El gobierno nacional confirmó la prórroga del decreto que prohíbe los despidos sin justa causa, o por motivos de fuerza mayor, como puede ser una pandemia, que regía hasta el 31 de julio y decidió extenderlo hasta finales de septiembre.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas analizó los cuatro meses de la prohibición de despidos que dispuso el gobierno en marzo y sostuvo que “fue eficaz” para proteger el empleo y consideró que se debería analizar la posibilidad de “mantenerla en el tiempo”.

“Sin dudas es necesaria la extensión de la medida, que además, fue tal vez la más radical de las dirigidas al mundo del trabajo”, señaló Cremonte a y explicó que “nunca se habían prohibido los despidos de modo de convertirlos en ineficaces, y darle a la persona segregada la posibilidad de exigir su reinstalación”.

Para el abogado, “no sólo es necesaria la prórroga sino que debería pensarse en mantenerla en el tiempo, como una medida de protección del empleo más allá de la pandemia”.

El gobierno prorrogó en mayo el decreto de necesidad y urgencia, 329/2020, firmado a fines de marzo, que prohíbe los despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” y ayer confirmó que se extenderá hasta finales de septiembre.

Cremonte sostuvo que “una crisis como la generada por una parálisis casi total de la producción y el comercio no se detiene con un decreto, y hubo empresas que cerraron y por ende trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin trabajo”. 

“Pero salvo esos casos de cierre, los despidos, si se efectuaron, no tuvieron efecto, y quien reclamó en la justicia su reinstalación seguramente la obtuvo”, completó el abogado quien planteó “que con las limitaciones de una situación tan crítica como la que vivimos, la medida sin dudas es eficaz”.

A principios de este mes, el ministerio de Trabajo informó que en el mes de abril de este año se perdieron 185 mil puestos de trabajo registrado, casi todos del sector privado, lo que representó una baja mensual del 1,6%.

En cuanto a la presión del sector empresarial para que no se continúe esta la medida, Cremonte indicó que “los despidos no resuelven los problemas de las empresas, eso está demostrado”, y remarcó que la opción de que se permitan los despidos “no es la solución”.

Sobre las suspensiones, en su mayoría acordadas por los gremios y las empresas, el abogado manifestó que rigen “para las actividades que debieron suspender la actividad” por el aislamiento obligatorio y actualmente “quedan pocas zonas del país en fase 1 y dentro de esas, hay muchas actividades habilitadas, sobre todo las industriales”. 

“En ese contexto, la posibilidad de acordar salarios de suspensión menores a los que hubieran correspondido para el caso de haber trabajado es contradictorio con el decreto 329, mediante el cual el presidente de la Nación aseguró que las personas que deban cumplir el aislamiento obligatorio no debían sufrir alteraciones en su remuneración”, concluyó Cremonte.