En otro avance de las comprobaciones judiciales sobre el aparato de espionaje montado por el gobierno de Mauricio Macri para vigilar, entre muchos otros, a Cristina Kirchner, ayer quedaron procesados el entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y la segunda en la jerarquía del organismo, la subdirectora general Silvia Majdalani. Así lo resolvió al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

A los dos se nuevos procesados se les imputan los delitos de “espionaje ilegal” y “falsificación de documentos públicos”. También a ambos se le embargaron bienes por 2 millones de pesos y se les prohibió salir del país. Augé investiga las actividades de vigilancia ilegal durante 2018 a la actual vicepresidenta y en esa época senadora nacional, y también al Instituto Patria, entidad que ella misma fundara y era la sede de sus actividades políticas.

El magistrado procesó además al exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, a quien igualmente le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes por 700 mil pesos. Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Estos dos últimos habían señalado en su dictamen que, de acuerdo a los investigados, el espionaje ilegal tenía por objetivo “detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quiénes ingresaban y salían” del domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, “algo de lo que no dieron cuenta”.

El juez Augé sostuvo que se pudo acreditar que "al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018", Arribas y Majdalani "impartieron órdenes" al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".

Las maniobras, prohibidas por la ley, consistieron "en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural". 

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia de la AFI en junio de 2018, "conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas", sostuvo el juez en su resolución.

Fotos desde un satélite

Esta investigación se inició por una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que, durante la gobierno de Cambiemos, la Agencia Federal de Inteligencia adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.

Hasta ahora, según las constancias en el expediente, la tarea de los espías era vigilar los perímetros del departamento donde vive Cristina y las oficinas del Instituto Patria, ante supuestas amenazas de atentado por la realización en Buenos Aires, a fines de 2018, de la “cumbre” internacional del Grupo de los 20 (G-20), a la que asistieron los gobernantes más poderosos del mundo.

El juez Augé relató que después de llevar a cabo las maniobras de espionaje ilegal y tras ser descubiertos, los procesados Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, "entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas”.

Explicó que “para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad (la vigilancia ilegal) había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales".

Información: agencia de noticias Télam.