El dictamen de proyecto de reforma judicial que emitió el Senado el jueves en comisión sumó una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición por el artículo 72, donde insta a los jueces a comunicarle al Consejo de la Magistratura cualquier presión por parte del poder mediático; lo que llevó a múltiples críticas de políticos, organizaciones que nuclean periodistas y de los mismos medios, porque supuestamente va en contra del derecho a la libre expresión.

“Al contrario”, afirmó el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y agregó que “es la forma de que el poder mediático cumpla con lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que los jueces resguarden el bien obrar en la actividad judicial”. 

Barcesat aclaró en diálogo con que “de ningún modo interfiere en la libertad de prensa”, y señaló que hay que “tener un enorme cuidado de que los medios manejen las causas; y esto es lo que busca el artículo”.

Textualmente el apartado expresa que “los jueces y las juezas de todos los fueros” deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

“Me parece más que correcto porque efectivamente el Consejo de la Magistratura, y esperemos que sea de aquí en más, es el que tiene que controlar los cuatro valores que signan la actividad del poder judicial: la independencia, la imparcialidad, la idoneidad para el ejercicio del cargo y la competencia en las causas que asumen”, definió Barcesat.

Y remarcó que le “parece totalmente pertinente que esté entre las normas que establece el título sexto, sobre reglas de conducta para el funcionamiento del poder judicial”.

Las críticas de la oposición llegaron de la mano de Patricia Bullrich, “jueces denunciando periodistas”; el diputado Esteban Bullrich, “representa un ataque directo a la libertad de prensa”; y entidades que agrupan periodistas como Fopea “fomentará la autocensura y se limitarán las investigaciones periodísticas” y del periodista que inició la causa de las fotocopias de los cuadernos, Diego Cabot, “se empieza a conocer la verdadera identidad del proyecto de reforma judicial”.

La abogada Graciana Peñafort explicó en un hilo de Twitter que el artículo “otorga una herramienta para que los jueces se puedan proteger de presiones” y que no puede afectar a los medios porque “no prevé sanción para quien ejerce las presiones”. 

“Solo establece la posibilidad de que el juez presionado busque una forma de resguardarse, sin necesidad de denunciar penalmente a nadie”, remarcó en la red social y aclaró que el consejo de la magistratura “no” podría “censurar la nota de un periodista por ese artículo de la ley”, porque “no tiene competencias para censurar a nadie”.

Barcesat sostuvo que el objetivo es que “ayude a deconstruir el Lawfare, esa práctica perversa que se ha instalado en varios países del continente americano, que ha perturbado las instituciones y que ha hecho flaquear nuestra democracia”.

“Avanzar es necesario”

El abogado constitucionalista, que expuso en las reuniones de comisión del Senado el martes, indicó que “avanzar sobre la reforma judicial es necesario y oportuno”, y agregó que “es necesario porque fue anunciado y es el compromiso del presidente de la Nación, que se expresa nuevamente en el discurso de aceptación del cargo y en el de inauguración del año legislativo 2020, de manera que demuestra la homogeneidad entre la propuesta electoral y el ejercicio de la función”.

“Si seguimos bajo la dominancia y el gobierno de los jueces, que es el poder aristocrático vitalicio, contra mayoritario, que está generado para preservar los privilegios de sectores hegemónicos y dominantes, nunca vamos a tener Estado de Derecho en los países del continente americano”, completó.

Entre las principales mejoras que destacó Barcesat de la reforma, se incluyen la “desconcentración del poder de Comodoro Py mediante el número de jueces” y la “creación de juzgados federales en el interior del país para que atiendan exclusivamente en la parte penal”, lo que va a permitir que se aceleren “las causas” y se posibilite “tener sentencias en tiempos más razonables”.