Carlos Rozanski, ex juez federal, sostuvo que “no tiene ningún sentido” el pedido de Mauricio Macri de que no se realice el entrecruzamiento de sus llamadas en el marco de la investigación por el delito de asociación ilícita contra el Grupo Indalo, y aclaró que “no se le pide permiso a los imputados” para investigar y, en todo caso, “la persona después tiene el derecho a cuestionar lo que quiera”. 

Para el ex magistrado, “el gobierno anterior conformó una banda delictiva”, por lo que consideró necesaria una unificación de las causas que involucran a ex funcionarios macristas, como las de espionaje y peajes. 

“En cualquiera de los casos penales de nuestro país no se le piden permiso a los imputados”, explicó Rozanski a , y agregó que “la medida de prueba que un juez estima conveniente las toma y no le da tiempo al imputado a que haga una presentación, porque evidentemente Macri hace esa presentación porque está enterado”. Para

Para el ex juez, lo que “llama la atención es que se le dé tanto tiempo para tomar precauciones como puede ser, por ejemplo, que desaparezca el teléfono, que se borren los datos o lo que fuera; más allá que se pueda pedir el entrecruzamiento a las compañías telefónicas, esto tiene que ver también con una actitud de la propia justicia”.

“La persona imputada esta sospechada por lo menos de algún tipo de delito, en este caso son delitos muy graves porque estamos hablando de un ex presidente de la Nación, y si uno quiere que las medidas den resultado no se avisa tanto en derecho penal”, completó.

La jueza María Servini de Cubría, que investiga presiones, hostigamiento y ahogo financiero  contra los socios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Souza, ordenó el 6 de julio como medidas de prueba el entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados de la llamada “mesa judicial” del macrismo, para poder establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones.

El ex presidente objetó esta medida mediante un escrito de su abogado que planteó que “lo dispuesto” por la jueza “carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.

“No tiene ningún sentido lo que está diciendo” Macri, consideró Rozanski y señaló que “eso se produce porque se le dio tiempo, en todo caso las medidas probatorias se llevan a cabo, se obtienen los resultados y después la persona tiene todo el derecho del mundo a cuestionar lo que quiera a lo largo de todo el proceso”. 

El ex presidente Macri también pidió que se lo exima de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar su escrito, por el actual aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia.

El ex juez de La Plata cuestionó los “privilegios que tienen los individuos como Mauricio Macri, que se dan el lujo de ir a quebrar la cuarentena y las normas sanitarias elementales” con un viaje a Paraguay y “ahora resulta que pide también que no se lo haga ir personalmente”.

Y agregó que “el nivel de cinismo de este tipo de gente es extraordinario, porque mientras el rompe todo para irse a otro país a una reunión con fines inconfesables está pidiendo que no lo hagan ir a 20 cuadras a un juzgado”.

Una banda delictiva

Sobre las múltiples causas que investigan a ex funcionarios del gobierno anterior como las de espionaje ilegal o de los peajes, Rozanski indicó que “el nivel de operación delictiva que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri justifica una unificación de las causas, por lo menos que se vea en perspectiva como la obra de una banda de delincuentes, no como espías aislados o como cuentapropistas”.

“El gobierno anterior conformó una banda delictiva, esto desde mi punto de vista no tiene discusión; lo vemos, lo sabe el país, el problema es que eso tiene que tener un correlato en la justicia”, sostuvo Rozanski y explicó que “el espionaje ilegal en el caso del anterior gobierno formó parte de un plan mucho mayor que era claramente de saqueo, que lo han logrado, y hoy la justicia tiene la posibilidad de cortar ese ciclo de impunidad”.

Aunque advirtió que “tiene sus serias dudas” de que “la justicia está en condiciones” de hacerlo por “el hecho de que continúen en sus cargos todos los funcionarios judiciales que son del sector que colaboró como cómplice del gobierno de Macri cometiendo delitos”.

“Hay una obligación imperiosa de darle un corte a todo esto con una reforma profunda”, planteó Rozanski, ya que “mientras sigan estando en sus despachos” integrantes “de una parte del poder judicial que integró esa banda de delincuentes, con gente como Carlos Stornelli o el fallecido Bonadio, tenemos derecho a sospechar que la justicia no pueda probar nada de todo esto porque está completamente infiltrada por esta gente”.