El fiscal Guillermo Marijuán imputó ayer al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y a otros funcionarios de la cartera por haber firmado un acuerdo de dolarización de las tarifas de gas cuando debía comenzar a regir la libre negociación del precio entre productoras y distribuidoras, lo que implicó un aumento desmesurado de las tarifas a partir de la devaluación, una enorme deuda de 393 millones de dólares y su posterior estatización.

Federico Bernal, actual interventor del Enargas, y quien presentó la denuncia en la justicia, confirmó en declaraciones radiales que el fiscal les pidió más pruebas y aclaró que “se viene una etapa donde se abre la investigación”.

Además de Aranguren, están imputados por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del ministerio y Mauricio Roitman, ex presidente del Enargas; además de otros directores del ente regulador.

“El poder Ejecutivo podía fijar los precios del gas porque existía la emergencia económica que llegaba a su fin el 31 de diciembre de 2017, cuando tendría que haber empezado a regir la libre negociación para fijar los precios”, explicó Bernal. Y aclaró que era un contexto para hacerlo porque “la producción de gas aumentaba” y como estaba estancada la demanda “empezaba a haber una sobreoferta” y la negociación libre podía generar que los precios bajen.

“Aranguren decide convocar a todas las empresas a firmar una especie de pacto donde pide una transición de dos años y decide dolarizar el precio del gas que va a tarifas”, indicó Bernal, quien confirmó que de esta manera violó la Ley 24.076, es decir el Marco Regulatorio del Servicio Público de Gas Natural, que establecía la libre negociación del precio.

En octubre de 2018 y luego de la enorme devaluación, el secretario de Energía Javier Iguacel, propuso que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en 24 cuotas en sus facturas, lo que generó un repudio público y hasta fue denunciado penalmente. 

“A Macri no se le ocurre otra cosa que esa deuda monstruosa entre privados, por los desastres económicos y financieros de la gestión económica y por la dolarización del precio del gas que pasó a tarifas, la absorba el Estado nacional”, remarcó Bernal.

Como relataron desde Enargas, “el gobierno de Macri” a través del decreto 1053/2018,  “decidió trasladar el costo de la devaluación, que fueron 393 millones de dólares a todos los contribuyentes mediante la afectación del Presupuesto Nacional”.

Bernal remarcó que el pago debe realizarse en 30 cuotas y “pagó la primera antes de irse” por lo que “las 29 cuotas restantes quedaron a cargo de este gobierno”.

El perjuicio económico calculado por el ente regulador alcanza los 561 millones de dólares, de los cuales 393 obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.