“Ellos quieren ganar siempre”, fue la primera reacción del presidente Alberto Fernández ayer luego de la confirmación del lockout patronal de cuatro días lanzado por la Mesa de Enlace que agrupa a los representantes tradicionales del poder agropecuario de la Pampa Húmeda.

Fernández recordó que el aumento del 3% para las retenciones a las exportaciones de soja fue un tema que “ya fue discutido” con el sector, pero “ellos quieren ganar siempre”, agregó.

“Oímos sus preocupaciones y cumplimos con la ley. Los que no quieren cumplirla son ellos”, expresó el presidente.

El lockout patronal comienza en la misma semana en que se cumplen 12 años del inicio del conflicto por la resolución 125 que mantuvo paralizado al país durante cuatro meses. Si bien las circunstancias son distintas y no se sabe las consecuencias que tendrá la nueva medida, otra vez los empresarios del campo vuelvan a enfrentar a un gobierno peronista como lo hicieron en 2008 contra Cristina Kirchner.

Ahora, el denominado “campo”, agrupado en cuatro cámaras empresarias que conforman la “Mesa de Enlace”, plantean esta medida con la intención de desgastar a la gestión de Fernández, que asumió hace tres meses. Es en rechazo al aumento de un 3% de los aranceles para la exportación de soja para productores de más de 1.000 toneladas (Ver nota aparte). 

Dicha “Mesa” está integrada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria y Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Las mencionadas asociaciones lanzaron el paro empresario luego de que una de ellas -CRA- amenazara con cortar el tránsito en las rutas si no había algún tipo de medidas de fuerza conjuntas.

La decisión de las cuatro cámaras patronales estuvo precedida de protestas con tractores por parte de propietarios o arrendatarios de campos en algunas zonas específicas, particularmente en el norte de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. En varios casos, esos sectores se organizaron bajo la denominación de “productores autoconvocados”.

El antecedente de 2008

La última medida de fuerza de los ruralistas fue en marzo de 2015, en el último año del kirchnerismo. Pero la más perjudicial para el país fue entre marzo y julio de 2008, cuando tuvo lugar en todo el país el levantamiento ruralista contra la gestión de Cristina, que llevaba tres meses en el poder luego de la presidencia de Néstor Kirchner.

Aquella vez, durante cuatro meses, los empresarios del campo perpetraron el más grave sabotaje al tránsito y al abastecimiento perpetrado por un sector económico contra un gobierno democrático en toda la historia. 

El conflicto se desató después de una resolución del ministerio de Economía, que llevaba el número 125, en pleno auge del precio de la soja en los mercados internacionales. La disposición ministerial establecía que a mayor aumento de la cotización del producto a nivel mundial, también serían mayores los derechos (o aranceles) de exportación.

El paro empresario tomó la forma de un bloqueo a la comercialización de granos y carnes, lo cual provocó aumentos de precios para el consumidor y maniobras de desabastecimiento. 

A ello se sumó una inusitada demostración de poderío con tractores y camiones que impedían transitar por las distintas provincias. Llegaron a estar cortados unos 300 puntos de tránsito en el territorio nacional.

Frente a ese conflicto, Cristina Kirchner convirtió la resolución 125 en un proyecto de ley, para que fuera tratado por el Congreso. El oficialismo de aquel tiempo siempre lograba alianzas para tener mayoría en las cámaras legislativas, pero ese predominio fue quebrado por algunos de sus representantes.

Un sector de senadores encabezado por Carlos Reutemann, y otro de diputados con Felipe Solá como principal referente, quebraron el bloque del Frente para la Victoria y se pasaron a la oposición. 

Aun así, en la Cámara baja la ley -llamada “de retenciones móviles” a las exportaciones agropecuarias- logró ser aprobada por una diferencia de seis votos a favor. En el Senado, en cambio, la votación resultó empatada. Definió el entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, como indica la Constitución para casos de igualdad en el número de voluntades de los senadores.

“Mi voto no es positivo”, fue la recordada frase de Cobos, que marcó el rechazo del proyecto y también colocó al gobierno de Cristina Kirchner su momento de máxima debilidad. 

Su gestión, a la cual todavía le quedaban tres años y medio, estuvo bajo asedio político de la oposición partidaria y de las grandes cadenas de medios de comunicación durante todo ese tiempo. Aun así, en 2011 logró su reelección.