La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de vigilar los grandes movimientos de fondos para detectar el lavado de dinero de origen delictivo, acusó judicialmente a la empresa Vicentin por presunto lavado de dinero, e involucró en la denuncia a Mauricio Macri, Javier González Fraga (ex presidente del Banco Nación), Guido Sandleris (extitular del Banco Central) y directivos de la compañía.

En la misma jornada, avanzó en el Senado un proyecto para crear una comisión investigadora del Congreso para esclarecer las posibles maniobras fraudulentas de Vicentin, y además el gobierno del presidente Alberto Fernández ratificó que “la expropiación es el camino” para rescatar a la compañía, que está en proceso de quiebra.

La UIF realizó una presentación judicial en la que acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior. En la denuncia, el organismo involucró en las presuntas maniobras a Macri; al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.

El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la justicia federal, con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.

“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”, señala la presentación judicial de la UIF, ante la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

Luego de describir algunas de las operaciones sospechosas, solicita al mencionado fiscal y al juez Julián Ercolini que se “ordene la inhibición general de bienes” respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se “proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes”.

Comisión parlamentaria para investigar

Paralelamente, desde el Congreso Nacional, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen favorable a un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a Vicentin. El grupo de trabajo parlamentario sesionó en forma remota.

La propuesta fue respaldada por el Frente de Todos y por el representante de Juntos Somos Río Negro en la Cámara alta. En cambio, Juntos por el Cambio otra vez se desconectó de la reunión virtual y se retiró de la discusión argumentando que se estaba avanzando sobre el Poder Judicial y que la intervención era una maniobra de distracción para “ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad”. 

La propuesta para constituir una comisión parlamentaria fue presentada por Oscar Parrilli, senador peronista por Neuquén. La Bicameral estaría compuesta por seis diputados y seis senadores, y su propósito sería investigar las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

También tendría el propósito de procurar “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”. Asimismo, deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

“Nosotros pretendemos investigar las posibles irregularidades, los controles del Banco Nación y si fueron conscientes de que estaban ante una maniobra lesiva a los intereses no sólo del banco sino de los productores", dijo Parrilli durante el debate por videoconferencia. 

Explicó que lo que se busca es "saber la relación de empresa con Paraguay y Uruguay, y una eventual fuga de capitales, además de un manejo de los precios tendiente a aumentar indiscriminadamente su rentabilidad y sus ganancias".

"También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero, y sobre subfacturaciones de exportaciones", precisó el legislador neuquino. Consideró que "una de las responsabilidades" del Poder Legislativo "es velar por los intereses de los recursos del Estado" ya que "esta empresa violentó y perjudicó los intereses del Estado argentino".

La propuesta de Parrilli fue apoyada por todos los integrantes del Frente de Todos y por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, exgobernador provincial.

José Mayans, presidente de la bancada oficialista que no forma parte de la comisión pero estuvo presente en la videoconferencia, dijo durante la reunión por teleconferencia: “Les pido a los compañeros (del bloque) mucha convicción en esta batalla porque estamos molestando muchos intereses y estamos teniendo una embestida. Hay que tener mucha convicción para lograr la liberación de la patria”, advirtió.

El legislador dijo que la víctima de esa “embestida” será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “porque representa la soberanía nacional y la independencia económica”, enfatizó Mayans. 

Presidente Fernández y ministro Basterra

Durante la jornada, el gobierno nacional ratificó el proceso que inició con la intervención de Vicentin. El presidente Fernández reiteró que el objetivo no es estatizar empresas sino rescatar una de las compañías centrales para el desarrollo del país, y mientras que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, afirmó que la manera de que Argentina no pierda la agroexportadora "es la expropiación".

El mandatario nacional, que durante la tarde estuvo en La Rioja, dijo sobre el caso de la firma cerealera: "Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, que siga trabajando, no estamos para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país".

De esta manera se ratificó que para el Poder Ejecutivo no hay una negociación en marcha con los ex directivos de la cerealera santafesina, sino que se sostiene la idea original de la intervención y el debate en el Congreso por la expropiación, aunque está abierto a propuestas superadoras aún no alcanzadas, explicaron a la agencia Télam fuentes oficiales

"No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos", agregó Fernández, para luego apuntar que "la historia muestra que frente a la pandemia, el capital propio es muy importante".

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó que la intervención a Vicentin "es una decisión política estratégica", y remarcó que "el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación".

Para el responsable de la política agropecuaria del gobierno nacional, el objetivo es "buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice ni se desguace", ya que Vicentin "es muy relevante para la economía argentina".

Tras cuestionar la "tendencia desastrosa del modelo (del gobierno) anterior", señaló que grupos extranjeros tienen 40% de las acreencias de la cerealera, y destacó que lo que impulsa las decisiones de las autoridades "no es animadversión contra la empresa" sino que, "todo lo contrario, es el rescate de una empresa".

El ministro aclaró que "no hay una intención de llegar a un Estado empresario que capture todos los procesos de transformación ni mucho menos, pero es importante tener una empresa testigo en un sector desregulado, como es el caso de YPF en el mercado de combustibles", explicó Basterra.