“¿Qué miedo puede tener el ex presidente (Mauricio Macri) a que el Poder Judicial le haga algo? ¡Ninguno! (y repetición) ¡Ninguno!”, preguntó y se respondió el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en una sesión de la Cámara. El legislador planteó la incógnita fundamental ante las causas judiciales existentes contra Macri y altísimos funcionarios de su gobierno, las cuales en su gran mayoría deben ser resueltas por los mismos jueces y fiscales que fueron aliados cómplices del macrismo para perseguir al kirchnerismo y otros sectores opositores en el periodo 2015/2019.

El propio ex jefe del Estado, que actualmente se encuentra en Suiza por sus funciones en la Fundación FIFA luego a pasar dos semanas de vacaciones en lujosos balnearios y ciudades de Francia, fue objeto de 144 denuncias judiciales durante sus cuatro años de gestión, según consta en el registro del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), y algunas han tenido avances.

Macri fue involucrado por querellantes y testigos en grandes escándalos de corrupción, pero en ninguno fue llamado a indagatoria ni -menos aún- se encuentra bajo proceso. Tampoco está procesado en las investigaciones por estructuras de espionaje ilegal que funcionaron durante su gobierno, sobre las cuales aparecen más evidencias día tras día.

Uno de los hechos más resonantes es el del Correo Argentino, porque su gobierno intentó que una empresa del clan familiar -grupo Socma- no pague el canon por la explotación de ese servicio cuando estuvo privatizado (hasta 2005). La estafa al erario no se consumó gracias a dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, quien impidió convalidar las maniobras a lo largo de los años.

Este mes, ante una comisión parlamentaria, Boquín denunció las “coacciones” y distintas presiones que sufrió por realizar su trabajo. Simultáneamente, uno de los funcionarios clave para favorecer al macrismo dentro de la estructura judicial le inició un sumario a Boquín. Se trata de Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, quien ocupa interinamente el cargo por no contar con el acuerdo del Senado exigido legalmente.

Otro es conocido como “blanqueo de capitales”, y se refiere a que el ex presidente modificó por decreto una ley del Congreso para permitir que familiares de funcionarios -entre ellos los suyos- pudieran declarar dinero que habían ocultado al fisco. Con esa maniobra, por ejemplo Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, se benefició con el blanqueo de 622 millones de pesos (a valores del año 2017).

Un escándalo más es “parques eólicos”, que fue denunciado en 2018. El grupo empresarial Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos entre firmas privadas. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Expertos en energías renovables calculan que el Estado fue perjudicado en 700 millones de dólares. 

Entre los hechos de corrupción se encuentra además la venta de la compañía de aviación Macair (Macri Air) a Avianca, facilitada por la promesa del propio gobierno macrista de otorgarle 36 rutas aéreas. Ese anticipo del mercado potencial que tendría la empresa, le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos.

A comienzos de 2016, apenas iniciado el gobierno de Macri, el primer escándalo que estalló fue internacional: los llamados “Panama Papers”, sobre empresas fantasma radicadas jurídicamente en ese país -Panamá- para evadir al fisco o esconder plata de origen delictivo. En nuestro país, uno de los que más impulsó las denuncias fue el diputado nacional por Neuquén Darío Martínez. (Martínez acaba de ser designado como secretario de Energía de la Nación).

La falta de investigación judicial contra el entonces presidente se prolongó durante toda su gestión y, como corolario de ello, a fines de 2019 Macri fue sobreseído cuando estaba por terminar su mandato. 

Seis causas por espionaje

En el esclarecimiento de las estructuras de espionaje montadas bajo el gobierno de Macri los avances son muy significativos, en gran medida porque están a cargo de juzgados como el federal de Lomas de Zamora -conducido por Juan Pablo Augé- y federal de Dolores -dirigido por Alejo Ramos Padilla-, que no integran el sector judicial conocido como “Comodoro Py”.

