El proceso de un involucramiento directo del Estado en el complejo cerealero Vicentín dio un paso fundamental ayer cuando el subinterventor nombrado por el gobierno, Luciano Zarich, ingresó a la sede administrativa de la firma para hacerse cargo de sus tareas. Horas después, el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos al CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

Del encuentro entre el primer mandatario y el empresario, participaron integrantes del gabinete nacional y el gobernador Omar Perotti, titular del Ejecutivo de Santa Fe. En esa provincia están radicadas las principales instalaciones de Vicentín,

Anoche, el salir la reunión, Perotti declaró a la prensa que “si aparecen propuestas superadoras” a la expropiación, “el presidente está dispuesto a escuchar”. También anunció que el interventor Gabriel Delgado, nombrado por el Poder Ejecutivo, se reunirá hoy con representantes de la empresa.

Durante la tarde el designado subinterventor Zarich se hizo cargo del control de la firma al rubricar el acta de traspaso con integrantes del directorio en la ciudad santafesina de Avellaneda. El funcionario quedó al frente de la compañía tras firmar el acta con el escribano Carlos Gaitán y directivos de la firma.

El interventor designado por el ministerio de Economía -jerárquicamente por encima de Zarich- es Gabriel Delgado, hoy se reunirá con directivos de Vicentín, un conjunto de empresas investigadas por defraudación al Estado debido a créditos irregulares del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. 

Lo que dijo Perotti

Mientras en Santa Fe empezaba a actuar la intervención, Alberto recibió a Sergio Nardelli. El actual CEO (sigla en inglés de Chief Executive Officer, traducible como “director ejecutivo”) es nieto del fundador de la agroexportadora y el día anterior había mantenido una comunicación telefónica con el jefe del Estado.

Entre los funcionarios públicos que participaron del encuentro estuvieron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; así como la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; además del gobernador Perotti.

Este último, quien ofició como vocero de la reunión, confirmó al retirarse de la residencia de Olivos que la empresa aceptó la intervención estatal y que hoy directivos de la misma se reunirán con el interventor Delgado. 

También calificó de "diálogo muy productivo" a la instancia abierta por el gobierno tras el rechazo a la decisión oficial de sectores del empresariado y las protestas promovidas por Juntos por el Cambio y los medios de comunicación porteños más influyentes.

Según el mandatario santafecino, la expropiación "es un camino" en la negociación abierta y resumió la posición del gobierno del siguiente modo: “El presidente ha sido muy claro, el objetivo es el rescate de la empresa. La expropiación está dentro del diálogo, pero si aparecen propuestas superadoras el Presidente está dispuesta a escuchar".

También consideró que las prioridades para un acuerdo será, además del rescate de la empresa, "toda alternativa que permita que Argentina sea un jugador clave en la exportación de granos, con jugadores nacionales".

Nardelli no habló públicamente al retirarse. Por la tarde, al llegar a Olivos, dijo “vengo a conversar con el presidente, creo que la salida de la empresa (Vicentín) debe venir del sector privado”. 

Buscando obstáculos judiciales

La oposición política y corporativa al rescate del conglomerado empresarial cerealero por parte del Estado, apeló a fuertes estrategias en contra de la decisión presidencial desde los medios de comunicación y redes sociales, y además busca que el Poder Judicial ponga obstáculos al gobierno.

En ese sentido, legisladores y otros integrantes de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia en la justicia federal de Comodoro Py contra el presidente Alberto Fernández por la intervención de la compañía. Tras un sorteo, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini. 

El planteo lleva las firmas de Waldo Wolff, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Federico Angelini, Álvaro de Lamadrid, Marcela Campagnoli y Luis Petri. Este grupo de dirigentes macristas y radicales acusan al mandatario nacional por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El grupo Vicentín es una empresa investigada por defraudación al Estado mediante los créditos irregulares y millonarios otorgados por el Banco Nación cuando su titular era el economista Javier González Fraga, durante el gobierno de Macri. 

La institución crediticia le entregó 18.000 millones de pesos, de los cuales casi el 40% fue en noviembre del año pasado, cuando el entonces presidente ya había perdido la elección ante Alberto Fernández y faltaban apenas días para terminar su mandato.

Previamente, el conglomerado empresarial había destinado sumas varias veces millonarias de dinero para la campaña electoral en la que Macri intentó ser reelegido. Lo que está declarado en blanco es que aportaron 13 millones de pesos.