El abogado de Rosario Gustavo Feldman, en representación de productores agropecuarios, presentó ayer una denuncia en la justicia santafesina para que se investigue a los directivos de Vincentin por asociación ilícita y estafa, y solicitó una medida cautelar para que no salgan del país y se los controle mediante tobilleras electrónicas.

“Es una denuncia donde pedimos que se investigue si las conductas que llevó adelante el grupo Vicentin, los principales directivos y referentes no encuadra en la figura de asociación ilícita y estafa”, explicó Feldman en diálogo con .

El abogado agregó que “tiene toda la apariencia de una gran estafa a partir de lo que se conoce como el esquema Ponzi, que era un banquero que en las primeras décadas del siglo pasado produjo un desfalco multimillonario a muchas personas y por mucha plata en los Estados Unidos”.

Este sistema implica una operación fraudulenta de inversión que, de acuerdo a lo que explicó el abogado, “se toma deuda y la deuda que se va tomando es la que sirve para ir pagando a los primeros acreedores, pero eso llega un momento en que colapsa”.

“El grupo Vicentin tomaba el grano sin pagarlo, en vez de producir, porque se supone que es un grupo dedicado a la producción de oleaginosa, en vez de convertirlo en producto elaborado lo stockeaba para ir eventualmente después cubriendo esas deudas contraídas con anterioridad; es lo que se llama el apalancamiento de las deudas más viejas a partir de la toma de deuda nueva”, remarcó Feldman. Y aclaró que “todo eso no ha sido casual, ha habido un plan para esa captación, mostrando solidez, solvencia, lazos políticos, proyección internacional; una puesta en escena coordinada, planificada, con división de roles y con un plan trazado”. 

La presentación judicial se realizó ayer y le solicitaron al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, con sede en Rosario, que la competencia sea territorial porque “la elaboración de esta planificación, la concepción y la ejecución, se dió fundamentalmente en Rosario y las consecuencias fueron en el seno de la provincia”.

El abogado pidió una medida cautelar, para que no se les permita la salida del país a los directivos de Vincentin y que se implemente un dispositivo de control electrónico, lo que se conoce como tobillera, para controlar a los mismos.

El abogado representa a 3 acreedores de Vincentin, de los cuales “uno es de la empresa Algodonera” a los que definió como “acreedores que vieron frustrado su crédito a partir del default y de la presentación del concurso, con condiciones absolutamente perjudiciales del patrimonio de las personas que entregaron en su momento el cereal”.

En la presentación judicial incluyeron, según describió, “un procedimiento de averiguación, presentado en la ciudad de Nueva York por un comité de bancos internacionales que preside el Rabobank de Rotterdam, que es un banco exclusivamente destinado a financiar proyectos que tengan que ver con la actividad agraria, y que habla de una fuga de 400 millones de dólares”.

“Aportamos también el testimonio del presidente Alberto Fernández por dos charlas que se produjeron en diciembre del año pasado en las que Sergio Nardelli habría reconocido que muchas de las empresas que conforman el grupo son sellos que armaron para tomar deuda”, amplió Feldman y definió que “habría una cuasi confesión de la maniobra que estamos denunciando”.

El juez Lorenzini

Para Feldman, el juez Fabián Lorenzini, a cargo de la causa por el concurso de Vicentin, “ha perdido imparcialidad absolutamente”, algo que quedó “evidenciado en los dictámenes que suscribió como abogado del Banco Nación en la ciudad de Reconquista, explicando que no había impedimento alguno para la obtención de algunos de los créditos” que fueron otorgados a la empresa.

“Está condicionado emocional y anímicamente por la gran conmoción que genera el tema en la ciudad de Reconquista, sino no se entienden algunas resoluciones absolutamente desajustadas a derecho que ha emitido, por ejemplo el no declarar la inconstitucionalidad del DNU que instituyó la intervención, pero sin embargo, destituyó a los interventores”, remarcó el abogado.

Explicó que “un DNU es prácticamente una ley” y Lorenzini “no la saca del mundo jurídico y manda a desobedecerla porque ordena la destitución de los interventores” por lo que “suple la voluntad del presidente de la Nación designándolos veedores y restituye en la conducción de la empresa a los mismos directivos que estamos denunciando en este momento”.