Los principales avances en la causa que investiga la desaparición forzada, en el sur de la provincia de Buenos Aires, del joven Facundo Astudillo Castro, tienen que ver con el apartamiento de la policía bonaerense de la investigación y el allanamiento de la comisaría de la localidad de Mayor Buratovich, donde el 30 de abril el chico fue demorado en un control policial en la ruta y no se supo más nada de él.

María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) planteó que hace más de “dos meses que su familia lo está buscando y el dato trascendente, fundamental para caracterizarlo como una responsabilidad del aparato estatal, es el conocimiento de que la última vez que fue visto, fue subido, por la fuerza, como detenido en un móvil policial”.

“A partir de allí es que decimos que quien debe informar lo que pasó y quien tiene la obligación de completar toda esa información faltante es el Estado, porque del mismo modo que cuando se produce una muerte dentro de una comisaría o de una cárcel no es la familia quien debe probar lo que sucedió, sino que es el Estado el que tiene la obligación de decir ‘yo no fui’, si es que no fue; mientras tanto es una desaparición forzada”, explicó la abogada en declaraciones a .

El joven de 22 años tuvo el último contacto con su familia el 30 de abril, cuando salió desde la localidad de Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires hacia Bahía Blanca, para visitar a su ex novia, y fue demorado en un retén policial en la ruta 3, en el marco de la prohibición de circular por la cuarentena.

La causa se investigó hasta la semana pasada como “averiguación de paradero” sin resultados, hasta que los abogados de la familia, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, radicaron la denuncia por “desaparición forzada de persona” en el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca.

El miércoles, el fiscal Rodolfo de Lucía ordenó el apartamiento de la Policía bonaerense de la investigación, luego de que el caso tomó notoriedad pública y hasta el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, viajó a la ciudad para hablar con la familia.

Policía sospechada, apartamiento “inmediato”

En su diálogo con este portal de noticias, Verdú remarcó que el apartamiento de la fuerza policial bonaerense “tuvo que haber ocurrido de inmediato, salvo que la fiscalía no esté haciendo bien las cosas”.

Explicó que “en la provincia de Buenos Aires hay un resolución de la Procuración de la Corte provincial, que establece que cuando las fuerzas de seguridad, que debería ser la auxiliar de la justicia, es la que está sospechada de estar involucrada en el hecho que se está investigando, debe ser apartada e intervenir otra fuerza federal”.

Las principales medidas que tomó la justicia federal son el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich, donde fue demorado Facundo el 30 de abril, donde secuestró los libros de guardia, los handies de los policías, la camioneta en la que presuntamente subieron al joven ese día, y los celulares de los efectivos que estuvieron involucrados.

Berni sostuvo a la prensa que “para darle tranquilidad a la familia, se le dio curso a la justicia federal para continuar con la investigación”, y señaló que “es responsabilidad de la Justicia determinar si hay compromiso o no de la Policía”; aunque aclaró que “hasta ahora no surge ninguna evidencia de que haya pasado, pero no lo descartamos por completo”.

El titular del área de Seguridad de la provincia de Buenos Aires indicó que existen “diferentes relatos” respecto del caso, y que “los testigos afirman diferentes ubicaciones de Facundo en otros lugares”, por lo cual “la justicia tendrá que determinar qué pasó”.

Para Verdú, “no se entiende muy bien a qué fue” el ministro Berni a Pedro Luro, “si fue a meterse en la investigación, a intimidar testigos”, aunque remarcó que “si fue a dar respuestas al Poder Judicial sobre el accionar de sus fuerzas bienvenido sea, pero no necesitaba tanto escándalo mediático, podría haber hecho lo mismo directamente comunicándose con la fiscalía”.

Para la titular de la Correpi es necesario que se lleve adelante “una investigación independiente, que la familia tenga pleno, absoluto y total acceso en su carácter de querellante como lo vienen planteando tanto la mamá como los abogados, y la posibilidad de acceso a toda la información necesaria para hacer el seguimiento de qué es lo que ocurrió a partir de esa aparente detención”.