En total son seis las causas judiciales referidas a espionaje. Allí quedaron oficialmente imputados o directamente bajo proceso miembros del gabinete macrista. Están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes eran director general y subdirectora general, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En uno de los expedientes fue indagada la ex jefa de Documentación Presidencial de la Casa Rosada en esa época, Susana Martinengo. Además, las “balas” de la investigación pican cada vez más cerca del expresidente de la Nación, y así el pasado jueves 20 fue llamado a indagatoria Darío Nieto, el secretario privado de Macri. Según la hipótesis judicial, Martinengo y Nieto habrían sido el nexo entre el ex mandatario y los agentes de la AFI que realizaban vigilancia y seguimiento de personas, lo cual está prohibido por la Constitución y las leyes. 

La causa más trascendente sobre la estructura de espionaje armada por el gobierno de Macri investiga la vigilancia y seguimiento ilegal que tuvieron como objeto a decenas de personalidades de distintos ámbitos, incluidos dirigentes de Cambiemos. Hay constancias de que unas 26 personas fueron víctimas solo en uno de los procesos judiciales.

Entre las espiadas se encuentran Cristina Kirchner y las demás personas relacionadas con el Instituto Patria; el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; integrantes de la comunidad mapuche; el dirigente sindical Hugo Moyano; su hijo y también dirigente gremial Pablo Moyano; y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Del propio oficialismo macrista, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli; el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el ex diputado y titular del bloque del Pro, Nicolás Massot. También sufrieron espionaje Florencia Macri -hermana del entonces presidente Mauricio-, y su pareja Salvatore Pica.

Aprietes a jueces

La responsabilidad penal de funcionarios macristas por aprietes y distintas formas de presiones a jueces y fiscales se indaga en una causa conocida como “Mesa judicial”. Este era el nombre que se daba al grupo encargado de coordinar las intromisiones del Poder Ejecutivo en el Judicial. La denuncia fue radicada por diputados y senadores del Frente de Todos.

Además de Macri, están imputados el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el jefe de asesores de Macri, José Torello; el ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

Pero a principios de este mes el expediente cambió de manos. El juez de Cámara Martín Irurzun, uno de los que con más saña persiguió y metió presos a dirigentes kirchneristas, determinó el 10 de agosto que la causa quede a cargo de María Eugenia Capuchetti, jueza nombrada por el macrismo. 

“Autopistas del curro”

En la causa denominada “Peajes” o también “Autopistas del curro” están procesados tres ex ministros y un ex Procurador del Tesoro. La hipótesis judicial es que bajo el macrismo fueron beneficiadas, para explotar concesiones en dos autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, empresas que estaban vinculadas con la familia de Macri. 

El negociado favoreció a las compañías privadas Autopistas del Oeste y Ausol, cuyo accionista principal es la constructora española Abertis. Por decisión del macrismo, Albertis recibió 500 millones de dólares como resarcimiento por “obras no reconocidas”. La empresa originaria de España es propiedad de Florentino Pérez, presidente del club Real Madrid y amigo personal de Macri.

Los procesados en este caso son los ex ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Hacienda, Nicolás Dujovne; así como el ex director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel -quien posteriormente fue ministro de Energía-, y el entonces Procurador General del Tesoro -jefe de los abogados del Estado, que deben defender los intereses públicos-, Bernardo Savaria Frías.

El  expediente “Peajes” avanzó raudamente en julio pasado, en las últimas semanas que estuvo en funciones el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso los procesamientos recién detallados. Pero el magistrado se jubiló al finalizar ese mes. Tanto esta como otras trascendentes causas que tenía bajo su responsabilidad, quedaron a cargo del “camaleónico juez Julián Ercolini”, según lo definió una nota periodística que reseñó su actuación a lo largo del tiempo.

Tarifazos en el gas

Otro ministro del macrismo está involucrado en presuntos negociados en la gestión de la política hidrocarfurífera. Se trata de quien fuera titular del ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, denunciado en dos ocasiones por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.

El pasado martes 18, el actual funcionario realizó una presentación judicial contra el ex ministro y otros seis ex funcionarios por anomalías detectadas en los aumentos de tarifas, que habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de 1.343 millones de dólares. La acción penal fue promovida luego de auditorias realizadas a Transportadora Gas del Sur y la distribuidora Camuzzi Gas.

