El gobierno de Alberto Fernández publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 156/2020 que establece que el beneficio de la doble indemnización que dispuso en diciembre debido a la emergencia pública en materia laboral, no abarcará a los trabajadores estatales, aludiendo explícitamente a los funcionarios de cargos jerárquicos de la planta política designados por la anterior gestión que estaban exigiendo este pago. En esa condición hay al menos 600 casos.

Desde ATE Capital, Pablo Guevara, que es miembro del Consejo Directivo, defendió la decisión de Alberto Fernández porque estos funcionarios “por un lado están atornillados en sus cargos y por otro, esperan aún sacarle más beneficios al Estado después de la gestión desastrosa que realizaron en el gobierno”.

“En principio estamos de acuerdo básicamente por dos cuestiones; primero que éste es un gobierno que viene a priorizar la defensa del trabajo, entonces no viene con la intención de generar un ajuste y un achique sobre el Estado”, señaló Guevara a y agregó que “no hay por qué pensar que los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional van a ser objeto de despidos”. 

Y en segundo lugar destacó que el decreto “viene a poner justicia” porque “la gran mayoría de los funcionarios que trajo el macrismo en los organismos donde se aplica la ley de Contrato de Trabajo o en las empresas públicas están reclamando para irse que les paguen la doble indemnización”.

“Las disposiciones del Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 no resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional”, define el decreto firmado por todos los ministros del gobierno y aclara que “esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo”.

Guevara explicó que son “por lo menos 600 casos de funcionarios” que en su mayoría trabajaban en  Anses, Vialidad Nacional, donde se había “ampliado la estructura a más de 200 cargos jerárquicos” y en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Para el gremialistas, “se pretendían ir con la doble indemnización”, con el agravante de “que además son funcionarios en cargos directivos, que son cargos políticos; no se  trata de trabajadores que venían de carrera hace tiempo y que son despedidos, son cargos puestos por la gestión presidencial”.

En el decreto, el presidente aclara que “ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”, en una explícita alusión a los exfuncionarios macristas que buscan este beneficio.

Revisión de concursos 

Sobre los 3.000 funcionarios que habían sido beneficiados por Macri en noviembre a través de un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado nombrados por el, con la indemnización correspondiente a esa cantidad de años si eran despedidos antes, Guevara indicó que en “algunos casos hay gente que ya ha renunciado y en otros se está revisando”.

“Salió un decreto los últimos días de diciembre y después la Resolución N1 de 2020 de la secretaría de Gestión y Empleo Público que estableció que al 31 de marzo hay que elaborar un informe en los organismos para revisar esas designaciones y determinar si se vieron irregularidades”, sostuvo Guevara.