Desde que impuso el aislamiento social obligatorio, el Estado lleva invertido a través de la Anses alrededor de 162 mil millones de pesos, equivalente al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) que tuvo el país el año pasado, monto que le permitió asistir al 62,4% de los hogares de la Argentina.

Esto se desprende de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), donde se destaca que la política principal que llevó adelante el gobierno desde que empezó la cuarentena, esto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), “implicó un ingreso monetario de 10.000 pesos a más de 8,3 millones de familias, logrando ser la política de mayor cobertura y de mayor poder de compra transferido en la región”.

El documento de la Undav también consigna que “de la comparación del IFE con otras políticas similares de la región, se observa que la política implementada por Argentina resultó, en cuanto al grado cobertura, la de mayor alcance, y en cuanto al monto transferido, la de mayor capacidad de compra”. 

Destaca en ese contexto que “el esfuerzo fiscal que hizo el gobierno, en función del PBI, también es el más importante de la región”.

En la comparación regional con otros países que “también registran complicaciones de formalidad del empleo y población en situación de vulnerabilidad”, los investigadores universitarios verificaron que “Argentina es el país de mayor cobertura de hogares, alcanzando un total de 8,3 millones de familias, que representan el 62,4% del total, mientras que Brasil, el segundo país en cuanto al monto otorgado en dólares, cubre tan solo el 23,5% de los hogares registrados en el país”.

Cuando analizan el universo de los beneficiarios del IFE, desde el Observatorio autor del trabajo explican que el 61%, esto es casi 5 millones de personas, “registran relaciones no formales de empleo”, mientras que un 28,8%, casi 2,4 millones de personas son receptores de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignación Universal por Hijo por Discapacidad.

Al mismo tiempo, el 8,5%, o sea alrededor de 700.000 personas, están registrados como monotributistas y trabajadores o trabajadoras de casas particulares; y el 1,7% son los beneficiarios de planes sociales incorporados en una segunda instancia.

A través del Ingreso Familiar de Emergencia, “el Estado invirtió más de 80 mil millones de pesos, un 0,38% del PBI, para asistir económicamente a más del 60% de la población”.

Además de esta política, la Anses también pagó un bono extraordinario a más de 8,3 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUH-Discapacidad y AUE, que representó una inversión de casi 27 mil millones de pesos cubriendo al 63% de este universo.

Por el lado del sector productivo, el gobierno decidió entre otras medidas, llevar adelante el programa ATP, también instrumentado por la Anses, que “pagará hasta el 50% del salario de más de 186 mil empresas, alcanzando a 1,3 millones de trabajadores que, junto con la reducción de contribuciones y el aumento del seguro de desempleo implican un esfuerzo fiscal de más de 40 mil millones de pesos”. 

Otros beneficios que destacaron los economistas de la Undav son los subsidios de la Tarjeta Alimentar que recibieron los beneficiarios de AUH, hasta 6 años y AUE; que fue de 4.000 o 6.000 pesos según el caso y “se espera un refuerzo igual a un subsidio extra”.

El peso del macrismo

En el informe, se señala que la crisis generada por el coronavirus se monta sobre el mal “desempeño macroeconómico de los últimos dos años”, periodo del gobierno macrista en el cual “cayeron todas las variables, exceptuadas las exportaciones en 2019”. 

“Sumado a la caída del nivel de actividad, el empleo formal también fue mermando: la tasa de desempleo pasó de 7,2% en el 4to trimestre de 2017 a 8,9% en el mismo trimestre de 2019”, precisó el Observatorio de la Universidad de Avellaneda.

Y agregó que en el mismo período “se produjo una proliferación de monotributistas de bajas categorías: los cuentapropistas pasaron de representar el 21,2% del total de ocupados al 22,7%; y la tasa de informalidad aumentó más de 1 punto” sobre el total de la población económicamente activa.