La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley ayer el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de los jueces y fiscales de la Nación, así como a los miembros del Servicio Exterior que involucra a embajadores, cónsules y el resto del personal diplomático. La iniciativa, que ya había sido tratada por Diputados, fue aprobada por amplia mayoría, pero con el voto en contra de Juntos por el Cambio (JpC).

En el Senado votaron a favor del proyecto 41 integrantes de la Cámara, mientras que 21 lo hicieron en contra. En tanto, 10 senadores estuvieron ausentes. La mayoría de los que aprobaron la norma pertenecen a la bancada oficialista del Frente de Todos, los cuales fueron acompañados por legisladores de partidos provinciales. 

Los votos por la negativa provinieron sobre todo de la coalición Pro-UCR-CC/Ari, bancada que presentó un proyecto propio. También se opusieron la senadora neuquina Lucila Crexell, quien tiene un bloque unipersonal, y lo mismo el santafecino Carlos Reutemann.

Entre los senadores de partidos provinciales que avalaron el proyecto estuvo el ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, referente del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), así como la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.

La sesión tuvo lugar dentro de un contexto de extrema preocupación en el país y en todo el mundo por el avance del coronavirus (ver nota aparte). Incluso dos de los ausentes no participaron por precaución para su salud, debido a que pertenecen a grupos de riesgos. Uno de ellos es el sanluiseño Adolfo Rodríguez Saa, quien hace pocos años fue operado del corazón, y otro el sanjuanino Roberto Basualdo.

Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.

Cláusulas principales

La ley sancionada obedece a un proyecto presentado por el gobierno del presidente Alberto Fernández para disminuir los privilegios jubilatorios del personal jerárquico del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, así como del Servicio Exterior.

En sus cláusulas principales, la norma establece que el cálculo del haber previsional debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, es decir 10 años, como el resto de los jubilados. Hasta el momento se tomaba el último cobro en actividad.

Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los jueces y fiscales de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025. También modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, es decir a asumir funciones judiciales en reemplazo de otros. Esto último les permitía, hasta ahora, cobrar la jubilación de privilegio y además la abultada remuneración por estar activo.

Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.

En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.

Posiciones en el debate

En el debate del proyecto, según información proporcionada por el portal El Parlamentario, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, Daniel Lovera, consideró que los regímenes jubilatorios especiales “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.

El legislador peronista aclaró que con esta norma no se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable”. Explicó que el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”.

Del lado de la oposición, Lousteau criticó que el proyecto oficial “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores, es decir Poder Judicial y Servicio Exterior, se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.

El senador porteño, que fue miembro informante del dictamen alternativo, propuso que los jueces y diplomáticos pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, defendió la iniciativa al sostener que “no es justo que todos los argentinos estemos financiando a los personas que tienen los salarios más altos del país”, dijo Caserio. Puntualizó que el déficit total del sistema previsional es de “13.000 millones de pesos”, cifra que con esta ley “se está bajando en 4.800 millones”.

Desde el Pro, Esteban Bullrich alertó que “lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces”, y denunció que en el Senado “se censuró el debate” porque el oficialismo no permitió realizar modificaciones al texto.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti afirmó que “estamos dando un paso importante, siempre postergado, sobre dos sectores que aportan un 1% más que el resto en el régimen general, pero que perciben jubilaciones en promedio 13 veces más altas que el resto de los argentinos”.

El rionegrino Weretilneck acompañó al oficialismo en la votación, pero aclaró que le hubiese gustado “un proyecto más audaz, más profundo, para empezar de nuevo, con una nueva Justicia en la Argentina”, dijo el ex gobernador. “Creo que el Poder Ejecutivo Nacional se quedó corto con este proyecto, deberíamos directamente eliminar el régimen”, afirmó.

Poder Judicial de Jujuy

Hacia el final del debate se produjo un breve cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien en su discurso habló de la supuesta ofensiva del gobierno contra los jueces, refiriéndose a la propuesta para intervenir el Poder Judicial de Jujuy.

Cristina interrumpió al senador para pedirle que no desvíe el debate a otro proyecto de ley, pero Naidenoff insistió y consideró que el proyecto sobre regímenes especiales “es una excusa, porque el fin es otro”.

“Nos convocaron a debatir sobre los regímenes de privilegio y mantienen los privilegios. ¡Lo de terminar con los privilegios es un verso! Cómprenlo ustedes, nosotros no. Esto es cambiar para que nada cambie”, se quejó el radical.

Al momento del cierre, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos, Chaco) disparó contra los jueces: “Quizás en una suerte de actuación corporativa entiendan que este proyecto no es legal. Puede que encuentren algún resquicio de legalidad en su reclamo, pero no van a encontrar legitimidad porque hoy el pueblo está muy mal y no los va a acompañar”.

“Los integrantes del Poder Judicial hasta tienen el atrevimiento de que, cuando alguna vez el Congreso decidió que pagaran el impuesto a las Ganancias, por una simple acordada a los tres días se exceptuaron de pagar ese impuesto”, recordó la senadora chaqueña.