Héctor Polino, ex diputado nacional y titular de Consumidores Libres planteó que “llegó el momento de rescindir el contrato de Edesur” porque el “servicio es muy malo”, no “realizaron inversiones”,  hay múltiples reclamos de los usuarios y “no hay respuesta por parte de la empresa”, como tampoco “indemnizaciones por daños y perjuicios”.

“El servicio que presta la empresa Edesur es muy malo, y no desde ahora sino desde hace ya muchos años”, indicó a Polino, quien aclaró que viene pidiendo “la rescisión del contrato de concesión desde hace mucho tiempo”, luego de presentar “proyectos” en el Congreso y reiterar esta posición en “las audiencias públicas”.

Explicó que “en esta nueva oportunidad en que un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, haciéndose eco de los reclamos de los usuarios del servicio a los que se les corta permanentemente el mismo, y no hay respuesta por parte de la empresa sobre cuándo se va a reestablecer el servicio, y tampoco hay indemnizaciones por los daños y perjuicios que los cortes ocasionan, creo que llegó el momento de rescindir el contrato de concesión”.

Intendentes como Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Mayra Mendoza, de Quilmes; y Mariano Cascallares, de Almirante Brown realizaron varios reclamos al Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) por los cortes de servicio y el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, ratificó su presentación para que se le quite la concesión.

“Entendemos que el tiempo está agotado; una empresa que fue multada por más de 500 millones de pesos que no se pagaron y que hablan de un déficit en el servicio y en la inversión, y sabiendo que quedan 67 años de concesión por delante, no imagino que cambie su forma de manejarse, si con plata no hace inversiones y sin plata se justifica”, explicó Lorenzino en declaraciones radiales.

Y aclaró que “el ENRE va a tener que tomar una decisión ejemplificadora, drástica, si no es revocar la concesión como planteamos nosotros puede haber situaciones intermedias que reviertan este servicio”.

Polino aclaró que Edesur es “una empresa que se le ha otorgado una concesión que en el derecho administrativo se denomina a perpetuidad”, ya que es de “90 años de plazo con opción a prórroga a 10 años más”, y remarcó que “debió haber hecho las inversiones necesarias a lo largo de estos años de concesión para prestar un servicio de buena calidad, y el servicio es de pésima calidad”.

Edesur es el resultado de la privatización en los noventa de la empresa estatal de distribución eléctrica Segba, que se dividió en tres firmas, con Edesur y Edelap, y cada una tomó una zona geográfica para brindar el servicio a partir de 1992 y por 90 años.

De acuerdo a la defensoría el 75% de las quejas eléctricas tiene que ver con Edesur, el 10% con Edelap y el 5% con Edenor.

Para Polino, el Congreso de la Nación debiera tratar la rescisión del contrato de Edesur y avanzar en la creación de una empresa pública de distribución, porque “ya tenemos la experiencia de Segba que también prestó un servicio que dejó mucho que desear y que mereció muchas críticas, aunque no llegó al grado que ha llegado” la actual distribuidora.

“La rescisión del contrato no debiera significar volver a una empresa estatal sino que habría que crear una empresa pública, en cuyo directorio estén los representantes del Estado nacional pero también los representantes de los trabajadores del sector y de los usuarios” definió Polino. Y agregó que “de esa manera, al estar representados en la dirección de la empresa todos los sectores interesados en el tema, podemos constituir una empresa que preste un servicio eficiente de buena calidad, que atienda el interés de los usuarios y no de los accionistas que por otra parte pertenecen a grupos extranjeros que vaya a saber en qué lugar del mundo están viviendo”.

En esta línea, el Defensor del Pueblo planteó que “hoy la gente cada vez más se ha volcado al uso de la electricidad y es un servicio esencial y es un derecho humano, que no está garantizado por esta empresa”.

Lorenzino describió que “en 2017 con pleno aumento de los servicios públicos de 3.000% cuando la gente no podía pagar las tarifas, las empresas se comprometieron a hacer obras y no se hicieron y el servicio no mejoraba”. Y agregó que “en 2018 fuimos a la justicia a reclamar ese cumplimiento, obtuvimos medidas cautelares pero tampoco pudimos lograr que hagan las obras, a pesar de tener cuadros tarifarios que le permitían hacer inversiones; y en 2019 con el congelamiento de tarifas la empresa dijo que no las podía hacer”.