Claudio Lozano, economista e integrante del directorio del Banco Nación, que investigó la deuda que la entidad bancaria tiene con la empresa Vicentin, sostuvo que la intervención “es una decisión sumamente atinada” porque le permite al Estado “la preservación de la empresa”, la continuidad laboral “de los más de 3.000 trabajadores”, y que la banca pública y los productores agropecuarios “vayan cobrando su deuda”. También posibilita llevar adelante “la investigación de los ilícitos” de los dueños para que se hagan “cargo con su patrimonio y con los dólares y dinero que tienen en el exterior, de buena parte de la deudas que están planteadas”.

Lozano señaló que hay cuatro elementos positivos con esta intervención porque el gobierno va a poder tener “más dólares” ya que la empresa no declaraba en el país lo exportado; más “recursos para el Estado” porque va a cobrar mayores retenciones; puede mejorar “los precios para pequeños y medianos productores” y le da “la posibilidad de encarar una estrategia que permita generar una gran empresa pública en el sector de alimentos”.     

“Es una decisión sumamente atinada”, indicó a y sostuvo que “había una amenaza cierta de una masa de extranjerización del sector del comercio de granos y de la oferta de divisas del país”, además de remarcar que este “grupo empresario estafó a los trabajadores, a los productores agropecuarios y a la banca pública y desde diciembre está paralizado”.

Lozano consideró que “la intervención le abre la puerta a la preservación de la empresa, a la posibilidad de que los más de 3.000 trabajadores puedan tener una continuidad de la fuente laboral, y a que de manera inmediata o asociándose en función de utilidades futuras, tanto la banca pública como los  productores agropecuarios vayan cobrando su deuda”.

El gobierno decidió el lunes la intervención de lo que era la sexta compañía en el mercado de granos del país y la principal empresa en el negocio de molienda de oleaginosas, ya que cuenta con una capacidad de 29.500 toneladas diarias, aunque su deuda total asciende a cerca de 100 mil millones de pesos y se encuentra en concurso de acreedores.

El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con 18 mil millones de pesos, que le prestó parte de ese monto cuando el macrismo ya había perdido las elecciones y la empresa no era solvente; le sigue el Banco Provincia de Buenos Aires con 1.814 millones, el Hipotecario con 752 millones y otras entidades privadas y públicas.

“También habrá que identificar todo lo que ha pasado con los manejos que ha hecho el grupo Vicentin porque están claras las operaciones de triangulación que con sus empresas subsidiarias en Paraguay, en Uruguay, en Panamá y demás, ha llevado adelante y que por un lado implican la no liquidación de divisas en el país, la reducción de la base imponible sobre la cual se calculan las retenciones a la exportación, en concreto, las operaciones que implica el comercio de cereales en negro a través de Paraguay”,  describió el director del Nación.

El economista remarcó que Vicentin tiene empresas off shore en Panamá “donde seguramente” está “parte del dinero que durante todo este tiempo” ganó la empresa; “que ha tenido una expansión formidable y que de repente le dijo a todos sus acreedores que no puede pagar nada cuando; no hizo otra cosa que crecer en los últimos 4 años de la gestión de Macri”. 

De esta manera “la investigación de los ilícitos permitirían que los dueños de Vicentin tuvieran que hacerse cargo afrontar buena parte de la deudas que están planteadas con su patrimonio y con los dólares y dinero que tienen en el exterior”.

Sobre los paralelismos que desde la oposición plantean con los juicios que perdió el Estado con la estatización de YPF, Lozano señaló que “si la intervención en estos 60 días investiga las maniobras delictivas y fraudulentas del grupo Vicentin, no me parece que haya lugar para planteos legales que puedan complicar la situación”.

“Es muy importante que la intervención tome cartas en ese asunto, como modo de morigerar los costos que pueda tener el Estado en el proceso de apropiación”, agregó.

El ex diputado nacional insistió en que la intervención viene a “resolver el daño general que ya estaba producido” porque “toda la banca pública actuó como garantizando la asistencia financiera en el descomunal proceso de expansión que Vicentin tuvo en los 4 años del gobierno de Macri”.

En ese periodo, aseguró, “pasó de ser la empresa número 19 en las primeras 200 a ser la numero 6, y a ser la primera cerealera cuando era la cuarta; y lideró la exportación de harinas y de aceites en el 2018, por lo que se transformó en un coloso del sector y en ese contexto de repente defaulteó a todo el mundo”.

Las cuatro potencialidades

Lozano explicó que a partir de esta intervención hay cuatro niveles donde Vicentin puede aportarle al Estado y al país para mejorar económicamente.

En primer lugar, “hay un flujo de divisas directo que le va a ingresar al Estado argentino, en mayor magnitud de dólares, y más recursos por recaudación en el comercio exterior; porque Vicentin hacia fraude con las divisas”.

Describió que en Paraguay, la empresa tenía “6 o 7 empleados, no tenía ninguna planta productiva y era la segunda exportadora de soja”; hecho que se explica porque “los barcos venía vacíos de Paraguay” y en el puerto de San Lorenzo en Santa Fe, “Vicentin llenaba esos barcos que seguían su ruta”.

Por lo tanto, “declaraba 200 millones de dólares anuales de granos a través de Paraguay” pero “salían de la Argentina” y “no liquidaba ni los dólares, ni pagaba las retenciones, ni los impuestos correspondientes”.

El segundo punto tiene que ver con poner en evidencia “estas maniobras de triangulación entre empresas vinculadas”, que no “es solo un fenómeno de Vicentin” sino que está “extendido en el comercio de granos y de cereales; porque lo realizan todas las transnacionales”.

“El hecho de que el Estado actúe en ese sector permite avanzar en el blanqueo de un comercio que es muy poco transparente, porque la operatoria de Vicentin puede desnudar lo que es el modo en que están funcionando otras cerealeras”, indicó.

El tercer punto tiene que ver con la “relación con los pequeños y medianos productores que le venden la producción a estas empresas de comercialización y de procesamiento”, continuó Lozano quien aclaró que “la Vicentin pública puede no hacer uso de posición dominante de carácter monopólico como hacía y consecuentemente pagarle mejor a los productores y eso también impacta en términos de referencia para el resto de las grandes cerealeras”.

Por último, si se reorienta “la estrategia de la empresa, porque no está orientada a la producción de alimentos” para que pueda “intervenir con potencia en el mercado” alimenticio. 

“Hoy es una empresa exportadora de comodities dominantemente, nada quita que se vaya reorientando la producción de manera que si bien se mantenga la salida exportadora, al mismo tiempo se vayan derivando rentas e inversiones para ir armando una empresa pública de alimentos que nos permitan producción de alimentos de buena calidad y a bajo precio para intervenir en el mercado”, explicó Lozano.

Y concluyó que de este modo se puede “regular algo que es una vergüenza, un país que tiene la potencialidad de la Argentina en materia alimentaria, tiene alimentos carísimos, con el impacto negativo que tiene sobre el salario real y sobre los ingresos de los que están en peor situación”.