El llamado “impuesto a las grandes fortunas” trascendió como idea de legisladores oficialistas hace dos meses y nunca se presentó formalmente, pero en los últimos días hubo señales de que durante este mes tomará estado parlamentario para que sea debatido como propuesta de ley en las dos cámaras del Congreso.

No será un “impuesto” permanente sino un “aporte” o “contribución” por única vez, que deberá ser pagada por unos 11.000 propietarios súper-ricos que tienen una fortuna superior a los 200 millones de pesos, y el monto recaudado tendrá destinos específicos indicados por la propia ley, según trascendió.

Las características conocidas en los últimos días estarían justificadas por la necesidad de que la aprobación del tributo pueda obtener apoyos en el Congreso más allá de los bloques oficialistas, más aun teniendo en cuenta que la representación parlamentaria del gobierno es minoría en Diputados y se hace necesario negociar los votos de otros sectores.

Los recursos que el Estado podría obtener se estiman entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. El proyecto sería presentado finalmente en la segunda quincena de julio “dentro de un paquete impositivo”, según anticipó días atrás la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara.

Ya en el mes de abril se hizo público que el titular del bloque de diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, impulsaba algún tipo de legislación que permitiera al Estado recaudar fondos para enfrentar las necesidades generadas por la pandemia, y que su redacción sería coordinada por el diputado Carlos Heller. También trabajó en el tema su compañero de bancada, Hugo Yasky.

Posteriormente, el presidente Alberto Fernández se reunió con Kirchner y Heller, e hizo explícito su aval a la iniciativa, aunque dejó en claro que por imperio de cláusulas de la Constitución, “es un tema del Congreso que no está dentro de mis facultades”.

Además, en ocasiones en que se refirió públicamente al tema, el jefe del Estado aclaró que se trataría “de un aporte extraordinario” que deberían realizar “las grandes fortunas de la Argentina, que son 11.000 personas”. A ellos “se les pide un aporte por única vez”, dijo el presidente a mediados de mayo. 

A quiénes y para qué

Este fin de semana, trascendió que los legisladores que tienen a su cargo el tema, en consulta con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que el gravamen se aplicará sobre los patrimonios por encima de los 200 millones de pesos, y que lo recaudado tendrá asignación específica.

El mencionado “piso” determina que apenas unas 11.000 personas con grandes fortunas serán alcanzadas por la contribución extraordinaria, es decir el 0,024% del total de la población del país. Y el otro aspecto importante que, según fuentes periodísticas, fue definido recientemente, se relaciona con el destino que tendrán los fondos que de allí surjan.

En principio, se destinarán a tres propósitos. Por un lado, el financiamiento de las inversiones comprometidas por la ley (sancionada a fines de 2018) que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). En segundo término habrá una parte que se asignará a la inversión en proyectos gasíferos, tanto de YPF como de las compañías privadas, y por último otra parte será para financiar créditos blandos a las pymes, que dinamicen la economía. 

En cambio, “los aproximadamente 3.000 millones de dólares que se recauden no irán a paliar el déficit fiscal, como deseaban algunos funcionarios”, según publicó este domingo el periodista Horacio Verbitsky en el portal que dirige, El Cohete a la Luna.

Ley de Barrios Populares

La mencionada ley del Registro Nacional de Barrios Populares la promulgó el entonces presidente Mauricio Macri en noviembre de 2018. Había sido sancionada en el Congreso a partir de un proyecto presentado por el diputado radical-cambiemita Mario Negri, la entonces diputada Elisa Carrió (quien luego renunció a la banca), y quien era el titular del bloque de Cambiemos, oficialista en aquel momento, Nicolás Massot.

Transcurrido un año y medio, no se ha avanzado en su aplicación porque faltan más de 1.000 millones de dólares que deberían invertirse por año, para expropiar y urbanizar terrenos dentro del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. 

Según trascendió, en los avances del proyecto para establecer una contribución por única vez para los propietarios de grandes fortunas, Máximo Kirchner incluyó el financiamiento de este programa como prioridad para la asignación de los recursos que generará el aporte extraordinario.

Por otro lado, cuando la diputada Vallejos confirmó que en las próximas semanas, finalmente, la propuesta tomará estado parlamentario, dijo que “la expectativa es tratar conjuntamente el impuesto extraordinario a las grandes fortunas junto con un paquete de reformas tributarias e impositivas, en particular facilidades fiscales para las pymes”.