El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) y la CTA Autónoma detectaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizó una compra de barbijos con sobreprecios de 207 millones de pesos, en la misma semana en que fue denunciado por comprar 15.000 barbijos a 3.000 pesos cada uno cuando el precio es de 11 dólares.

En un informe, las organizaciones describieron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró el 30 de marzo cinco millones de barbijos a la empresa E-Zay a 68 pesos cada uno, y tres días después adquirió un millón más de esos artículos a 77 pesos, a la firma Amicibro.

Las empresas, que no producen tales insumos y sus “objetos sociales” declarados como actividad comercial están relacionados con la informática y la computación, indicaron que los barbijos fueron comprados a la empresa Dimex, cuya razón social es Cinmor SRL, que sí es fabricante de insumos médicos. Los denunciantes explican que de esa manera reconocieron “su carácter de intermediarias”.

Según las organizaciones que hicieron público los hechos, “unos días después, el 6 de abril, la empresa Cinmor SRL hizo una oferta al GCBA por 3.400.000 barbijos a la mitad del precio que cobraron las intermediarias”: a 35 pesos cada uno.

Así, “el GCBA pagó de forma inexplicable 207 millones de pesos de sobreprecio a estas empresas intermediarias por sobre lo que habría pagado directamente a la empresa Dimex o a otras empresas con valor de mercado”.

El informe está redactado por Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind, del Observatorio del Derecho a la Ciudad; María Eva Koutsovitis del Ipypp; el secretario general de CTA-A de Capital, Pablo Spataro; Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de Salud-ATE; y el dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, actual integrante del directorio del Banco Nación.

“Invitados” a ofertar precios

Koutsovitis explicó que “lo que impacta es que este sobreprecio de 200 millones de pesos se genera utilizando, por un lado, el mecanismo de la contratación directa y por otro lado, utilizando empresas intermediarias”. 

“Estos escenarios de pandemia de coronavirus y de epidemia de dengue lo que hacen es amplificar la precariedad sanitaria a la que se encuentran expuestos aproximadamente a 400.000” personas en la ciudad de Buenos Aires, afirmó Koutsovitis. Señaló que “uno de cada siete porteños no acceden formalmente al agua potable y estos 200 millones de pesos equivalen a 20.000 tanques plásticos para garantizar un sistema seguro de almacenamiento del agua, con lo cual estaríamos reduciendo el impacto del coronavirus y el dengue”.

Lo que plantean las organizaciones es que “al ser un proceso de contratación directa, el GCBA decidió invitar formalmente a estas dos empresas a ofertar” para la compra de barbijos, por lo que “resulta inexplicable” el motivo por el cual “no invitó directamente a la empresa Dimex en todas las contrataciones, en vez de invitar a empresas que se dedican a la computación y la informática”.

Las entidades pidieron al jefe de gobierno de la Ciudad que se paralicen y se declare la nulidad de las contrataciones directas realizadas por “el flagrante pago de sobreprecios y defraudación a la administración pública”, además de solicitar que “se inicien las investigaciones y sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios”.

También reclamaron que las autoridades de la Capital Federal “dispongan un mecanismo de control ciudadano para las contrataciones directas y de emergencia, con acceso total e irrestricto a los expedientes administrativos en forma virtual y durante todo el día”.

Según indicaron en el informe, el gobierno de Rodríguez Larreta “no podrá argumentar que la empresa Dimex no tiene la capacidad de producción de estos 6 millones de barbijos porque tanto la empresa E-Zay como Amicibro informaron en el expediente que los barbijos que entregarían al GCBA son de la marca Dimex, es decir que los comprarían a esta empresa”. 

Advirtieron en consecuencia que “los barbijos con sobreprecios van a ser producidos por Dimex, pero vendidos por estas dos empresas que como intermediarias se van a llevar un 100% de ganancias”. Aclararon incluso que Dimex tiene la capacidad de hecho para producir los barbijos de su propia contratación, que fueron los 3,4 millones y luego los 6 millones ofrecidos por las otras dos empresas.

Empresas “casi fantasmas”

Según informaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la empresa E-Zay SRL fue fundada en el año 2015 y el objeto social que figura en la escritura de conformación de la sociedad es la “comercialización, distribución, importación, exportación de equipos informáticos; brindar servicios informáticos; y gestionar, operar y comercializar licencias informáticas”.

“En el Expediente Electrónico no figura que la empresa haya readecuado su objeto social a la compraventa de insumos médicos”, afirma la denuncia, y destaca que “la propia empresa resulta un misterio” porque “no posee página web ni redes sociales, y los teléfonos de contacto que aparecen en el expediente no pertenecen a un abonado en servicio”.

Del mismo modo, el objeto social de la empresa Amicibro es “la industrialización, comercialización, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos o electrónicos, en especial de computación, sus accesorios, partes e insumos; desarrollo de software, procesamiento de datos y prestación de todo tipo de servicios relacionados”.

Barbijos a 3.000 pesos

Esta semana, José Cruz Campagnoli, Gerardo Ernesto Torres Vilar y Fernando Víctor Urquizu, presentaron una acusación penal por administración fraudulenta contra el subsecretario de Administración de Salud del GCBA, por otra compra de barbijos, en este caso fueron 15.000 mascarillas.

En la denuncia piden que se investigue la “compra de quince mil barbijos mascarillas de alta eficiencia tipo 3M, la cual fue otorgada a la empresa Green Salud S.A. por un total de 45.000.000 de pesos el día lunes 6 de abril, sin una licitación previa o siquiera una compulsa de precios alegando la necesidad y la urgencia de dicha adquisición”.

La presentación se realizó porque el precio del mercado de estos barbijos es de 11 dólares, un precio mucho menor que el pagado por el gobierno. Este último adujo que 3.000 pesos “fue el valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra” y que “los médicos no pueden esperar”.