La renegociación de la deuda hasta 2025 permitiría multiplicar recursos en jubilaciones, salud e ingresos familiares de emergencia y lo haría unas 12,9 veces más en el primer caso, 25,1 en el segundo y 28 veces en el tercero, según refleja una estimación incluida en el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

Los economistas de Undav explicaron que el panorama de vencimientos actual, entre 2020 y 2030, implica desembolsos por 73.400 millones de dólares, y  en el corto plazo, hasta 2023, de 27.500 millones de dólares, por lo que “en los próximos cuatro años, y solo de los bonos a reestructurar, habría que destinar el 7,6% del PIB actual para continuar con el cronograma de pagos sin alteraciones”.

Mañana vence el plazo para que los bonistas brinden una respuesta sobre la propuesta de reestructuración de la deuda emitida en moneda extranjera que realizó el gobierno y un nutrido grupo de economistas encabezados por el premio Nobel Joseph Stiglitz publicó una carta de respaldo a la iniciativa argentina titulado: “Es esencial la reestructuración de la deuda privada argentina”. 

“En el contexto” de la “emergencia global” por la Covid-19, que “ha empujado a la humanidad hacia la peor recesión mundial en los tiempos modernos, Argentina encabeza su proceso de reestructuración de la deuda pública de manera constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos nacionales”, indicaron en la publicación.

Y señalaron que la propuesta “presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible”.

Entre los firmantes se encuentran más de 130 economistas estadounidenses, europeos, latinoamericanos y de distintas corrientes como Edmund Phelps, Carmen M. Reinhart, Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia; Dani Rodrik de Harvard Kennedy School; Thomas Piketty de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales; Mariana Mazzucato de University College London; y Kenneth Rogoff , ex economista jefe del FMI.

En la carta dejaron en claro que “un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes” y remarcaron que “es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe” porque “una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto”.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, agradeció vía twitter “el apoyo de economistas de todo el mundo” y sostuvo que “Argentina conserva el optimismo de poder llegar a un acuerdo con nuestros acreedores que permita restaurar la sostenibilidad de nuestra deuda y hacer posible la recuperación económica luego de la Covid-19”.

A pesar de que el día 8 es el fin del plazo para la negociación, el gobierno tiene la potestad para postergar esta fecha y seguir intentando alcanzar un acuerdo para que se alcance un recorte de 37.900 millones de dólares en intereses y 3.600 millones en capital, además de “alargar los plazos de pagos a través de los nuevos bonos que ofrece el gobierno”, según indicaron los especialistas que trabajaron en el informe del Observatorio de la Undav.

“En el hipotético escenario de aceptación del 100% de la propuesta, se proyecta que recién en el último año de gobierno se destinarían 334 millones de dólares en intereses (0,1% del PIB), mientras que si sumamos un período de gobierno más, hasta 2027, se destinarían al pago de intereses y amortizaciones 11.111 millones de dólares, representando 3,1% del PIB actual”, calcularon.

EL documento presenta una estimación sobre los posibles destinos de los fondos que se ahorran con la renegociación de la deuda hasta 2025, que serían 12,9 veces más para las jubilaciones; 25,1 veces más de presupuesto para el ministerio de Salud y 28 veces más del ingreso familiar de emergencia.

El comportamiento de los bonos

El documento publicado por Undav sostiene que “si bien la propuesta fue rechazada por los acreedores, al tener conocimiento sobre la oferta empiezan a tener certezas de lo que está dispuesto a pagar el gobierno para evitar una cesación de pagos”. 

Esto genera un efecto positivo que redundó en que la mayoría de los bonos argentinos hayan mejorado su precio ya que de ocho, 6 aumentaron su cotización.