El juez porteño Roberto Gallardo, en una medida cautelar dictada este lunes, ordenó que el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) otorgue una computadora portátil, notebook o tablet a cada estudiante “que se encuentre en situación de vulnerabilidad social”, y que garantice el acceso a internet inalámbrica en los barrios populares.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que presentaron la demanda, sostuvo que “la irrupción de la pandemia de coronavirus trajo aparejadas una serie de nuevas e inesperadas circunstancias que pusieron de manifiesto y profundizaron las desigualdades a nivel digital”.

“Por ello, es imprescindible que en este marco se garantice el acceso a internet a todos los habitantes de la ciudad que lo soliciten y esencialmente se otorgue acceso a internet y computadora al estudiantado porteño”, enfatizó el militante.

La medida dictada sostiene que “en el plazo de cinco días” el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe proceder “a entregar a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero, y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, un dispositivo informático adecuado para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia”, indica el texto de la cautelar. 

Y en el mismo plazo, el juez ordena que “disponga la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la ciudad, de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre”. 

El amparo colectivo lo había iniciado el 12 de mayo el Asesor Tutelar a Cargo de la Asesoría del fuero número 2, y luego se sumaron el ya mencionado Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Ipypp (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, vinculado a Unidad Popular) y el Frente Salvador Herrera; otras organizaciones sociales y gremiales; y un conjunto de padres.

Derecho a la educación y “vulnerabilidad social”

Las razones de la presentación eran que el gobierno de Rodríguez Larreta no estaba garantizando “el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar obligatoria que asisten a los establecimientos educativos de gestión pública y que no cuentan con medios para continuar sus estudios mediante las plataformas virtuales, por encontrarse en situación de vulnerabilidad social”.

Los impulsores de la medida cautelar expresaron que al no estar garantizado ni el equipamiento ni la conectividad, la “política educativa estuvo limitada a los estudiantes que en sus respectivas viviendas contaran con un dispositivo digital, generando una clara desigualdad” respecto de quienes no cuentan con tales recursos.

En el texto que hizo lugar al planteo, el juez remarca que para acreditar la situación de vulnerabilidad social es necesario que “alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o del Estado Nacional”, o que los chicos “residan en villas, barrios de emergencia y asentamientos de la CABA”. 

A partir de esta resolución, las autoridades porteñas deberán instrumentar un registro de solicitantes del beneficio, y establecer “un mecanismo de entrega de los equipos”; y si los pedidos exceden los dispositivos disponibles, el gobierno deberá presentar “una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha”. 

En cuanto al acceso a internet, la medida dictada contempla que si no se puede instalar el servicio inalámbrico, el Ejecutivo de la ciudad tendrá que entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a la red a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.