En cada lugar el azote del coronavirus tiene particularidades no solo por sus consecuencias sanitarias y humanitarias sino también políticas. En el caso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien inició su mandato armando un dispositivo judicial para meter presa a Milagro Sala el colapso sanitario provocado por el Covid-19 le está causando una fuerte pérdida de apoyo social.

La provincia que gobierna el mandatario radical-cambiemita es la más afectada por la pandemia si se exceptúan capital federal y la provincia de Buenos Aires, las cuales multiplican varias veces la población del distrito norteño. El Comité Operativo de Emergencia de Jujuy informó ayer que en un día hubo 249 casos confirmados y suman 7.086 en total. Las personas fallecidas desde el principio son 207, de las cuales 8 fallecieron en la última jornada.

La gravísima propagación del virus se explica en gran parte por el accionar de dos factores de poder -uno público y el otro privado- que contribuyeron a ello de modo decisivo. Por un lado el propio Morales, quien a principios de junio realizó un viaje a la zona fronteriza con Bolivia y a partir de allí empezó la cadena de contagios, y por otro el poderoso Ingenio Ledesma.

Jujuy estuvo sin casos detectados de coronavirus durante más de 100 días. Según la versión del gobierno provincial, “un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus” y empezó el problema. Ese relato fue refutado por una investigación del portal El Cohete a la Luna, donde se afirma que “no fueron solo dos” personas “ni los hechos ocurrieron así”.

A mediados de este mes, ese medio informativo digital publicó que “el 3 y 4 de junio, Morales viajó con una comitiva de más de treinta personas a La Quiaca. Los policías cruzaron la frontera para contrabandear hojas de coca. El día 16 de junio empezaron a conocerse los números de la propagación. Y los casos remontaron como barrilete”.

El portal agregó que “para entonces se habían flexibilizado las actividades porque se suponía que no había circulación comunitaria. Luego del viaje a la puna, renunció el Jefe de Policía, comisario general Juan Segovia. Y Morales negó durante dos semanas que uno de los guardias se había contagiado”, precisó una nota de Mariana Mamaní. 

Ingenio Ledesma

También al comenzar este mes, se puso en evidencia la ola de casos confirmados entre el personal de Ledesma, la conocida firma azucarera que ejerce un enorme poder económico y político en la provincia, con múltiples antecedentes de participación de la empresa en crímenes de la dictadura e influencia en las más altas jerarquías de la elite empresarial a nivel nacional.

Por ejemplo el domingo 9 de agosto, del total de casos en la provincia la mitad de los contagiados fueron trabajadores del ingenio. En aquellas jornadas la alarma se extendió entre las personas que allí se desempeñan laboralmente, y que son alrededor de 7.000. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar realizó denuncias ante el gobierno provincial, el ministerio de Trabajo de la Nación e incluso en juzgados penales, pero ante la falta de respuestas inició medidas de fuerza. 

“Hemos tenido que declarar el conflicto porque no nos cumplen los protocolos, no nos entregan los elementos de seguridad. A la gente con síntomas, desde el área de Medicina Laboral de la empresa la siguen enviando a trabajar”, dijo entonces el secretario general del sindicato, Rafael Vargas. 

El dirigente denunció asimismo, al comenzar agosto, que obligaban a trabajar a mayores de 60 años y a quienes sufren enfermedades crónicas. Recién después de los primeros fallecimientos esas personas, que forman parte de los grupos de riesgo fueron autorizadas a no concurrir a sus tareas. Por otra parte, la autoridad laboral dispuso la conciliación obligatoria y empezó una negociación. 

Esta semana, la cantidad de víctimas mortales entre el personal del ingenio superaba la decena de trabajadores, mientras que los contagios se aproximaban a los 400. Pero Vargas advirtió el pasado sábado que “si se hicieran más testeos, garantizamos que puede haber hasta tres veces más contagios que los informados”. 

El representante sindical afirmó que “la empresa no nos da información”, y reclamó a la firma "bajar la circulación de las personas al menos por 15 o 21 días y luego estirar la zafra por este tiempo, para controlar la propagación del virus".

Persecución política, corrupción y virus

Milagro Sala, víctima de persecución política y maltrato físico, psíquico y emocional desde que Gerardo Morales asumió como gobernador en diciembre de 2015, cumple prisión domiciliaria desde los últimos días de 2018. Acceder a ese atenuante demoró casi tres años, y debieron intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Desde su vivienda, que es a la vez su lugar de detención, el 10 de agosto pidió “ayuda a las autoridades nacionales” ante lo que definió -hace ya una veintena de días- como “una grave situación social y de colapso del sistema de salud” en Jujuy, que dejaba a la población “desamparada ante la pandemia”.

Actualmente, el propio gobernador Morales está afectado de Covid-19, igual que su vicegobernador Carlos Haquim. Hasta donde se informó públicamente, los dos se encuentran en buen estado general y guardan aislamiento en sus domicilios. En esas condiciones, ambos continúan con trabajos relativos a sus funciones. También se enfermaron varios miembros del gabinete provincial.

Pero el deterioro político del mandatario jujeño creció aceleradamente, a la par de la propagación del virus en la provincia y de la saturación del sistema de salud. Según una encuesta publicada por Página 12 este miércoles 26, Morales tiene hoy un 33,1 % de imagen “positiva”, contra el 50,5 % que recogía en junio. Además, existe un clima de “desobediencia” de comerciantes que se niegan a cerrar sus negocios ante la gravísima emergencia sanitaria.

Así, la pandemia finalmente afecta el capital político del gobernador que metió presa a Milagro Sala y dejó sin efecto desde aquel momento -enero de 2016- las reglas básicas del Estado de Derecho, las normas del debido proceso judicial y en general las garantías constitucionales.

Aunque al mismo tiempo, la llegada del coronavirus al país a principios de marzo dejó en plano muy secundario y lejano los escándalos y probables delitos criminales de integrantes del sistema judicial jujeño, en particular de funcionarios que designó el actual mandatario provincial. 

En aquel momento tomaron estado público hechos de corrupción política y violencia que involucraban incluso al máximo responsable de la administración de justicia, Pablo Baca. Se trata de un dirigente radical que era diputado provincial hasta que Morales llegó a la gobernación y lo designó como miembro del más alto órgano judicial de la provincia. Tiempo después fue nombrado como titular del mismo.

Figura clave para encarcelar y perseguir a Sala y al conjunto de la organización Tupac Amaru, en marzo pasado el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fue denunciado por “violación”.