El economista y dirigente político Claudio Lozano, actual integrante del directorio del Banco Nación, dijo que la propuesta de reestructuración de deuda que presentó el jueves el gobierno “tiende a resolver lo más inmediato que es garantizar que en el período de gestión no haya que afrontar pagos”, y consideró que “aunque no está clara la situación a partir del 2023”, es importante que Argentina “sostenga el planteo y no retroceda, si es que los bonistas toman la actitud de no querer aceptar”.

En declaraciones a , dijo que “no queda todavía muy claro, por lo que hasta el momento ha dicho el ministro, qué es lo que se plantea desde el 2023 para adelante”. Precisó que “no está claro cómo se va a plantear la amortización de capital, ni tampoco que lo que se formule se haga sobre la base de que Argentina pueda tener recursos propios para enfrentar el endeudamiento”. 

El referente del partido Unidad Popular advirtió que el país “ha perdido una oportunidad al no realizar una auditoría de la deuda pública”, ya que este “mecanismo hubiera fortalecido mucho más su capacidad de negociación”. 

Como se sabe, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el jueves que ofrecerá a los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo ley extranjera una reducción de intereses del 62%, que equivale a 37.900 millones de dólares, y una quita en el capital del 5,4%, que representa 3.600 millones de dólares, con un período de gracia de tres años, por lo que los pagos comenzarán recién a partir del 2023.

Para Lozano, la propuesta “resuelve el problema de no tener pagos inmediatos, pero no está clara la situación a partir del 2023 todavía”, y añadió que “hace un recorte importante de los intereses, pero no queda claro tampoco si no se van a capitalizar estos intereses durante el período de gracia y no modifica sustancialmente el capital, hay una reducción muy chica, de apenas el 5,4% en el valor nominal de los bonos”.

Consideró además que “se habla de una negociación de deuda donde se plantea una hipótesis de volver a pagar a partir de 2023, y no hay muchas condiciones para decir qué mundo y qué Argentina vamos a tener en aquel momento”.

Un posible default

Sobre el escenario de default al que se enfrenta el país, Lozano indicó que “Argentina con esta definición ya no va a pagar el vencimiento previsto para el 22 de abril y si efectivamente los acreedores no aceptan la propuesta obviamente termina en default”.

“La relevancia del acuerdo o no acuerdo en términos de efectos inmediatos no son importantes”, aventuró el economista, y remarcó que “está todo fuertemente relativizado, el contexto mundial es muy complejo y la situación de crisis general en materia de deudas a nivel mundial hace que el caso argentino sea una situación absolutamente menor”. 

Afirmó que “siempre es mejor que haya acuerdo, pero si no lo hay creo que no es una cuestión que merezca demasiada preocupación”.

“Lo que Argentina además tiene que tener en claro, que con acuerdo o sin acuerdo, con los acreedores o con el Fondo (Monetario Internacional, FMI), nosotros no podemos pagar un solo dólar más en este contexto”, resaltó el actual director del Banco Nación indicó

Y consideró que “este gobierno ha pagado demasiado desde que asumió y en el contexto mundial en el que nos encontramos, donde los dólares tienen que tener prioridades muy precisas para afrontar la situación de emergencia sanitaria, y el tiempo que suponga la normalización de la economía mundial”. 

A su criterio, “está claro que la Argentina no puede pagar y ese debe ser el punto de partida desde el cual no debemos movernos, con los acreedores privados y con el fondo también”.

La deuda con el fondo

El economista aclaró que los anuncios de Guzmán están dirigidos “a una parte del endeudamiento, pero el principal acreedor que nosotros tenemos en los próximos años es el Fondo Monetario Internacional”, y destacó que el país “necesita no solo no pagarle a los acreedores bajo legislación extranjera sino que lo que necesita es no pagarle al FMI”. 

“Es imprescindible que Argentina pueda dejar de pagarle al Fondo sin condicionalidades”, sobre todo las que suele establecer “sobre las cuentas públicas”, porque el país “no puede no disponer de todas las herramientas que en materia fiscal tiene que tener para poder iniciar el proceso de recuperación de la economía, y menos aún en el contexto actual de la pandemia vigente”, sostuvo Lozano.