la mano la cuestión y después completaron el delito de desaparición forzada con el ocultamiento y la negación de la condición de desaparecido”.

“Lo que ha ocurrido a partir de la acreditación de que los restos corresponden a Facundo es la confirmación de las hipótesis que complican a la policía en un delito, el más repugnante que nos ha dejado la dictadura, y que tiene que ver con detener secuestrar, matar y después ocultar y negar esa condición”.

En cuanto al pedido de renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el abogado planteó que “mientras la querella sostiene con muchos fundamentos que hubo un caso de desaparición forzada, Sergio Berni quiere instalar la idea del accidente”.

“El ministro Berni primero prometió que lo iba a restituir con vida, se lo dijo a la madre”, amplió Jalil, aunque aclaró que “ha fracasado” en cumplir “el primer objetivo de una causa de desaparición forzada por parte del Estado que es reinstalar a la víctima con vida”.

Y remarcó que Berni “además se atribuyó algunas facultades de actuar como sheriff” cuando le dijo a la madre que si ella quería “corría” a la policía de la investigación; “cuando por ley estaba obligado a hacerlo, ya que ninguna fuerza puede investigarse a sí misma cuando hay un delito de estas características”.

El integrante de Correpi aseguró que “hubo una permanente acechanza contra la querella de la mamá de Facundo, desconociendo además que en estos delitos de desaparición forzada la condición de víctima no queda solamente reducida a la persona secuestrada, sino que se extiende a las víctimas que resultan de la tortura psicológica que significa vivir en la incertidumbre constante”.

Por último, Jalil señaló que no hubo por parte del ministro una “sanción efectiva, ejemplificadora, aun desde el punto de vista administrativo, para los policías que están involucrados en incumplimientos”; salvo por el apartamiento del subcomisario Reguillón, “que fue apartado en su momento por amenazar a uno de los abogados”. 

La policía bonaerense

Sobre la historia la policía de la provincia de Buenos Aires, Jalil indicó que “los intentos por querer reformular el tema de la bonaerense han fracasado absolutamente todos del 83 a la fecha”.

“No creemos que esto sea la consecuencia de la dictadura, porque estas nuevas camadas no se han formado ni en dictadura, ni con los formadores de la dictadura”, indicó el especialista y agregó que “tampoco creemos que la fuerza sea autónoma, en el hecho de que se autogobierna porque se autofinancia a partir de los kiosquitos de los que todo el mundo habla”.

Para Jalil “hay una responsabilidad política inherente a la función policial en sí misma, que en la medida en que vivamos en un sistema como en el que vivimos, esto no se va a modificar”.

Consideró que “es muy difícil de modificar”; y señaló que para “atemperar los efectos del accionar policial”, habría que plantear “en una etapa intermedia, primero una revisión absoluta del concepto de seguridad”, que tenga que ver con la idea de que “el problema de la inseguridad no se resuelve con lo punitivo sino que reconoce su base en la desigualdad”.

Como ejemplo, indicó que en la provincia de Buenos Aires, los efectivos se duplicaron porque pasaron de los 45.000 que había en 2005 a 92.000 en la actualidad y “ha quedado demostrado no han podido resolver el tema de la inseguridad”.

“Es la desigualdad que genera excluidos, lo que hace que el poder termine queriendo disciplinarlos, y para eso lo único que haces es armar y pertrechar bocas de fuego que van en contra de la sociedad”, completó el abogado.

102 muertes desde la cuarentena

Correpi informó que hay 102 casos de “fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención”, además de otras modalidades “como femicidios de uniforme y desapariciones”, en todo el país, desde que comenzó la cuarentena producto de la pandemia.

Jalil indicó que “lo que estamos viendo es una conducta que refiere a que la necesidad de la cuarentena, que no está en discusión, fue abordada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobretodo, pero en el país en general, con un modelo de contención policial antes que social”.

El organismo planteó que a estas “muertes a manos del aparato estatal” se suma el hecho de que “se sostiene y profundiza la impunidad”, porque “no sólo no se ordenan detenciones en el ámbito judicial, ni exoneraciones desde el Ejecutivo, sino que en los pocos casos que hubo arrestos, posteriormente se liberó a los perpetradores”.