La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concentra una situación paradójica en el marco del espionaje perpetrado durante la etapa de Mauricio Macri. Por un lado hay constancias judiciales de que fue espiada por el gobierno nacional que ella respaldaba y, como tal, ayer se constituyó en querellante de la causa; y por otro hay acusaciones de que su gobierno provincial realizaba maniobras similares.

La diputada bonaerense Susana González (Frente de Todos) aseguró que el espionaje en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Vidal fue "más grave que lo que pasó a nivel nacional”, y precisó que “la dirección de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense no solo se investigaba a los policías, sino a muchas personas”. Afirmó que allí había “una estructura que dependía” de la ex mandataria provincial.

En tanto, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien tramita la causa principal y días atrás ordenó apresar a 22 personas, ayer continuó con la indagatoria de los detenidos entre los cuales estuvo Susana Martinengo.

La mujer era jefa de Documentación Presidencial de la Casa Rosada en el gobierno de Macri y está señalada por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también imputados en la causa, como la persona con quien se reunían para entregarle información recogida mediante espionaje ilegal. En el expediente judicial hay pruebas de que ella recibía a los espías en la propia Casa Rosada, a unos 50 metros del despacho de Macri.

En cuanto a la ex gobernadora Vidal, ayer concurrió al juzgado de Villena en su carácter de víctima de maniobras ilegales de vigilancia y seguimiento. Como hizo en las últimas semanas con otras personas en igual situación -incluidas, por ejemplo, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta-, el juez le mostró material sobre el espionaje que hacían sobre ella, tras lo cual la ex mandataria bonaerense pidió constituirse en querellante y así fue aceptado.

El magistrado investiga la presunta existencia de una organización que habría realizado tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y sociales desde la AFI durante la presidencia de Macri, cuando el organismo era conducido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Al igual que Vidal, otra persona presuntamente espiada y ayer aceptada como querellante es José Luis Vila, funcionario del ministerio de Defensa en la época de Macri, especialista en temas militares y de seguridad proveniente del radicalismo.

En la causa ya figuraban como querellantes la ex jefa del Estado y actual vicecepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su vicejefe, Diego Santilli; y otros dirigentes políticos presuntamente espiados durante el macrismo.

“En la provincia de Buenos Aires fue más grave”

En el mismo día en que Vidal se constituyó como querellante por haber sido espiada, una legisladora provincial la acusó públicamente a ella. Se trata de Susana González, diputada bonaerense por el Frente de Todos, quien dijo que lo ocurrido en esa época en la provincia de Buenos Aires “es más grave que lo que ocurrió en la AFI”, dependiente del gobierno nacional.

Explicó que las maniobras habrías sido dirigidas desde la auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad, que según González “se trata de un organismo administrativo cuya función es investigar las faltas del personal policial y se dedicaron a investigar no solo a personal policial”. Durante el gobierno de Vidal el ministro del área era Cristian Ritondo, actual diputado nacional.

La legisladora bonaerense indicó que la causa abierta para investigar esta denuncia tramita ante la Unidad Fiscal número 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Cortfield, y en el expediente “está comprobando que desde la auditoría de Asuntos Internos se hizo espionaje ilegal”.

Precisó que desde ese organismo se pidieron informes de “46.800 personas de la provincia, incluyendo a jueces, intendentes, empresarios, diputados, senadores e incluso sobre Daniel Scioli”. Señaló por ejemplo que “pidieron oficios a Migraciones para ver quién salía y entraba del país durante los cuatro años del gobierno de Vidal, y esto está probado en la causa”.

Afirmó que “los presuntos autores materiales en principio están procesados y fueron citados a indagatoria”, y mencionó como implicados al “auditor general, Guillermo Berra, y su esposa, María Sardiña, que era la auditora patrimonial del organismo de Asuntos Internos”. Sostuvo que “esta estructura dependía por supuesto del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de la gobernadora Vidal”. 

La diputada provincial afirmó que lo que surgía de esas investigaciones paralelas “terminaba en los medios de comunicación”, y puntualizó que “un productor y columnista de Luis Majul es el esposo de una persona que había sido designada miembro del gabinete de Berra en 2017”.

Reveló incluso que sufrió una situación personal cuando “en agosto de 2018 me 'barretean' la puerta de mi despacho en Diputados y luego, al pedir las cámaras de vigilancia para poder averiguar, dijeron que hubo un corte de luz y que no se pudo filmar”.

También aseguró que estas presuntas maniobras de espionaje tenían una “pata política, una pata mediática y una pata judicial”, y en este sentido pidió que se investigue la responsabilidad de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, designado por Vidal y todavía en funciones.

Indagatorias del juez Villena

La causa principal que investiga Federico Villena, el juez de Lomas de Zamora, continuó ayer con las indagatorias a detenidos. Además de Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial de la Casa Rosada en el gobierno de Macri, ayer declaró la ex espía Mercedes Funes Silva, que está detenida pero obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Asimismo, prestaron declaración los espías detenidos Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo y Emiliano Matta.

Según fuentes judiciales, al igual que ocurrió el miércoles, algunos accedieron a responder preguntas del juez y de la fiscal Cecilia Incardona y aportar datos sobre los trabajos que se les encargaron.

En ese marco, señalaron que las órdenes venían a través del agente Alan Ruiz, desde la cúpula de la AFI (a cargo de Arribas y  Majdalani) y aportaron nombres de otros agentes que aún no fueron alcanzados por la investigación.

Las indagatorias continuarán el lunes. El juez citó para ese día a Alan Ruiz, quien era jefe de Operaciones Especiales de la AFI en el gobierno de Macri y está detenido en otra causa por motivos similares.

En este último caso el expediente judicial está a cargo de Juan Pablo Augé, también juez federal de Lomas de Zamora, quien investiga el espionaje ilegal contra la entonces ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación. 

Junto con ella se espiaba en forma clandestina al Instituto Patria, la asociación civil de estudios y formación política que la líder del kirchnerismo fundara a partir de 2016, en pleno gobierno de Macri.