El gobierno nacional fijó ayer condiciones a las grandes empresas -de más de 800 empleados- que recibirán ayuda del Estado para pagar una parte de los sueldos en el marco de la emergencia por el coronavirus. Las restricciones apuntan a evitar que, mientras obtienen fondos públicos, se repartan dividendos entre sus accionistas o especulen con el dólar para fugar divisas del sistema financiero. Ya hay 141 empresas con 260  mil trabajadores que accedieron a este beneficio.

A través de sendas normas legales, las autoridades profundizaron los controles para las compañías de ese volumen económico que solicitaron el beneficio del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), conocido como “salario complementario”, por el cual el Estado abona el 50%, hasta un máximo equivalente al doble de un haber mínimo (33.750 pesos).

Según surge del Acta Número 11 emitida por el Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, publicada ayer junto a la decisión administrativa 721/2020 en el Boletín Oficial, las empresas que reciban el sostén monetario estatal deberán cumplir, además de las iniciales, otras cuatro condiciones.

Esos requisitos son que no pueden distribuir utilidades, comprar sus propias acciones; ni adquirir bonos para después fugar los dólares. Asimismo, tampoco pueden realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o no que estén radicadas en paraísos fiscales.

Además, esas condiciones rigen por 12 meses con posterioridad a haber percibido el beneficio, y en aquellas empresas que poseen más de 800 empleados el periodo se extiende por 12 meses adicionales; es decir que por dos años deberán cumplir con las mismas.

“La importancia del ATP radica en que el dinero va directamente al bolsillo de los trabajadores, funcionando como una herramienta que protege el empleo y sostiene el ingreso de las familias, llegando a casi a 2.5 millones de personas que van a contar con esta ayuda", indicaron a fuentes del gobierno a la agencia de noticias Télam.

Explicaron que "para las empresas de menos de 25 empleados, el salario complementario significa el 70% de lo que perciben los trabajadores”. Agregaron que “mientras que en las que poseen más de 800 empleados, este porcentaje se reduce a 50%, por lo que se trata de un programa progresivo, dándole más a los que perciben menor salario".

Respecto de los controles, "entre los compromisos legales que tienen que asumir las empresas grandes por recibir el ATP, se destaca que por el transcurso de 24 meses desde que recibieron la ayuda económica del Estado, no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares ni realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas en paraísos fiscales", dijeron desde ámbitos gubernamentales.

“Es para beneficiar a las pymes” 

Existen dos condiciones que todas las empresas, independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan, deben cumplir para que estos perciban el salario complementario.

Los requisitos son que los empleados deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las empresas haber experimentado una facturación de hasta el 5% nominal positivo, si se compara el periodo 12 de marzo al 12 de abril de 2020 respecto del mismo lapso de 2019.

“El ATP, instrumentado principalmente para beneficiar a las pymes nacionales que son las grandes generadoras de empleo, no puede legislar hacia atrás, es decir en función de lo que los empresarios hayan hecho o no en el pasado", explicaron las fuentes.

Respecto de las pymes beneficiadas hasta el momento, detallaron que las firmas con "menos de 800 empleados son 247.000, con más de 2 millones de trabajadores en su plantilla".

En tanto, las empresas grandes beneficiadas hasta el momento "son 141 con más de 800 empleados que ya han percibido el salario complementario, en las que desempeñan sus tareas unos 260.000 trabajadores". 

Críticas de Parrilli

El hecho de que las grandes empresas con cuestionables antecedentes accedan a la asistencia económica del Estado para abonar los salarios de su personal, había sido criticada por el senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli, del Frente de Todos, quien integra la Comisión de Seguimiento y Control de la Deuda Externa de la Cámara.

“No me parece correcto que el Estado le pague los sueldos a las empresas que fugaron plata y siguen comprando dólares", dijo en declaraciones periodísticas el legislador peronista. Agregó que “lo que tenemos que investigar es si se cometieron ilícitos y la participación de funcionarios del macrismo en la fuga de divisas”.

A fines de la semana pasada, una investigación periodística reveló que “Techint y Clarin son dos de las empresas más grandes del país, tienen fuertes ganancias que aún en este contexto reparten entre sus accionistas, en el caso de la industrial sus dueños o familiares blanquearon millones durante el macrismo y despidieron trabajadores en plena pandemia, y ambas tienen cuentas en guaridas fiscales”.

La información agregaba que “aun así el gobierno las incluyó en el programa de ayuda para el pago de sueldos”. Además, “no son las únicas”, remarcaba informe del periodista Ari Lijalad publicado por el portal El Destape.

Ese medio “reunió información de otras grandes empresas que aprovechan esta situación mientras miles de pymes no acceden a los fondos estatales. Entre ellas está la multinacional Viacom, un gigante de las comunicaciones que controla Telefé”. 

Además, “la ayuda del Estado tampoco se justifica si se miran las ganancias de las empresas del grupo Techint. Ternium ganó 20.000 millones de pesos en 2018 y 11.000 millones en 2019; Tenaris informó que ganó 873 millones de dólares en 2018 y 444 millones en 2017”, precisó la investigación periodística.