La decisión del presidente Alberto Fernández de reformar el régimen previsional de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación augura una difícil pulseada política que luego derivará en controversias legales. El proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los jueces, fiscales y el resto del personal jerárquico de los juzgados empieza a ser analizado hoy (26/02) en comisiones de la Cámara de Diputados, y rápidamente lo trataría el plenario del cuerpo.

El Poder Ejecutivo elevó al Congreso esa iniciativa, así como otra semejante que involucra a embajadores, cónsules y el conjunto del personal diplomático que integra el Servicio Exterior de la Nación. Los privilegios son similares pero el Poder Judicial tiene mucho mayor peso y una infinidad de recursos jurídicos e institucionales para oponerse y generar conflictos políticos.

Las propuestas tienen posibilidades de ser aprobadas, aunque previamente habrá muchas discusiones acerca de la redacción final del texto, y también sobre cómo conseguir el quórum para que la Cámara pueda sesionar. El oficialismo del Frente de Todos no tiene mayoría y está obligado a negociar con otros sectores.

Presumiblemente sumarán sus presencias para alcanzar el quórum -la mitad más uno de los miembros de la Cámara- los legisladores de Consenso Federal, quienes llegaron a sus bancas detrás de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. También lo haría el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que agrupa a partidos provinciales y preside el mendocino José Luis Ramón.

Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) está en una posición incómoda ante la sociedad como para rechazar un proyecto contrario a los beneficios abusivos que goza la jerarquía del sistema de justicia. En consecuencia podría llegar a un acuerdo con el oficialismo para introducirle modificaciones y finalmente apoyarlo.

La alianza macrista-radical-carrioísta que gobernó el país hasta diciembre pasado mantiene internamente, aunque de forma reservada, un fuerte debate acerca de cómo sostener sus buenas relaciones con una estructura judicial que ha sido parte fundamental de su acumulación de poder, pero sin aparecer ante la opinión pública avalando privilegios jubilatorios socialmente repudiados. 

Las conversaciones internas dentro de la principal bancada opositora, así como otros diálogos entre ese sector y referentes parlamentarios del Frente de Todos -negociaciones de carácter informal pero que pueden ser definitorios en el momento de las decisiones-, se mantuvieron durante los feriados de Carnaval. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tiene frecuentes contactos con el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

En la jornada de hoy, el proyecto para modificar las regímenes previsionales tanto del Poder Judicial como del Servicio Exterior serán considerados por un plenario de dos comisiones: la de Previsión y Seguridad Social, y la de Presupuesto y Hacienda. 

Según el texto original que propuso el gobierno, la futura retribución de jueces, fiscales y todo el personal jerárquico del sector se computará a partir de un promedio de los últimos diez años de trabajo, de la misma forma que ocurre con el resto de las personas que se retiran de la actividad laboral. Hasta ahora se computa el último sueldo. 

Además, se establece un fuerte aumento de los aportes al sistema previsional: del actual 11%, sería llevado al 18%. Otro cambio sería el de la edad jubilatoria, la cual se elevaría gradualmente a los 65 años, como ocurre con el conjunto de los jubilados varones del sistema previsional de la Nación, dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Después, las complicaciones

El tratamiento del proyecto por la Cámara de Diputados será apenas el primer paso de una pulseada de poder posiblemente muy prolongada. En caso de que allí fuera aprobado, lo cual aparece como probable, luego pasará a consideración del Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia y no tendría dificultades para sancionarlo.

Sin embargo, las complicaciones empezarán después, debido a las estrategias armados por una gran cantidad de jueces y fiscales. Muchos de ellos renunciarán a sus cargos y los principales medios de comunicación buscarán crear en la opinión pública la sensación de que eso perjudicará la administración de justicia. Al mismo tiempo, harán aparecer el conflicto como una decisión del gobierno para nombrar jueces afines.

Juez Ricardo Recondo, opositor al gobierno y aliado del macrismo. Encabeza la defensa de las jubilaciones de privilegio.

Si finalmente el proyecto obtiene aprobación parlamentaria, desde el propio Poder Judicial sería declarado “inconstitucional” por uno o más juzgados, y además en los propios tribunales serían convalidadas las “medidas cautelares” que puedan presentarse para impedir su vigencia. 

Asimismo, en los ambientes judiciales se considera altamente probable que haya jueces y fiscales que dicten medidas procesales o fallos sobre cualquier asunto que perjudiquen al gobierno o a integrantes del Frente de Todos. Sería una forma de presión extorsiva contra la modificación de las jubilaciones de privilegio.

Finalmente, el próximo domingo puede abrirse un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y los sectores judiciales que más poder han tenido en los últimos tiempos, particularmente en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. 

Según trascendidos periodísticos, ese día (el domingo 1 de marzo), cuando el presidente Alberto Fernández hable ante la Asamblea Legislativa para abrir el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, anunciará los proyectos de reforma del sistema judicial federal.

Se trata de una de las medidas más audaces y ambiciosas del actual gobierno para el saneamiento de la República y la recuperación de la calidad democrática, que anticipa duros enfrentamientos no solo ante los sectores judiciales afectados sino contra los medios de comunicación más poderosos e influyentes en la opinión pública, y contra la alianza Juntos por el Cambio.