En el marco de la pandemia del coronavirus, mientras en la ex villa 31 de la ciudad de Buenos Aires los casos aumentaron de a 57 en una semana, el gobierno porteño se declaró ante la justicia incompetente para garantizar el agua potable, luego de que un grupo de mujeres referentes de los barrios populares presentaran un amparo por la falta de ese servicio básico indispensable para la higiene preventiva ante el Covid 19.

“En este contexto de precariedad sanitaria, donde uno de los pilares para poder hacerle frente a esta pandemia es la higiene personal y el lavado de manos, resulta absolutamente inadmisible que el 15% de nuestra ciudadanía porteña no pueda acceder formalmente al agua”, declaró a la ingeniera María Eva Koutsovitis, una de las denunciantes.

La profesional, que integra la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires y además milita en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ippyp), remarcó la necesidad de que “la justicia falle y que obligue al gobierno de la ciudad a garantizar el acceso a este bien esencial que es el agua, y sobre todo en este contexto de coronavirus y dengue”.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respondió ante la justicia que el único responsable de garantizar el agua potable en las villas es la empresa AYSA (Agua y Sanenamientos Argentinos) y que la provisión del vital elemento no es su competencia. “Es muy preocupante”, indicó la denunciante, porque “el titular del servicio es el gobierno de la ciudad, que luego lo concesiona a través de AYSA”.

“Es muy difícil el aislamiento en hogares hacinados”, dijo Koutsovitis.

Ayer el diario La Nación confirmó que hay 57 infectados de coronavirus en el barrio Carlos Mugica, ex Villa 31, cuando el lunes había solo 2 comprobados, y también se registraron otros casos en la Villa 15, Villa 20, y en la 1-11-14, por lo que contabilizan 124 casos.

“Es decir que hay circulación del virus en los barrios populares, donde está restringido el acceso al agua y donde además las posibilidades de llevar adelante el aislamiento en los hogares hacinados es muy difícil”, enfatizó Koutsovitis.

Otro de los problemas que denunciaron es que desde hace 6 días no hay agua en el barrio Carlos Mugica, y hay problemas que empezaron una semana atrás con el abastecimiento en el complejo Piedrabuena y en barrio Scapino. 

La ingeniera y militante social dijo que “en este escenario de Covid 19 y de dengue, la precariedad sanitaria y ambiental en la que viven aproximadamente 400 mil habitantes de la ciudad pone en riesgo su salud y su integridad”. Agregó que “en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires las familias pasan largos períodos sin poder acceder al agua, son asistidos mediante camiones aguateros, y las precarias redes que abastecen a los hogares muchas veces están contaminadas con líquido cloacal”.  

Dijo que “lamentablemente en la ciudad la prioridad son los negocios de unos pocos y no garantizar los derechos del conjunto de nuestra ciudadanía, y este escenario de pandemia, de crisis económica y sanitaria, solamente amplifica las precariedades urbanas, donde se hacen negocios con las viandas en los comedores escolares, con las obras que no se ejecutaron como debían, sobreprecios en la compra de barbijos”, describió Koutsovitis.

La acción de amparo con cautelar, impulsada en una ciudad donde 1 de cada 7 porteños no acceden formalmente al agua, solicita que se garantice al 100% de los hogares porteños conexión formal y segura al agua potable.

Añade que “de manera urgente le solicitamos que lleve a cabo un conjunto de acciones, que garantice el agua en cada hogar, que entregue agua a granel mediante camiones cisterna, que garantice un tanque donde almacenar agua segura, y que diseñe un plan de contingencia”.

Tres casos de compra de barbijos con sobreprecios

También respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), el Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtió públicamente sobre un tercer caso de sobreprecios en la compra de barbijos por parte de las autoridades porteñas.

“El GCBA compró a la empresa Licicom 60 mil barbijos tricapa a 59,87 pesos por unidad, con un sobreprecio de casi el 100% sobre el valor de mercado equivalente a un millón y medio de pesos”, sostiene un informe la organización denunciante, y agrega que “cuando compra directo a fabricantes lo hace a 30 o 35 pesos”.

En el documento explican que “esta misma empresa oferta al público barbijos por Mercado Libre un 20% más barato, a 50 pesos la unidad en un costo al por menor”, además de ser una empresa que “desde el año 2014 hasta ahora resultó adjudicataria de aproximadamente 90 contrataciones y licitaciones”, en las cuales “vendió al GCBA desde instrumentos musicales, materiales deportivos, luminarias, sillas y hasta jardines verticales artificiales”. 

Jonatan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio, señaló que “hasta ahora hay tres casos de sobreprecios de barbijos, en la única que se presentó denuncia penal fue en el primer caso donde el juez ordenó allanamientos al gobierno y a la empresa”.

Precisó que “en el primer caso eran 15 mil barbijos a 3.000 pesos cada uno, lo que da un monto de contratación de 45 millones, y de allí la mitad o un tercio del monto es de sobreprecio”. A su vez, en el segundo caso fueron 6 millones de barbijos a intermediarios por un sobreprecio de alrededor de 200 millones de pesos”.

El profesional y militante explicó a que “cuando aparecen intermediarios aparecen sobreprecios”, y agregó que el mecanismo que permite esto es el de las contrataciones directas “que es una herramienta que hace falta en épocas de crisis, pero la están empleando para orientar la oferta, y únicamente invitan a empresas que tienen connivencia con funcionarios”.

“La diferencia con la licitación pública es que el gobierno publica en el Boletín Oficial que necesita insumos y se presenta cualquiera que esté interesado, pero cuando son contrataciones directas nadie se entera que el gobierno está por contratar o comprar insumos, salvo las empresas a las que el gobierno les manda una invitación formal”, explicó Baldiviezo.

“No invita a ofertar a las empresas que fabrican sino que lo hace solo con los intermediarios, que son cuasi fantasmas, o son, como en el tercer caso, una proveedora intermediaria del gobierno, y por lo tanto, en lugar de invitar a proveedores de insumos médicos invita a estas empresas”, concluyó.