Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, aseguró que observaron durante la cuarentena “un uso abusivo de la violencia policial” en todo el país y aclaró que “si bien no representa un problema novedoso, ahora tiene un poco más de visibilidad”.

“Los poderes ejecutivos provinciales deben ejecutar reformas integrales de las policías y el poder ejecutivo federal debe acompañar y arbitrar los medios para que las policías transiten esas reformas, que no dejan de ser una deuda pendiente del proceso democrático en nuestro país”, señaló Darraidou en diálogo con .

Para la especialista en violencia institucional, “es un problema estructural que se repite en todo el país con las fuerzas federales y las policías provinciales”.

Planteó que el contexto de la pandemia, “que es extraordinario para la sociedad, no es extraordinario en relación a las facultades de las policías”; es decir que “las policías” no tienen a partir del aislamiento “mayores atribuciones para intervenir”.

Sobre el Caso de Facundo Castro indicó que evidencia los “problemas que muestra el Estado para encontrar una persona desaparecida” y resaltó que lo más relevante es “dar una respuesta a la familia y a la comunidad” sobre lo que pasó.

-¿Hubo un incremento de la violencia institucional durante la cuarentena o tuvo más visibilidad?

-Desde el inicio de la cuarentena lo que observamos es una repetición de muchos casos, muchos de ellos muy graves que tuvieron lugar en distintas provincias del país y si bien no representa un problema novedoso, no es que antes no ocurría, si ahora tiene un poco más de visibilidad. Lo que vemos es que no se trata de casos aislados, de problemas que tienen ciertas policías de algunas provincias sino que es un problema estructural que se repite en todo el país con las fuerzas federales y las policías provinciales; y que en este contexto, que es extraordinario para la sociedad, no es extraordinario en relación a las facultades de las policías. No es que las policías tienen mayores atribuciones para intervenir, solo tienen que posibilitar y hacer respetar el aislamiento que es obligatorio, pero eso no los faculta a avasallar derechos de las personas, que es lo que efectivamente vimos. Y lo que vemos también es un uso abusivo de la violencia porque en muchísimos casos son intervenciones policiales que no requieren mayor complejidad, ni guardan especial riesgo, ni peligro para la sociedad; entonces vemos un uso abusivo del poder policial.

-¿Hay un sesgo de clase en esta violencia?

-Si. Si bien al principio, en los casos en la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras semanas del aislamiento, observábamos intervenciones abusivas en barrios y con miembros de la comunidad que no es habitual, porque podía haber detenciones de señoras de edad avanzada por ejemplo, que es algo que no ocurre. Pero sin lugar a dudas estos meses de aislamiento refuerzan esto que venimos viendo, que es el sesgo de la intervención policial, mayoritariamente las detenciones y los hechos abusivos son con jóvenes de barrios populares, con gente en situación de calle, con personas trans, con personas que ejercen la prostitución en la calle, con comunidades indígenas. Claramente hay un sesgo de una intervención policial que tolera ciertas prácticas en algunos barrios y sobre otros barrios sin lugar a dudas ejerce un uso abusivo de su poder.

-¿Cuáles son las medidas que tendrían que tomar los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales para resolver tanto el tema estructural, como este tema coyuntural?

-Al comienzo del aislamiento nosotros insistíamos en la necesidad de generar protocolos que guíen la intervención de las policías y que sean muy claros sobre lo que podían hacer en este plan del cumplimiento del aislamiento. Nos parecía relevante cuando empezábamos a ver los primeros episodios, que existan guías claras de intervención policial y que la comunidad sepa qué le puede pedir la policía y qué no. Ahora, luego de tantos meses y que pasaron tantos episodios tan graves, nos obliga a exigir otro tipo de respuestas por parte de poderes ejecutivos. Ahí es donde decimos: no son casos aislados, son prácticas estructurales que demandan reformas que sean integrales, que de una vez por todas permitan observar prácticas que transformen realmente las intervenciones policiales. Lo que decimos es que los poderes ejecutivos provinciales deben ejecutar reformas integrales de las policías y el poder ejecutivo federal debe acompañar y arbitrar los medios para que las policías transiten esas reformas que no dejan de ser una deuda pendiente del proceso democrático en nuestro país.

-¿Cómo analiza el caso de Facundo Castro Astudillo?

-Nos parece muy importante y relevante esperar cuáles son las novedades que tendremos esta semana. Lo que vemos lamentablemente después de tantos días de desaparición son estos problemas que muestra el Estado para encontrar una persona desaparecida. Esta es una clara evidencia que podemos resaltar hasta el día de hoy, como en otros casos de desapariciones en Argentina, en este caso tampoco fue ni el poder judicial ni los poderes ejecutivos los que dieron con el cuerpo; aunque todavía falta reconocer si se trata de Facundo. Pero es un problema que deja en claro este caso, los problemas y las dificultades en la búsqueda. Luego, la familia, en primer lugar y toda la comunidad también, tienen que tener una respuesta sobre qué es lo que pasó con Facundo.

-El jueves el Encuentro por Memoria Verdad y Justicia realizó una marcha y pidieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni; ¿Qué opina de la actuación del ministro?

-Me parece que lo importante es que siga la investigación y que pueda haber respuestas sobre qué es lo que efectivamente ocurrió con Facundo. Eso es lo más relevante y lo que tiene que ser prioritario y poder dar esta respuesta a la familia y a la comunidad. Que el Estado pueda dar las explicaciones a la comunidad es lo más relevante y lo que más necesitamos como sociedad.

-¿Cree que hubo cambios en el manejo de las fuerzas de seguridad con el nuevo gobierno?

-Hay algo que si podemos señalar es que en algunos casos, en algunas provincias, existen interlocutores de los poderes ejecutivos con los cuales poder hacer llegar nuestros reclamos y nuestras demandas que con la gestión anterior eso no tenía lugar directamente. Ahora también es cierto, cuando vemos los hechos que ocurrieron en varias provincias, que es realmente alarmante y reclama una reforma estructural como decíamos, y también es cierto que en este contexto hay provincias como Tucumán, donde ocurrieron los casos más graves que podemos mencionar en este periodo de aislamiento, como es el caso de Luis Espinoza, no se han tomado las medidas que la gravedad del caso reclama. Ahí hay una deuda pendiente que es clarísima por parte del gobierno de Tucumán.