Mariano Lanziano, coordinador del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se refirió a la discusión que instalaron sectores de la oposición sobre la supuesta prisión domiciliaria otorgada a más de 2.000 presos, y destacó que “no se están liberando con la intensidad que se está planteando en el debate público”, además de remarcar que “los poderes del Estado” deberían tomar decisiones “que estén a la altura de las circunstancias en términos de lo excepcional que estamos viviendo a nivel mundial”.

Lanziano señaló que “el porcentaje” de liberados “es mínimo respecto de la cantidad de personas alojadas, por ejemplo, en el servicio penitenciario bonaerense, donde hay casi 52 mil personas” y aclaró que “ni siquiera los números que hablan de más de 2 mil personas, y que están inflados”, implican “una porción importante de esa sobrepoblación”.

Para el especialista, “no está habiendo incluso la cantidad de liberados que deberían” y planteó la necesidad de que haya una “reacción política” mediante “un acuerdo entre los distintos poderes del Estado que coordinen con criterios claros” esas prisiones domiciliarias, para “que no pongan en riesgo a la víctima”.

“Es necesario generar espacio para poder contener una posible pandemia en el encierro que es casi certera, ya que en todos los países el virus ingresó a la cárcel y en todos los países esta discusión se volvió vigente”, destacó Lanziano a .

En el país se generó un debate luego del motín en la cárcel de Devoto, donde los presos exigieron mejores condiciones a raíz de la pandemia del coronavirus y hay al menos dos casos confirmados en esa penitenciaría y uno en el servicio penitenciario federal.

“Dadas las condiciones de hacinamiento que hay es muy difícil contener el virus, que no se expanda y lo que va a hacer es poner en crisis el sistema de salud en su totalidad”, explicó el director del CELS. Advirtió que “el sistema sanitario se pone en riesgo al haber un foco infeccioso grave en una unidad penitenciaria, porque en las cárceles se atienden cuestiones primarias de salud y los presos se internan en hospitales públicos fuera de la cárcel”.

Por eso Loizano consideró que “lo que se pone en juego también es la efectividad de los esfuerzos que están haciendo todos los argentinos respecto de la cuarentena para mantener la curva de contagios y que no colapse el sistema sanitario”.

“Es necesario que los tres poderes del Estado, los legisladores, el Poder Judicial, que tienen la responsabilidad constitucional del control de la situación de las cárceles, y el Poder Ejecutivo, tomen decisiones que estén a la altura de las circunstancias, en términos de lo excepcional que estamos viviendo a nivel mundial”, remarcó y aseguró que esas “medidas no se están tomando”, solo hay “pequeñas iniciativas de distintos funcionarios” pero “no está habiendo un movimiento sustancial en términos de liberar personas”.

Lanziano mencionó que se pueden pensar medidas para “descomprimir” la situación a partir de dar prisión domiciliaria a “personas con delitos leves o penas leves, con penas menores a 3 años o 6 años; a personas que están a punto de cumplir la pena, que la terminen en sus casas; o incluso en personas que tienen la posibilidad de acceder a la libertad condicional y no se la están dando”.

“Sabiendo que las cárceles en estas condiciones no pueden responder a un posible infectado, sabiendo de que hay riesgo cierto de que esa persona fallezca, humanitariamente se piensa en la posibilidad de ir a una prisión domiciliaria que debe tener y contemplar las condiciones de seguridad de las víctimas de los hechos y son prisiones domiciliarias que podrían someterse a distintas limitaciones como por ejemplo, que sean de la duración de la pandemia”, aclaró.

Hacinamiento y presos sin condena

El integrante del CELS definió la situación como “bastante compleja”, y explicó que “lo que muestra lo que pasó en Devoto y lo que está pasando en distintas partes del país, es la eclosión de un sistema que viene colapsado hace años, donde la sobrepoblación y el hacinamiento viene acumulándose durante por lo menos 20 años en el país como resultado de una política que pone al encierro y a la cárcel como única respuesta a la demanda de seguridad”.

“La falta de utilización de medidas alternativas, de un sistema que encarcela indiscriminadamente hace que las cárceles terminen sobrepobladas y hacinadas, y este hacinamiento en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, donde la única medida viable para la prevención de los contagios es el distanciamiento social, se vuelve prácticamente imposible”, consideró y agregó que “eso mezclado con la administración violenta de las cárceles que venimos denunciando hace años, las prácticas violentas, todo este tipo de cuestiones hacen que sea un combo explosivo”.

El otro problema que mencionó Lanziano es el de la prisión preventiva, ya que indicó que el promedio nacional es de un 50% de personas encarceladas con prisión preventiva.

“El abuso de estas medidas hace que se encarcele indiscriminadamente con bajos estándares probatorios, no se llegue a juicio y entonces no tienen sentencia que corrobore efectivamente que fueron esas personas las que cometieron los hechos, y eso entre otros factores, va llenando las cárceles cada vez más”, explicó.