El presidente Alberto Fernández nombró a María Laura Garrigós como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, luego del avance de la investigación sobre espionaje ilegal que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaban en las cárceles a abogados, detenidos y visitantes durante el gobierno de Mauricio Macri.

Mariano Lanziano, coordinador del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a que “es importante que el tema aparezca como agenda” porque “hace mucho tiempo que venimos sosteniendo la necesidad de una reforma integral del servicio”. Enfatizó que “es una legislación muy vieja la que lo regula, y hace tiempo era necesaria una reforma profunda”.

Acerca de las tareas de inteligencia, el especialista aseguró que “no había un antecedente de estas características y merece una intervención profunda”, porque “la legislación que regula la Agencia Federal de Inteligencia no prevé de ninguna manera una coordinación con el servicio penitenciario de estas características para hacer tareas de inteligencia; lo que hace que sea una actividad absolutamente fuera de la ley, y es profundamente preocupante desde lo institucional”.

El juez Federico Villena, que investiga el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, ordenó la semana pasada allanamientos en los penales y allí fueron encontrados dispositivos de vigilancia, micrófonos y cableados para escuchar las conversaciones y espiar mediante seguimientos clandestinos a quienes se encontraban presos, sus abogados y quienes los visitaban.

Lanziano destacó que “más allá de que una intervención de este tipo tiene una afectación a los derechos individuales muy profunda, es muy preocupante” que haya habido “una coordinación entre agencias (organismos del Estado) fuera de las normas y sin ninguna regulación”.

El presidente Alberto Fernández, cuando esta semana confirmó en declaraciones radiales la intervención del SPF, expresó su “enorme preocupación” por la estructura de espionaje que se está descubriendo, y dejó en claro que “es un tema de la justicia” y que espera “que actúe como se debe”, además de remarcar que “debe garantizar como presidente que eso nunca más vuelva a ocurrir”. 

Ex jueza María Laura Garrigós. Se anunció que será subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación e interventora en el Servicio Pentenciario Federal.

La reforma necesaria

Desde el CELS plantearon que es necesaria “una reforma a una legislación muy vieja del servicio penitenciario” porque “la regulación de la ley orgánica del servicio es muy antigua y está regulada con principios profundamente jerárquicos y militarizados”.

Según explicó Lanziano, ello implica que “está regulado como una fuerza de seguridad y hay que propender a que los servicios penitenciarios tengan bien delimitada la diferenciación entre la seguridad y el tratamiento (de los detenidos) que es su principal función”. Ello implica “que sea una agencia civil que tenga como objetivos el tratamiento y el acompañamiento de los internos y no principalmente la función de seguridad”, dijo el experto.

El otro eje necesario para abordar, de acuerdo al integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, es todo lo concerniente a la pandemia, hecho que está atravesado por “la sobrepoblación” en los penales.

Dijo que “hay que tomar medidas muy concretas por la sobrepoblación en coordinación con el poder judicial, para que dentro de la coyuntura que estamos teniendo se pueda prevenir una catástrofe en términos de pandemia”. Informó en ese sentido que actualmente hay varios casos de detenidos con Covid-19 pero la “situación está contenida”.

María Laura Garrigós es una ex jueza de 66 años, que hasta el momento de su jubilación el año pasado integraba la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires. Además, fue una de las fundadoras del colectivo Justicia Legítima, donde se desempeñó como presidenta de esa asociación civil integrada por jueces, fiscales y funcionarios de distintos ámbitos judiciales del país. (Ver más aparte)

Para Lanziano, más que la persona puntual de la interventora en el SPF, “hay que ver cuál va a ser el plan que se va a presentar” porque, entre otras cosas, “hay una reforma muy pendiente en cuanto a lo que implica la auditoría de Asuntos Internos”, y se deberían “hacer auditorías respecto de compras y qué tipo de maniobras económicas se manejaron, para ver en qué se invirtieron determinadas cuestiones”.

También mencionó la importancia de que “el programa de Asuntos Internos se establezca por fuera de la dirección nacional, para que haya un control externo civil de la actividad del servicio penitenciario”.