La propuesta de ley impulsada por el presidente Alberto Fernández y conocida como “reforma judicial” fue aprobada esta madrugada por el Senado con el voto favorable del Frente de Todos y de sectores aliados, mientras que Juntos por el Cambio se pronunció en contra. El proyecto obtuvo el respaldo de 40 senadores y el rechazo de 26 (no hubo abstenciones), y ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con el número suficiente para sancionarlo y estará obligado a negociar el apoyo de terceras fuerzas.

La norma reordena el fuero federal, que es donde se tratan los asuntos que tienen como una de sus partes al Estado nacional. Se triplica la cantidad de juzgados de ese tipo en la ciudad de Buenos Aires -pasarán del actual número de 12 a 46, como forma de desconcentrar y agilizar los procesos-, y se crean juzgados federales de primera instancia y también cámaras de apelaciones en todas las provincias.

También se transparenta el sorteo de causas -a cuál juez le corresponde investigar cada caso-, luego de que durante el macrismo se registraran irregularidades en los procedimientos, y además se establecen normas para las “subrogancias”, que son reemplazos temporarios de un juez por otro, el cual fue un mecanismo usado por Cambiemos para ubicar funcionarios afines en puestos judiciales donde tenía especial interés.

Juntos por el Cambio y otros bloques menores de la oposición rechazaron el proyecto y votaron en contra. Además, afuera del edificio legislativo se había convocado a una marcha opositora -que comenzó en la noche anterior con una denominada “vigilia contra la reforma judicial-, pero solo concurrieron algunos cientos de manifestantes. (Ver fotos de Pepe Mateos al finalizar este texto).

Argumentos y modificaciones

En los discursos de los integrantes del Frente de Todos se explicó que la reforma está orientada "a garantizar la independencia de los jueces" y apuntó al gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haber montado "una persecución judicial" contra la ex presidenta y miembros de sus administraciones.

En respuesta, senadores de la oposición como Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para "licuar" el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra Cristina Kirchner.

Desde el FdT, la senadora que presidió el debate en comisiones, María de los Angeles Sacnun, rechazó esas acusaciones. Afirmó que el proyecto "es una primera ley" que "cumple con promesas de campaña" del presidente Alberto Fernández y reprochó a los legisladores de la oposición no haber sumado ninguna propuesta de cambio cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. 

Cambio “mediático” por “grupos de poder”

Una parte del texto particularmente impugnado por la oposición se refiere a la obligación de los jueces de comunicar al Consejo de la Magistratura en caso de recibir “presiones” que puedan interferir en su labor y su deber de imparcialidad. A propuesta del senador neuquino Oscar Parrilli, se introdujo inicialmente la posible interferencia “mediática”, lo cual generó un fuerte rechazo de Juntos por el Cambio y de los medios hegemónicos. Ante esta reacción, el propio senador leyó ayer una modificación en la que se reemplaza la palabra “mediático” por “grupos de poder”. Parrili dijo que “con esta redacción sacamos el fantasma y cumplimos con el objetivo de que los jueces realmente tengan la protección”.

De ese modo, el inciso e) del artículo 72 de la norma quedará redactado de la siguiente forma: los jueces deberán "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislaivo, amistades o cualquier grupo de presión de cualquier índole". 

El 31 de julio el presidente Fernández envió al Congreso el proyecto, que en el recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

El texto original del gobierno, de 85 artículos, fue retocado tras cinco audiencias en las que los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales escucharon medio centenar de testimonios de juristas, constitucionalistas, sindicalistas del Poder Judicial y representantes de colegios de abogados, jueces y fiscales.

La propuesta de ley fue tratado en una sesión especial con 64 senadores conectados en forma virtual y cuatro en el recinto, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Quienes estaban de forma presencial son autoridades de la Cámara que suelen alternarse para presidir la sesión (la presidenta provisional del cuerpo, Claudia Ledezma Abdala; el vicepresidente Maurice Closs; y los vicepresidentes primero y segunda, Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado.

Cristina versus Bullrich, y el que quiso votar desde España

En la previa al debate por la reforma judicial la vicepresidenta Fernández de Kirchner lanzó una broma sobre el senador macrista Esteban Bullrich, en alusión al blooper que protagonizó la semana anterior, cuando en lugar de estar sesionando desde una computadora en forma remota, puso un fondo de pantalla con su foto.

"¿Dónde está Bullrich?", "A ver", fueron las frases que expresó la presidenta del Senado mientras nombraba a los integrantes de la Cámara. Fue en ese momento que pronunció un comentario en tono jocoso contra el senador del Pro: "No lo vi la última vez", dijo con doble sentido.

De inmediato el senador comenzó a saludar por la pantalla. "Qué tal Bullrich, ¿cómo le va?", manifestó la vicepresidenta al ubicarlo. "Bien presidenta (del Senado). Buen día, ¿cómo está?", contestó él. Cristina a su vez respondió al saludo: "Muy bien, mejor que nunca le diría". Y Bullrich cerró el intercambio amable pero cargado de ironía política por parte de ambos: "Bueno me alegro. (pero) Argentina no tanto", dijo el senador del Pro.

La sesión también incluyó el intento de un senador opositor de votar desde España. Se trata del salteño Juan Carlos Romero, ex gobernador de su provincia y titular de un monobloque llamado “Peronismo Federal”, quien igual que Mauricio Macri y poderosos empresarios ligados a Cambiemos como Nicolás Caputo -íntimo amigo del ex presidente- consiguieron viajar al exterior en medio de la pandemia.

Romero dijo que se fue a España “por razones personales”. Y como a raíz de las medidas de prevención contra el coronavirus las sesiones son remotas, solicitó votar desde allá. El requerimiento le fue denegado por resultar contrario a las reglas que fijó la propia Cámara para las sesiones virtuales. De todos modos, aunque no pudo formalizar su voto, exhortó a rechazar el proyecto.

Módica muchedumbre contra el proyecto

Unos cuantos cientos de personas rodeaban el edificio del Congreso de la Nación tras una fallida convocatoria en rechazo a la ley de reforma judicial, que pretendió emular a la supuesta épica del 17 de agosto (manifestación que en las redes denominaron 17A).

Dentro del Senado, en un edificio despoblado, con la presencia de unos pocos empleados, periodistas y fotógrafos separados de acuerdo a las normas, después de las 14.30 comenzó el tratamiento de ese proyecto, entre otras que formaban parte de la orden del día.

Afuera, en una tarde primaveral, una módica muchedumbre agitaba sus banderas alegando con confusas razones un rechazo a una ley que recibiría el respaldo del Senado horas después.