La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, afirmó que están “recibiendo una enorme cantidad de denuncias” por violencia policial, que sobre todo afecta a “los sectores más vulnerables” en todo el país, por lo cual remarcó que “en esta segunda etapa del aislamiento obligatorio queda claro que del virus y de la represión nos tenemos que cuidar entre nosotros”.

“Cualquier situación de excepción lo que hace es potenciar lo que siempre estuvo allí”, explicó la militante por los derechos humanos, quien aclaró que “no es para nada sorprendente que quienes peor la pasen sean los pibes y las pibas más jóvenes, los laburantes, los migrantes; todos los sectores más vulnerables, los más discriminados desde las estructuras de poder”.

La organización describió en un comunicado, que “en general, se trata de situaciones de alto nivel de violencia, con golpes, insultos e intimidaciones, y por supuesto, un saldo increíble de privaciones de libertad y formación de causas penales”. 

Verdú explicó en declaraciones a que “un ejemplo muy claro lo vemos en la foto de los distintos barrios, porque si salís a la calle en Recoleta o Palermo difícilmente veas a un policía y vas a ver a los vecinos saliendo sin que nadie les pregunte nada”, mientras que “en los barrios populares tenés 18 policías por cuadra”.

Desde Correpi precisaron que, según informó el ministerio de Seguridad de la Nación, hasta el pasado domingo “el total de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad a las que, antes de liberarlas, se les notificó la formación de una causa penal, es de 524.557, mientras que en 13.006 casos no se produjo la soltura”.

La asociación contra la violencia institucional advirtió que esto “está totalmente naturalizado por los medios hegemónicos”, y tras denunciar “el inefable olfato de clase que caracteriza a policías y demás uniformados”, agregó que “también sucede que no estén siquiera al tanto de la normativa de emergencia que están aplicando”.

“Les quedará una causa penal abierta”

Verdú, acerca de las detenciones, indicó que “eso significa que al término del aislamiento van a tener que ir a una indagatoria, hacer su defensa, y si trabajan en blanco van a tener problemas porque les va a saltar que tienen una causa abierta”.

“Estamos en una encerrona, porque por un lado hay una cantidad impresionante de gente que necesita salir a la calle, por las razones más diversas, todas justificadas como comprar comida o asistir a un familiar o ir a trabajar para hacer la diaria”, y a la vez esas personas “no tienen manera de acreditar con la Policía porque son tareas precarias o las páginas web para descargar certificados no funcionan”.

En la página de Correpi, recibieron denuncias por violencia institucional de provincias como Neuquén, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, CABA (ciudad autónoma de Buenos Aires), Santa Fe, Tucumán, San Luis, Misiones y Jujuy.

Según la titular de la Coordinadora, “las fuerzas están preparadas para lo que es su tarea central, fundamental, estructural y sistémica en el marco de la sociedad en la que vivimos, que es el control social y el disciplinamiento”. Sostuvo que “si esperamos que sean ellas las que nos cuiden del coronavirus estamos al horno”.

La militante y referente contra la violencia institucional agregó que “por eso la consigna es que hay que cuidarse, cuidarse colectivamente, porque hay miles de cosas que podemos resolver a través de la solidaridad activa, aún sin violar el aislamiento. Por ejemplo, si vivís en un edificio ponerse de acuerdo para hacer las compras y reducir la exposición en la calle de cada uno de los vecinos”.

Gendarmes separados de la fuerza

Sobre el caso del personal de Gendarmería que en la Villa 1-11-14 de Capital Federal hicieron caminar a dos jóvenes en cuclillas y con las manos en la nuca (ver video de La Garganta Poderosa), y por ello tres gendarmes fueron apartados de la fuerza luego de que se difundieran las imágenes de lo que pasó, Verdú indicó que “está excelente que los hayan separado, pero yo los quiero presos porque eso es imposición de tormento y tiene una pena de 25 años de prisión”.

“Una cosa es decirles” a los gendarmes “que no laburen más porque quedaron escrachados en un video, y suspenderlos e iniciar una causa penal que sabremos algún día en qué termina”, dijo irónicamente la referente de la Correpi dando a entender que quizás todo podría quedar en la nada.

Y remató con que “otra cosa es que no se aplique con ellos el mismo rigor que, por ejemplo, se aplicó contra el carrero de Corrientes al que tuvieron tres días preso, lo golpearon y le metieron un escopetazo en los glúteos y las nalgas, porque no pudo explicar de dónde venía con un cargamento de 20 ladrillos que le habían donado para mejorar su casilla”, argumentó Verdú.