El decreto de incremento para las jubilaciones que instrumentó Alberto Fernández el 14 de febrero y que implicó una suba de 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos, sumados a los dos pagos adicionales de diciembre y enero por 5.000 pesos cada mes -10.000 en total-, implica que si se proyecta la inflación para el periodo diciembre marzo de este año, se espera que el haber mínimo, que se ubicará en los 16.500 pesos supere a la inflación en unos 5 puntos.

Estos datos surgen del último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), en el cual se afirma que como “el oficialismo tiene como objetivo central reactivar el consumo para apuntalar el crecimiento, la medida se focalizó en recomponer los ingresos de aquellos que tienen más necesidades, y que vuelcan una proporción mayor al consumo”, en este caso, la franja de jubilados que cobran la mínima y que son el 75% de los mismos.

De acuerdo a los números, el incremento dispuesto en el decreto permite que 5,9 millones de jubilados que perciben la mínima reciban un aumento del 13%, superando a la inflación esperada para el trimestre, que sería del 8%. Ello determina un aumento “de la mínima en términos reales del 9,8% en el acumulado entre diciembre y marzo”.

“Acumulando los 4 meses, el aumento efectivo de la mínima supera en un 18% a la fórmula anterior, en términos reales”, explicaron los autores del informe. 

Agregaron que hay otras medidas que “impactan de manera directa” sobre el poder adquisitivo de estos sectores, como “el congelamiento de tarifas, la reducción en las tasas de interés a los deudores de los créditos Anses, la entrega de medicamentos gratis por parte del PAMI”, y el reintegro “de IVA para jubilados que cobran la mínima”.

Como ejemplo, indicaron que la postergación de las tres primeras cuotas de los créditos Anses y la baja en la tasa de interés, redunda en mejoras adicionales del orden del 8% promedio en la AUH (Asignación Universal por Hijo) y del 12% en los haberes jubilatorios.

El Observatorio universitaria señala que “5,9 millones de beneficios que se ubican en la base de la pirámide de ingresos se ven beneficiados por esta medida”, y además “hay que considerar que el alcance de la medida es superior” a estos jubilados que perciben la mínima “ya que 324 mil beneficios de haberes superiores a 14.067 pesos también registran incrementos por encima del 11,5%”, porcentaje que hubieran recibido si continuaba la fórmula de movilidad del gobierno anterior. 

“En total, se verifican 6,2 millones de beneficios, el 75% del total, que mejorarán su situación debido al decreto anunciado”, explicaron los autores del estudio.

Los investigadores de la Undav destacaron después que producto de la movilidad jubilatoria que se implementó en diciembre de 2017, hubo una caída de los haberes en términos reales del orden del 18,1% en 2018 más el 1,8% en 2019, “acumulando un 19,5% de pérdida desde su aplicación”. 

Recordaron además que al pasarse de una frecuencia de actualización semestral a una trimestral -cuando el gobierno de Macri modificó la ley de movilidad sancionada por el kirchnerismo- se omitió “un trimestre en el cálculo de la actualización (marzo-junio 2017) generando una pérdida permanente en la evolución de los ingresos de los jubilados” que se estima en un 7,2%”. 

Otro factor que generó la política jubilatoria del macrismo fue que “se intensificó la desigualdad en la pirámide previsional”, ya que medidas como la Reparación Histórica creó “jubilados de “primera” y de “segunda””. 

Como consecuencia de esto, informe aclara que “el 40% de los jubilados de menores ingresos perdieron un 22% de poder de compra” en el periodo 2015-2019, mientras que “el 20% de mayores ingresos lo mejoró en un 1,1%”. Esto implica que “si bien la política previsional de los últimos cuatro años fue de ajuste, hubo sectores que fueron claramente más perjudicados que otros”. 

Desfinanciación de la Anses

El informe detalla que “durante los últimos cuatro años, diferentes decisiones políticas impactaron de manera directa deteriorando los recursos del Anses, generando el déficit más alto de la historia del organismo, con 122,6 mil millones de pesos en el 2019, cuando en 2015 era de 10,9 mil millones”.

“En primer lugar, la implementación de un modelo económico que incentivó la especulación financiera en detrimento de la actividad productiva, generó un contexto de recesión y de crisis en el mercado laboral que afectó y sigue afectando de manera directa a la principal fuente de recursos del organismo que son los aportes y contribuciones”, explicaron los especialistas.

Agregaron que contribuyó a este número el hecho de “que se hayan perdido más de 230 mil puestos de empleo, que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores formales haya caído un 18,5%, que rebajaran las alícuotas a las contribuciones patronales y que se haya desplomado el consumo”. 

El desfinanciamiento de la Anses “se ve reflejado también en el deterioro” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), “cuyo valor pasó de 64 mil millones de dólares en noviembre 2017 a 32 mil millones de dólares en septiembre 2019”, según el último informe del organismo estatal, lo cual representa que en dos años cayó a la mitad de su valor.

Por último, se remarcó el problema de la composición financiera del FGS, donde se administra el dinero con el cual se deben pagar las actuales y futuras jubilaciones. El trabajo académico precisó que “en la actualidad es altamente ilíquido, y en los últimos años el peso de los Títulos Públicos Nacionales y de Entes Estatales alcanzó el 73%”. 

“Esto implica un aumento en la transferencia de liquidez desde el FGS al Estado del orden de los 9 puntos porcentuales”, concluyó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.