La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó ayer que se cite a declaración indagatoria al ex secretario de Energía, Javier Iguacel, por haber dictado en 2018 una resolución con la que había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.

Para la representante del ministerio público fiscal, con la Resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces funcionario del gobierno de Cambiemos “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.

La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren dejado de ganar las empresas por la abrupta devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Esta medida y otras vinculadas a la dolarización sin límites de la industria energética durante el macrismo, benefició, vía regalías, los ingresos de Neuquén y fue apoyada sin reservas por el gobierno del MPN.

Para la fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio de la administración pública.

La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontaneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.

En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.

Si bien la resolución fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, ahora la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó que se declare su nulidad absoluta e insanable.

Bajo la apariencia de la figura de la ´compensación´, la resolución “en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba-, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor”, sostuvo la fiscal Ochoa.

Fuente: agencia Télam