Amnistía Internacional publicó un informe sobre la actuación de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales durante la pandemia, donde relevaron más de 30 casos de “violencia institucional y uso excesivo de la fuerza”, entre los que se encuentran el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires; y advirtieron sobre la necesidad de “una profunda reforma” del “sistema de actuación y control” de las fuerzas.

“Durante los últimos meses se han observado con suma preocupación numerosos hechos de violencia, malos tratos, tratos degradantes y tortura por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país”, consignaron en el informe, y destacaron que “la repetición de estos hechos es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado, de la mano de sus fuerzas de seguridad, al control y resolución de conflictos”.

La directora ejecutiva del organismo, Mariela Belski, indicó que “tenemos 30 casos de violencia institucional en diferentes provincias con características similares”, aunque advirtió que “debe haber muchos más”, porque la organización tiene “estándares muy exigentes para relevar casos”, que incluyen una conversación con las víctimas, los abogados y el Estado para cada confirmar cada caso individual.

“Hay un patrón que se está dando con esta situación de excepción con este decreto que habilita a las fuerza de seguridad a tomar ciertas decisiones y estamos viendo que hay un abuso en el uso de ese decreto”, afirmó en declaraciones radiales y remarcó que “no es que la situación no existiera, sino que se exacerbó y se puede ver mucho más”.

El decreto 297/2020, dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país como medida para contrarrestar la propagación de Covid-19, y le otorgó a las fuerzas de seguridad dependientes del ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones provinciales la función “de velar por su efectivo cumplimiento”.

Otro de los puntos que resaltaron desde Amnistía es “que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza”, por lo que advirtieron que esta tarea de control de las fuerzas “no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social”.

“El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, respetuosa de los derechos humanos, continúa siendo una deuda pendiente en Argentina”, concluyeron en el informe. Y el organismo llamó “a las autoridades nacionales y provinciales a trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos continúen repitiéndose en el país”.

Los casos

Amnistía Internacional relevó en su investigación 6 casos en los que las fuerzas de seguridad “estarían involucradas en el asesinato y/o desaparición de personas durante los últimos cuatro meses”; que, de acuerdo al organismo, son un “método policial para garantizar el encubrimiento y evitar investigaciones sobre abusos y otras formas de violencia de las fuerzas de seguridad”.

Estos casos son los de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en la provincia de Buenos Aires el 30 de abril; el asesinato de Luis Espinoza, que estuvo desaparecido durante 7 días por parte de funcionarios de la policía de la comisaria de Monteagudo, Provincia de Tucumán; Mauro Coronel, quien fue detenido en la Comisaría Décima de Santiago del Estero y murió días después producto de los golpes.

A estos, se suman los casos de Walter Ceferino Nadal, que “resultó muerto tras ser detenido por la Policía de Tucumán”, porque según relatan los testigos un “agente de la fuerza de seguridad lo habría asfixiado al presionar la rodilla contra su nuca”; Lucas Nahuel Verón, de 18 años, a quién un policía le disparó en La Matanza; y Facundo Scalzo, de 20 años, quien recibió 4 disparos, de miembros de la Gendarmería, en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el lado de los “numerosos hechos de violencia, malos tratos, tratos degradantes y tortura por parte de las fuerzas de seguridad”, destacaron como uno de los casos de mayor gravedad el que se dio contra miembros del pueblo indígena Qom, en la Provincia de Chaco.

También lo que ocurrió en La Pampa, donde a Sebastián Britos le dispararon con balas de goma; en La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde obligaron a 7 hombres a hacer flexiones de brazos y sentadillas durante los controles; en Córdoba, cuando un policía de la provincia efectuó un disparo por la espalda a un joven; y en Santa Cruz, donde Jorge Astorga fue detenido, golpeado y humillado por su orientación sexual por agentes de la policía provincial.

Detenciones

A contrapelo de lo que indica el decreto, que “la actuación de las fuerzas de seguridad debe dirigirse a que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido”, el organismo observó durante el relevamiento “numerosas detenciones y demoras que no han cumplido con el objeto de la norma”.

De acuerdo a lo informado por el ministerio de Seguridad de la Nación, entre el 20 de marzo y el 4 de mayo, las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país; mientras que la policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1.192 detenciones, la de la provincia de Santa Fe 21.478, la de Córdoba detuvo a 17.214 personas; y la de Chubut 6.419.