La intervención y proyecto de expropiación del complejo cerealero Vicentin recibió apoyos políticos y sindicales, así como el previsible rechazo de sectores tradicionales del poder agropecuario, del macrismo y de los medios de comunicación más poderosos. Pero un paso importante en favor del proceso abierto por la decisión del presidente Alberto Fernández fue el anuncio a favor de “dialogar” con el gobierno argentino por parte de los grandes acreedores extranjeros de la compañía.

El Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó en un comunicado "su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales" para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello "contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía".

Dicho Comité se formó inmediatamente después de que se conociera, en diciembre del año pasado, el colapso financiero del grupo empresarial ahora intervenido. Ayer el grupo de prestamistas comunicó su propósito de "negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino".

"Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa", por lo que "como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité", indicaron fuentes conocedores del tema. El grupo lo integran seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

En total, la deuda del complejo cerealero asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

“Es excepcional”, dijo el presidente

Un día después del anuncio oficial, el presidente Alberto Fernández dijo ayer en declaraciones radiales que la intervención de Vicentin "es excepcional" y que "no está en la cabeza" del gobierno "andar expropiando empresas". Recordó que el gobierno se está "haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”.

Tal como lo había hecho al comunicar el lunes la medida adoptada, reiteró que es una decisión para "preservar una empresa muy importante del mercado cerealero" y para mantener "la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores". El jefe del Estado remarcó que "se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica". 

Empresarios agropecuarios

Las cuatro cámaras tradicionales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, se dividieron frente a decisión del gobierno nacional en torno del conglomerado empresarial cerealero.

La Sociedad Rural declaró que "ve con suma preocupación” a la medida, porque “las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar", advirtió la entidad ruralista más tradicional.

En cambio, el presidente Federación Agraria, Carlos Achetoni, manifestó su expectativa en que la intervención no resulte un "pasamano de una empresa concentrada privada a otra empresa privada". Abogó en favor de que “el productor pueda cobrar las deudas de Vicentin y mantener las fuentes de trabajo es importante".

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su titular Jorge Chemes afirmó “no nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país”. Agregó “no sabemos bien cómo son los términos de la intervención y si hay proyecto privado, pero la fe está puesta en la oposición (en el Congreso) para que no avance este proyecto", agregó.

Para Carlos Iannizzotto, el presidente de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), dijo que habiendo un proceso judicial de por medio a la intervención habría que canalizarla. "Es motivo de preocupación que haya un equilibro y una responsabilidad de eludir la deuda y que esta pase al pueblo, que le herede sumas que no tienen que pagar de una deuda que no le corresponde", indicó.

Opiniones políticas y sindicales

Uno de los apoyos políticos importantes a la intervención provino del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Dijo que “vamos a acompañar” al designado interventor, Gabriel Delgado, “en el resguardo de los intereses de los santafesinos, por lo que significa Vicentin, con las dificultades que tuvo en este último tiempo y la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”.

Entre los referentes políticos que más enfáticamente apoyaron la decisión presidencial estuvieron parlamentarios del Frente de Todos, como la senadora Anabel Fernández Sagasti, el diputado santafecino Marcos Cleri, su par rionegrina Graciela Landriscini, y el legislador y líder sindical Hugo Yasky.

Desde Consenso Federal, el sector de Roberto Lavagna, expuso sus reparos el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez. Dijo que “hay que tener cuidado con la litigiosidad que puede traer al Estado dado que Vicentin es socio de algunos campeones globales de litigiosidad", y recordó que "ya hubo una experiencia similar con la estatización de YPF y no debería repetirse".

Los rechazos más previsibles provinieron del macrismo. La exministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, señaló que “ahora la deuda de Vicentin es de todos los argentinos”, y calificó a la medida del gobierno como “un verdadero abuso de poder” porque según su criterio la Constitución dice que “lo privado es privado".

También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, manifestó su oposición a la intervención y expropiación al afirmar que "hay que salvar a las pymes y no socializar un problema de una empresa: si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes".

Desde el sindicalismo, la Asociación Bancaria liderada por Sergio Palazzo calificó a la decisión presidencial como “justa y necesaria”. Apuntó que el Banco Nación, “con manifiesto tráfico de influencias durante el gobierno de Cambiemos, fue comprometido con una ingente asistencia crediticia de 18.000 millones de pesos y, luego del resultado electoral de 2015, Vicentin se negó a cumplir los pagos a los que estaba y está obligada". 

El sindicato Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), dijo a través de su titular Ramón Ayala que "es correcta" la decisión del Gobierno dada la situación financiera de la cerealera y el riesgo que corren "más de 4.000 trabajadores".