La investigación judicial por el delito de “administración fraudulenta” en la renegociación de peajes durante el gobierno de Mauricio Macri, derivó ayer en el procesamiento de quien fuera director de Vialidad Nacional (y luego ministro de Energía), Javier Iguacel, y del entonces procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Además, en los próximos días deberán declarar como imputados los ex ministros Guillermo Dietrich (de Transporte), y Nicolás Dujovne (de Hacienda).

Las resoluciones fueron adoptadas por juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El escándalo, conocido como “autopistas del curro”, refiere a contratos de concesión de peajes que habrían beneficiado a empresas vinculadas a Macri. Desde el sindicato de trabajadores viales afirmaron que con las decisiones del magistrado “comenzó a correrse el velo de la corrupción"

El caso fue denunciado por primera vez en el programa televisivo “Brotes verdes”, que conduce Alejandro Bercovich en el canal C5N, y luego el diputado nacional Rodolfo Tahilade (Frente de Todos) promovió una causa judicial. Los presuntos delitos se habrían cometido en la renegociación de concesiones para explotar las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, que vinculan a la ciudad de Buenos Aires con sus alrededores.

Junto con el procesamiento, sin prisión preventiva, de Iguacel y Saravia frías, el juez citó a indagatoria a Dietrich para este viernes y a Dujovne para el próximo lunes. También fueron imputados los empresarios que dirigían las dos firmas concesionarias pero aún no se fijó fecha para declarar. Las indagatorias serán por videoconferencia como medida de prevención contra el coronavirus.

En una resolución de 160 carillas, el juez Canicoba Corral fundamentó que “cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”.

El magistrado ubicó a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frías como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación. Ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria.

"Podemos observar”, dijo el juez en su resolución, “que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso".

Agregó que los contratos para renegociar los peajes "resultaron contrarios a las normativas vigentes", en un acto "perjudicial para las arcas del Estado", que implicó entre otras cosas extender las concesiones hasta el 2030.

“El Estado pagó sumas multimillonarias”

La causa también gira en torno a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por supuestas inversiones, "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida".

El magistrado recordó que se argumentó una "supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)" en base a una demanda contra la Argentina "que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable".

La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al grupo Macri y presentada pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, sirvió –según surge de la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.

Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 "se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste", indicó la resolución judicial.

Canicoba Corral calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.

El Estado "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas", concluyó el juez.

Sindicato de Vialidad

Conocidas las resoluciones judiciales, expresó su opinión Graciela Aleñá, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara). "Comenzó a correrse el velo de la corrupción" del gobierno de Cambiemos, dijo la dirigente.

Explicó que "Iguacel prorrogó por una década las concesiones en ausencia del llamado a licitación y pagó a las empresas a través del Estado 500 millones de pesos por supuestas inversiones no amortizadas", marco en el cual "de forma inmediata, el expresidente Macri -como parte de la compañía- vendió las acciones de Ausol".

"Una lógica fraudulenta que fue de manera inmediata retomada por el exjefe de Vialidad", aseguró la dirigente, quien comparó esa causa judicial con la que, en 2019, presentó su gremio ante el juzgado de Sebastián Casanello por "la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje de los corredores viales".

La representante sindical explicó que las concesiones, desde abril de 2017, "vencían sí o sí y no había forma de autorizar su continuidad, por lo que Iguacel difundió una resolución ad referéndum del Ejecutivo, sin aval de un decreto presidencial".

Añadió que la denuncia penal del sindicato, en poder del fiscal Eduardo Taiano, recayó también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y expuso "una maniobra por la que las empresas concesionarias continuaron cobrando de forma ilegítima e ilegal a usuarios el peaje en las rutas nacionales".

"Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que permitió continuar emitiendo y abonando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro Nacional por valores superiores a los 30.000 millones de pesos", concluyó Aleñá.