Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres y ex diputado nacional, consideró que “desde el punto de vista de los usuarios” están “totalmente de acuerdo” con el decreto que declaró servicio público esencial a la telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, y agregó que los que “se ubican desde el punto de vista de los empresarios” son los que “van a cuestionar este decreto”. Dijo que “ninguna empresa se va a retirar ni va a dejar de invertir”.

“Se hace necesario que sean considerados servicios públicos esenciales sobretodo en período de cuarentena donde la gente permanece mucho más tiempo en su domicilio, y la conectividad se ha vuelto fundamental en la vida de la inmensa mayoría de los argentinos”, explicó a . Y remarcó que los consumidores presentaron muchos reclamos sobre el servicio de internet, “sobre todo en lo vinculado a la conectividad”.

“La cuarentena puso en evidencia los problemas de conectividad que existen en Argentina”, aclaró Polino y como ejemplo mencionó lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, donde las “escuelas primarias de nivel público tienen miles de alumnos con problemas de conectividad”.

El abogado recordó que “la conectividad es un derecho básico en los países centrales y en los principales países del mundo, donde internet es considerada un servicio público, como en Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania”, además de señalar que “hace 10 años las Naciones Unidas declaró a internet un derecho humano”.

El decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Alberto Fernández también dispuso el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre.

“Este decreto suspende un nuevo aumento en las tarifas que iba a empezar a regir a partir del 1 de septiembre, de un promedio que alcanzaba un 20%, y que se agregaba al aumento del 35% que comenzó a regir en abril de este año”, sostuvo Polino y aclaró que “en estas circunstancias, donde muchos argentinos tienen un ingreso menor ahora que el que tenía en febrero, seguir permitiendo aumentos en las tarifas iba a afectar a millones de argentinos que tienen serias dificultades para comprar la canasta básica de alimentos”.

Uno de los argumentos tanto de la oposición política, como de los voceros de los grupos económicos que brindan este servicio, fue que con este decreto no se incentiva la inversión, en un mercado que requiere innovaciones constantemente.

“No va a suceder eso”, dijo Polino y agregó que “no va a pasar absolutamente nada, porque es una actividad fundamental y ninguna empresa se va a retirar, ni va a dejar de invertir, porque se supone que el Poder Ejecutivo de turno va a fijar tarifas razonables en función de la calidad del servicio que se presta”.

El ex diputado nacional explicó que sucedió algo similar en el 2006, cuando “el Congreso dictó una ley regulando el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga que también establecía que las cuotas las fijaba el Poder Ejecutivo nacional”.

Y sostuvo que “en ese momento también existieron voces agoreras anunciando el retiro o cierre de muchas empresas, que iba a disminuir la calidad” pero “han pasado 14 años y no ha sucedido nada de eso”. 

El abogado defensor de consumidores aclaró que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia, “los aumentos tarifarios tienen que ser autorizados por el ejecutivo nacional en función de las estructuras de costos de las empresas, en función del plan de inversiones que tienen previsto, y asegurando una ganancia razonable a la prestación de un servicio público esencial”.

Cobertura en todo el país

Consultado sobre la cobertura de estos servicios, ahora esenciales, Polino consideró que el Estado “tendría que obligar a las empresas a efectuar inversiones no solo en aquellas áreas de altísima rentabilidad, sino también en aquellas regiones del país donde hay que hacer grandes inversiones y la rentabilidad no es tan importante”.

“En Argentina los servicios públicos en manos privadas se concentraron en zonas de altísima rentabilidad y en las de baja rentabilidad los propios usuarios tuvieron que organizarse y construir cooperativas para distribuirse el servicio”, destacó el abogado y dijo que espera que ahora “estos servicios pueda llegar a la totalidad de los habitantes del país”.