El economista Sergio Chouza, docente e investigador en temas financieros, dijo que “se lograron avances significativos” en el proceso de negociación que lleve adelante el ministro Martín Guzmán con acreedores que poseen bonos de la deuda argentina por unos 66.800 millones de dólares. Advirtió que ya el país “cedió bastante” y no se puede “mover mucho de los umbrales” que se manejan, en torno a los 52 centavos por dólar, porque si lo hiciera sería “pan para hoy y hambre para mañana”.

En declaraciones a , afirmó que “en el último mes se lograron avances significativos; el hecho de que buena parte de los minoristas haya tenido la venia implícita previo a la presentación formal de la propuesta de uno de los tres comités, es un paso importante”.

En el marco de la negociación hay tres comités de bonistas. Por un lado está el comité Ad Hoc, encabezado por el poderoso fondo de inversión BlackRock; y otro es Exchange Bondholder, que declara poseer títulos de la deuda argentina por 21.000 millones de dólares, casi un tercio del total.

Y en tercer lugar se nuclea el comité de acreedores que coordina el CEO del fondo Greylock, junto a Fintech; que es minoritario pero que ya aceptaron las condiciones del gobierno.

Según la evaluación de Chouza, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “con el grupo de Exchange tampoco hay diferencias tan significativas, y con el grupo Ad Hoc” es con el que más se debe trabajar.

Aclaró que “en ese mecanismo de negociación Argentina cedió bastante, el punto medio en términos de valor presente neto ya no se parece tanto al inicial, con lo cual es difícil pesar que nuestro país puede comprometerse a pagar más intereses, o a acortar más los plazos o a recortar menos el porcentaje de capital”.

Luego explicó que en la última negociación se manejó un valor presente neto de 45 centavos por cada dólar, que es el valor que caracteriza a los nuevos títulos. Está compuesto por tasa de interés, porcentaje de recorte de capital, a partir de qué punto se empiezan a desembolsar los pagos, es decir todos los factores que hacen a la evaluación de esos papeles.

El especialista en estudios de las finanzas dijo que “a lo largo de esta semana, donde hubo aceleración en las conversaciones y se generaron avances, todo hace pensar que la propuesta argentina con una exit yield de consenso, estaría llegando a entre 50 o 52 centavos por cada dólar”.

Añadió que nuestro país “no se puede mover mucho más de esos umbrales porque es pan para hoy y hambre para mañana”, ya que “cuando se venza el período de gracia va a ser muy oneroso sobre nuestra capacidad de pago”.

En estos días el Guzmán presentará formalmente la propuesta ante la comisión de valores de EE.UU (SEC, por las siglas de Security Exchange Commission), y aunque hay tiempo legal hasta el 24 de julio, se deja un período “para poder traccionar a los (acreedores) minoristas que están quedando por fuera, que son marginales pero suman”.

Lo que se debatió en 2014 con los fondos buitre

Chouza destacó que además en la negociación “hay otros aspectos ligados a la cuestión legal, a la estructura de los bonos en términos de los derechos que se comprometen en lo que se llama ‘indenture’, que es algo más discutible”.

“Lo que está en juego es un andamiaje financiero legal, que es el que se debatió con el conflicto de los fondos buitres en el 2014, y que desencadenó en el 2016 una modificación de cómo se estructuran las cláusulas de acción colectiva para este tipo de títulos públicos de cotización abierta en el mercado”, explicó el economista.

El gobierno plantea una cláusula de acción colectiva de alrededor del 65%, lo cual implica que cuando ese porcentaje de bonistas acepte la propuesta, el resto tenga que ingresar al canje y no puede pretender mejores condiciones. “Es un esquema que tiene un correlato con lo que sería un concurso de acreedores y un proceso de quiebra en el sector privado patrimonial”, comparó el docente universitario.

Consideró que “sería bastante penoso que se tenga que dar marcha atrás en eso cuando es una institución muy ponderada el hecho de poder bloquear a estas iniciativas de fondos especulativos a partir de un margen bastante bajo por un lado para los umbrales de las cláusulas de acciones colectivas, y alto para la posibilidad de judicializar en el caso de que algún grupo de bonistas quiera reclamar por un default”.

Señaló asimismo que “pedir porcentajes superiores habilita más capacidad de bloqueo para grupos de acreedores que se embanderan sobre posiciones intransigentes, y eso no le hace bien a nadie, porque si se está dando un proceso de renegociación de una deuda, se debe a que realmente está en una situación donde es eso o nada”. 

El economista concluyó que “si fuera nada (lo que el país pagaría y los acreedores cobrarían), no le hace bien a nadie”.

Comunicado de los bonistas

Esta semana, los grupos de bonistas que se encuentran más lejos de aceptar la propuesta manifestaron en un comunicado que “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades argentinas desde el 17 de junio”, y se quejaron de la “falta de una interacción seria por parte de las autoridades” del país porque les preocupa los costos de prolongar “el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el gobierno argentino”.

Chouza explicó al respecto que “como toda negociación, los grupos que están abroquelados en una posición más intransigente, en ese juego de tirar de la cuerda, es lógico que marquen una postura abiertamente confrontativa en momentos en los cuales se está dirimiendo cuál va a ser el trazo fino de ese número final que se ofrezca”.