El economista Sergio Chouza sostuvo que el posible incremento de tres puntos de los derechos de exportación sobre la soja se inscribe en una intención del gobierno de “cerrar una ecuación fiscal” sin “más recorte”, y aclaró que no implica un “excedente de recaudación monumental” ni tampoco “es algo que vaya a ser una expoliación sobre el sector primario”.

El especialista fue consultado por en el marco de un eventual aumento de los aranceles. Las solas versiones en ese sentido desataron amenazas de bloqueo a la comercialización y de cortes ruta por parte de empresarios del campo. Hasta el momento la suba no está confirmada pero el gobierno suspendió el registro de exportación de granos. 

Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace que agrupa a las cuatro cámaras tradicionales del sector fueron recibidas ayer por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra. La reunión pasó a cuarto intermedio hasta al lunes, y según voceros ruralistas, el gobierno “todavía no ha tomado una decisión” y tampoco habría anuncios del presidente Alberto Fernández el domingo, cuando hable ante la Asamblea Legislativa.

“No movería tanto la aguja”

Chouza, en sus declaraciones a este portal de noticias, dijo que los incrementos que hubo “hasta el momento” en los porcentajes que se cobran por derechos de exportación fueron “una pura actualización a los niveles de septiembre de 2018”, y los que se posiblemente se apliquen ahora serían “un leve incremento”.

“No mueve tanto la aguja” en el sentido de que “sea un excedente de recaudación monumental, pero es una contribución más, y tampoco es algo que vaya a ser una expoliación sobre el sector primario”, expresó el docente universitario especializado en temas económicos.

Según explicó, “si se confirma el aumento de 3 puntos para soja y derivados, todavía se estaría lejos de los niveles de 2015”. Además, “hay que sopesar esto con un contexto donde el dólar se incrementó más de 400%, los precios internacionales están aproximadamente en los mismos niveles de 2015, con lo cual no se registra un detrimento sobre la competitividad del sector”.

“La transferencia implícita que implica un tipo de cambio más favorable en parte se contrarresta con estas medidas de captación de poder contributivo a un sector muy dinámico, como es el sector primario de exportación”, analizó Chouza.

En cuanto a los números, dijo que “se está hablando de alrededor de medio punto del PIB, 500 millones de dólares”, aunque aclaró que “son estimaciones muy a trazo grueso, habrá que ver cuánto se termina exportando este año”. 

El docente e investigador en economía explicó que la medida “se inscribe en un marco de emergencia económica, de diferentes emergencias que fueron consolidadas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que tuvo un amplio acuerdo del Congreso con lo cual me parece que hay una valoración que es compartida por todas las fuerzas políticas de que estamos en un momento de urgencia y que hay que oficiar medidas para paliar esa situación”.

“La evaluación del ministerio de Economía es que para salir de esa crisis no se puede tener una actitud irresponsable desde el punto de vista fiscal pero tampoco sirve que el accionar del Estado nacional para garantizar el pago de la deuda sea más recorte”, porque “ese es un programa que ya se implementó y ya fracasó”.

Luego el especialista manifestó que si el propósito es “cerrar una ecuación fiscal sin recortar el gasto público, porque ya no hay de donde recortar, necesariamente tenés que fortalecer el pilar de los ingresos, que implica esta política que se vino dando”.

Puntualizó que la misma se puso en marcha “desde la Ley de Solidaridad, la implementación del impuesto PAIS con una finalidad recaudatoria y de cuidar los dólares de la economía, la actualización de la alícuota de Bienes Personales que había quedado retrasada, y una suba de los derechos de exportación que hasta el momento era una pura actualización a los niveles de septiembre de 2018, y ahora sería un leve incremento”.

Sobre la baja de los precios internacionales, que es uno de los argumentos de los empresarios del campo, Chouza explicó que “es difícil ver la foto de la última semana” porque hay “un proceso de baja de los precios de los commodities” que “responde a una devaluación general de todos los stocks”.

“Cuando se ve la película más amplia, en comparación a 2015 no está con precios muy distintos a los de aquel año, ni tampoco está cerca de los máximos de 2009 o 2010, ese pico coyuntural que duró poco más de un año”, indicó.

Por último, consideró que “es una situación intermedia y lo que termina ecualizando la situación es la alta competitividad que desde lo macroeconómico auspicia ese paraguas que fue una devaluación del tipo de cambio que llevó el valor del dólar medido en términos reales a niveles de 2010 y 2011”.

Con ello el sector exportador agrícola volvió “a recuperar una competitividad cambiaria de hace una década casi”, lo cual le dio “un paraguas que no llega a ser horadado por la actualización de retenciones ni mucho menos”, completó Chouza.

Reunión con la Mesa de Enlace

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, mantuvo una reunión ayer por la tarde con representantes de la Mesa de Enlace agropecuario, y según declaró al salir del encuentro el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes, el gobierno “no tiene ninguna decisión tomada” sobre el aumento en los aranceles.

El dirigente empresarial dijo que “está todo en análisis” y por lo tanto “no hay ningún número definido”, y aseguró que les “confirmaron” que el domingo, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández no va a hacer ningún anuncio al respecto.

El lunes continuarán con los encuentros, de acuerdo a lo informado por Chemes y los otros integrantes de la Mesa de Enlace, es decir Daniel Pellegrina (Sociedad Rural); Carlos Iannizzotto (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro), y Carlos Achetoni (Federación Agraria).

Esta semana, el ministerio de Agricultura y Ganadería emitió un comunicado donde les comunicó a las empresas que a partir del día 26 de febrero de 2020 y “hasta nuevo aviso” suspendió el registro de exportación de granos. Esa medida permite evitar que se anoten operaciones de ventas al exterior antes de un eventual aumento de los aranceles. 

Ayer, ministro Luis Basterra (centro) flanqueado por dirigentes ruralistas.