El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, declaró  ayer como imputado ante la justicia y aseguró que se enteró por televisión de las tareas de inteligencia realizadas en 2018 sobre el Instituto Patria, y aseguró que esas actividades estaban vinculadas a una alerta que ubicaba a la ex mandataria como eventual blanco de un ataque.

El empresario que estuvo al frente de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri permaneció más de cuatro horas frente al juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes le tomaron declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal sobre domicilios que frecuentaba la actual vicepresidenta de la Nación.

Durante su declaración, Arribas rechazó haber cometido delitos durante su paso por la AFI y sostuvo que tan pronto como tomó conocimiento de las tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria, le pidió a su entonces número dos, Silvia Majdalani, que le presentara un informe sobre los hechos que luego llevaron juntos a la comisión de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso.

El ex “Señor 5” aseguró que él no era quien daba las órdenes operativas en la AFI y que eso lo motivó a requerirle a Majdalani la producción del informe, a la vez que señaló que las alertas sobre posibles atentados no pasaron de un nivel mínimo –de acuerdo a una escala que maneja ese organismo- por lo cual rápidamente se dispuso retirar la “vigilancia”, según pudo reconstruir Télam.

Arribas está acusado, entre otros delitos, de haber cometido el de “falsedad ideológica” bajo el supuesto de que elaboró un documento ilegítimo para intentar dotar de formalidad y legalidad a las presuntas maniobras de espionaje ilegal que investiga la justicia federal tras una denuncia formulada en febrero por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En el expediente se incluyen, además, testimonios de testigos de identidad reservada -todos ellos vinculados a la agencia de inteligencia-, quienes afirmaron que las órdenes que recibieron en relación con el Instituto Patria no tenían que ver con tareas de “vigilancia perimetral” ni de “prevención” sino que lo que se les requirió detectar el eventual ingreso o egreso de “bolsos” que pudieran contener dinero.

Arribas no accedió a responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía aunque sostuvo que estará dispuesto a hacerlo una vez que se haya resuelto definitivamente la radicación del expediente dado que, como parte de su estrategia de defensa, solicitó que el juez Auge se inhiba de seguir interviniendo y la causa pase al fuero federal porteño con sede en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py.

Quieren que pase a Comodoro Py

Según la defensa de Arribas, a cargo del abogado Alejandro Pérez Chada, los hechos deben ser investigados en la ciudad de Buenos Aires, que en los hechos significan los tribunales de Comodoro Py, porque según su argumento las tareas de inteligencia ocurrieron en ese ámbito y además en la capital federal está instalada la sede central de la ex SIDE, actual AFI.

El extitular del organismo hizo referencia, además, a que lo que ahora es investigado como supuesta inteligencia ilegal antes había sido notificado al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien no señaló la existencia de ningún ilícito como así tampoco lo hizo la fiscal de esa jurisdicción, Incardona, ni la comisión del Congreso que recibió los informes.

Arribas solicitó además algunas medidas de prueba como la de incorporar al expediente el organigrama de la AFI para demostrar que no le correspondía dar las órdenes operativas, y le apuntó al área de Inteligencia que estuvo primero encabezada por Diego Dalmau Pereyra y después por Martín Coste, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El presunto espionaje ilegal que se investiga en esta causa consistía en “llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según del expediente.

En esta causa, el juez Auge ya procesó al ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien, de acuerdo a la investigación, reportaba directamente a Majdalani, también conocida como la “señora 8”, según la numeración que se utiliza en la central de espías.

Cuando dictó su procesamiento sin prisión preventiva, Auge destacó que Ruiz ocupaba en la AFI un cargo que “no tenía registro alguno dentro del organigrama de dicha dependencia”, lo que le permitía reportar directamente a la cúpula del organismo salteando a los directores de las distintas áreas de la central de espías.

“El imputado no respetaba la estructura jerárquica propia del organigrama de esa dependencia y su actuar fraccionaba y quebraba el esquema establecido institucionalmente, rompiendo con la cadena de mando constituida, ya que en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la Subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani, también conocida en la jerga de la AFI como la ´número 8´ o ´la 8´”, escribió el juez Auge en el fallo de 97 páginas.

La “vigilancia” se hacía, de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo; mientras que por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes. 

Otra causa por delitos similares

Los hechos que afectaron a Cristina y al Instituto Patria es una de las dos causas por espionaje que tramita el juez Auge. El otro expediente por delitos similares estaba a cargo de Federico Villena, también magistrado federal de Lomas de Zamora, quien fue recusado y el caso pasó al juzgado de su colega en la misma jurisdicción.

En esa causa, la que cambió de juez, la imputación incluye a la ex coordinadora de Documentación Presidencial durante el macrismo, Susana Martinengo, quien estuvo detenida, fue liberada tras la indagatoria y sigue imputada.

También como parte de ese proceso fue allanado el domicilio de Darío Nieto, secretario privado del ex presidente, quien desempeñaba esa tarea en la Casa Rosada y ahora lo sigue haciendo. Tanto Martinengo como Nieto recibían en la sede gubernamental a los agentes secretos que realizaban espionaje ilegal. 

Este lunes Nieto acompañó a Macri en el misterioso viaje a Paraguay. Aunque no se distinguen claramente sus rostros, cronistas independientes registraron cuando ambos llegaron para tomar el avión privado en el aeropuerto de San Fernando.