La anterior denuncia de Bernal contra Aranguren tuvo lugar a fines de junio pasado, cuando objetó el mecanismo implementado para definir las tarifas de gas en 2018, ya que no se permitió la libre negociación del precio del gas entre las empresas productoras y distribuidoras, como establece la denominada Ley del Gas 24.076.

Sobre el ex ministro de Energía también pesan otras denuncias por un intento de privatizar las centrales termoeléctricas de Ensenada de Barrágan y Brigadier López, otra por presuntas irregularidades en la compra de gas a Chile, y una promovida por el ex senador Fernando “Pino” Solanas por violación a la ley de ética pública en relación al escándalo de los Panamá Papers.

Marcos Peña, Luis Caputo, Oscar Aguad

Distintas causas penales involucran a otros integrantes del máximo nivel en el gobierno macrista. Uno de ellos es el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, quien hace poco quedó en la causa conocida como “mesa judicial”, donde se investigan presiones a jueces por parte del gobierno de Cambiemos. La actual intervención de la AFI presentó mensajes por correo electrónico donde sería el propio Peña quien convocaba a estas reuniones.

Además, fue denunciado junto a la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti, por irregularidades en la contratación de empresas encargadas de publicidad oficial. También fue acusado por el líder sindical Hugo Moyano por “tráfico de influencias y peculado”. Otra de las causas en las que estuvo involucrado fue el traspaso de las bases de datos de la Anses al gobierno, con información que luego se usaba para direccionar las campañas electorales.

Por otro lado, distintos procesos en tribunales tienen como acusado al dirigente radical cordobés Oscar Aguad, quien fue primero ministro de Comunicaciones y luego de Defensa en la gestión de Cambiemos. Uno es el ya mencionado del Correo Argentino, ya que las negociaciones para que el Estado acepte que la empresa del clan Macri no pague el canon, se realizaban en jurisdicción del ministerio de Comunicaciones que él dirigía.

Un caso judicial más que involucran al mismo ex funcionario se derivan del hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que murieron 44 tripulantes. Familiares de las víctimas impulsaron distintas acciones penales contra Aguad, que en ese tiempo era ministro de Defensa.

En cuanto a Luis Caputo, quien fue ministro de Finanzas y también presidente del Banco Central, fue objetivo de varias denuncias en su contra. Una de ellas fue por su vinculación con la firma Noctua, una de las compradoras del bono de 100 años emitido cuando dirigía el mencionado ministerio.

Otra acción penal se originó en la compra de Lebac (Letras del Banco Central) realizada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), una multimillonaria operación financiera realizada a través del fondo de inversión Axis Ahorro Plus, fundado por el propio Caputo.

Números

Como antes se señaló, Macri acumuló 144 denuncias en sus cuatro años como presidente de la República, según consta en el registro del Centro de Información Judicial (CIJ) que funciona en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El dato fue recogido en una nota de Mariana Sangiácomo en el portal El País Digital. 

A su vez, en un trabajo de los periodistas Irina Hauser, Sofía Caram y Raul Kollmann publicado en Página 12, se estimó que el ex mandatario, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodearon, están involucrados en escándalos que suman, “como mínimo, 11.000 millones de pesos”.

Cabe reiterar que, salvo algunos casos, la gran mayoría de los jueces y fiscales intervinientes formaron parte de la estrategia de persecución a opositores desplegada durante el macrismo. Excepción hecha del más cuestionado de ellos, el juez Claudio Bonadio, quien falleció en febrero pasado. 

Por eso queda abierto el interrogante acerca de si Macri y los miembros de su gobierno sindicados como partícipes de delitos serán objetos de una investigación acorde a los requerimientos de la ley y a las expectativas sociales, o si el Poder Judicial será un aliado cómplice para que las investigaciones se vayan perdiendo en el laberinto de los tribunales y finalmente quede garantizada la impunidad.