El uso de mecanismos judiciales por parte de gobiernos de derecha y corporaciones de distinto tipo contra líderes políticos, dirigentes, periodistas, etc. que enfrentan sus intereses, alcanzó recientemente a Martín Sabbatella, quien durante el gobierno de Cristina Kirchner dirigió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). 

Esta semana, el principal referente nacional de Nuevo Encuentro fue condenado a seis meses de prisión en suspenso en el marco de una causa impulsada en los tribunales por el Grupo Clarín, que lo acusó de “abuso de autoridad” en la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “ley de medios”) en 2014. 

El fallo fue emitido por Ariel Lijo, uno de los jueces que habitualmente se pronuncian en contra de ex funcionarios kirchneristas. Los abogados defensores del imputado apelarán la sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer hoy (05/03). 

Sabbatella conduce desde enero un organismo público con jurisdicción sobre la política de administración hídrica y saneamiento en la zona más poblada del país. Se trata de la Administración de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), donde fue designado como presidente por el gobierno de Alberto Fernández. 

El Grupo Clarín pretende que el dirigente kirchnerista no pueda ocupar cargos públicos y lanza críticas porque el gobierno se niega a echarlo hasta que haya sentencia firme. En el diario cabecera de la cadena de medios, desde el propio título de las notas periodísticas hacen hincapié en la “inhabilitación para ejercer como funcionario”  que según la empresa debería aplicarse a Sabbatella.

Contra funcionarios kirchneristas y periodistas

El acoso del conglomerado empresarial mediático contra funcionarios y dirigentes kirchneristas, y contra periodistas opuestos a sus intereses, ha sido una constante desde que el gobierno de Cristina Kirchner terminó con el negociado -luego restablecido por Mauricio Macri- de la televisación paga de fútbol, y al mismo tiempo impulsó la ley de medios y logró su sanción.

El profesional de radio y televisión más hostigado judicialmente por el Grupo Clarín es Víctor Hugo Morales. A tal punto que consiguió condenarlo porque en el año 2.000, cuando el reconocido periodista y relator de fútbol conducía el programa de noticias “Desayuno” en la televisión pública, allí se retransmitieron jugadas de un partido de fútbol histórico hace 20 años: la final entre Boca y Real Madrid jugada en Japón.

En 2015, cuando aún gobernaba Cristina Kichner y la Corte Suprema de Justicia mantenía una estrecha alianza política con el Grupo Clarín como parte del bloque opositor al gobierno de entonces, fue confirmada la sentencia contra Víctor Hugo. 

Pero el hostigamiento empresarial y judicial contra el comunicador de radio y televisión reconocido internacionalmente, continúa a lo largo del tiempo. En distintas ocasiones, como ocurrió por ejemplo en mayo de 2018, Morales sufrió el secuestro de bienes en su propio domicilio para pagar la sentencia a favor de Clarín, a pesar de que estaba cumpliendo con lo dispuesto judicialmente.

En otro caso que responde a la misma estrategia de acoso a través de juzgados y fiscalías, siempre asesorado por abogados de los estudios jurídicos más costosos y poderosos del país, el conglomerado de medios persiguió a funcionarios del gobierno kirchnerista con el pretexto de que habían “retacaedo” a ese grupo de empresas la publicidad administrada por la agencia pública de noticias Télam.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría dictó en 2018 procesamientos y sobreseimientos. Los expedientes judiciales siguen abiertos en distintas instancias de los tribunales.

“Medida disciplinadora”

La reciente condena contra Sabbatella, que no tiene para él riesgo inmediato de quedar detenido porque se trata de una condena “en suspenso”, sin embargo siente un precedente penal que pesa en su contra y permanece en el tiempo como amenaza para otras causas judiciales que puedan armarle.

Al conocerse el pasado martes la sentencia, el ex presidente de la Afsca -y ahora de la Acumar- dijo que el fallo “es un disparate que se generó en la instrucción”, ejecutada por el ahora fallecido juez Claudio Bonadio.

"Asumo la responsabilidad, fui presidente del organismo”, afirmó el funcionario en relación con las medidas adoptadas en su momento para hacer cumplir la ley de medios. “Asumo la responsabilidad absoluta de lo que se hizo, fue todo cumpliendo con la ley", enfatizó.

Poco antes, al pronunciar sus últimas palabras previas al veredicto, explicó que el juicio fue "una medida disciplinadora exigida desde el Grupo Clarín para que no haya ninguna forma de que alguien se atreva a meterse con ellos".

Con la condena en su contra "se cumple con el mandato de Clarín, con la medida disciplinadora, que es lo que (Héctor) Magnetto (principal directivo del Grupo Clarín) siempre quiso plantear y hoy se ratifica con este disparate”, completó Sabbatella.