Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, sostuvo que el decreto del gobierno nacional que prohíbe despidos y que fue prorrogado el martes por 60 días “es una medida contundente” y que resolvió “eficazmente” ese problema, pero advirtió que hoy “las rebajas salariales” son el inconveniente “más grave que tiene el mercado de trabajo”.

“Resuelto eficazmente el tema de los despidos, las rebajas salariales constituyen el problema más grave, porque si bien el mismo decreto que prohibió los despidos también prohibió las suspensiones por fuerza mayor, cuya consecuencia es la rebaja salarial, una serie de hechos posteriores y acciones del propio Estado terminaron convirtiendo lo que era una excepción en una regla”, indicó el abogado laboralista a .

Explicó que “por un lado el acuerdo entre la cúpula de la CGT y la UIA, y por el otro unas resoluciones del ministerio de Trabajo, hacen que cualquiera que se presente con la pretensión de reducir salarios, como mínimo un 25% pero en muchos casos es mayor, no tenga ningún tipo de obstáculo legal y administrativo”.

Para Cremonte, lo que se empieza a instalar es “la teoría del esfuerzo compartido”, que implica que en la crisis por la pandemia “tienen que poner el hombro empresarios y trabajadores del mismo modo; y desde luego ese no es el sentido del aislamiento”.

“El mismo decreto del aislamiento estableció que ningún trabajador o trabajadora por quedarse en su casa y no ir a trabajar debería tener ningún tipo de reducción salarial, sino que debían tener los mismos ingresos”, aclaró sobre este tema.

Y agregó que “sin embargo, se está transformando en una situación generalizada la reducción de salarios a pesar de los aportes que está haciendo el Estado en empresas desde el punto de vista de las cargas patronales, de la subvención de tasas de interés de créditos y hasta de pagos de hasta casi el 50% del salario”.

“Contundente” contra los despidos

El gobierno nacional prorrogó este martes y por 60 días “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, que había sido establecido por medio del decreto 329/2020 el 31 de marzo, poco después de iniciada la cuarentena.

Cremonte explicó que esta prórroga es una “medida contundente porque de algún modo el despido se transforma en imposible”. Sostuvo que “no hay forma de sustituirlo ni siquiera con una indemnización agravada”, y además “la consecuencia de violar la prohibición de despido es la obligación de reinstalar al trabajador o a la trabajadora”. 

A partir de esta norma, el abogado describió que si los despidos igualmente se producen, cuando son judicializados “en todos los casos que conocemos y que van surgiendo en muchos tribunales del país, lo que se ordena es la inmediata reinstalación” del empleado en su puesto.

En referencia a los 30 despidos que se dieron en la empresa Techint esta semana, el especialista en derecho del trabajo sostuvo que “podría ser lo mismo” que ocurrió con los 1.500 que se produjeron antes de la prohibición, y que “tuvieron que ver con trabajadores de la construcción, que es un trabajo estacional y temporal, que tiene un régimen especial y que prevé que al término de la obra el trabajo termina”; al menos eso dijo la empresa.

“No sabemos si había terminado una obra o pareció ser una medida más bien destinada a condicionar al gobierno nacional con alguna medida económica, sobre todo en el contexto que se dio”, completó el abogado.

Consideró que “cuando son despidos colectivos y hay un conflicto, lo que ocurre normalmente es que actúa el ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria, lo cual hace que tengan que ser reincorporados por lo menos mientras dure la negociación”, dijo, aunque aclaró que “no está ocurriendo esto”.

El otro problema que según Cremonte puede afectar a los trabajadores es el de las empresas que cierran “porque quiebran”. Pero en estos casos “eso es inevitable, ahí no hay prohibición de despidos que valga” porque tiene que “ver con otra situación y debiera disparar otros resortes del Estado para atender tanto la situación de las empresas para que no quiebren, como la de los trabajadores para que puedan seguir manteniendo sus ingresos”, explicó.