Al recomenzar la actividad en los tribunales luego de la feria judicial de enero, se presentaron ante el Poder Judicial varias denuncias contra Mauricio Macri y funcionarios de su gestión. Una es por presuntos negociados con 18 inmuebles de Buenos Aires poco antes de dejar el gobierno, otra por daños contra el “patrimonio histórico” en la Casa Rosada que presentó ayer Oscar Parrilli, y ambas se suman a la que realizó Cristina Kirchner ante la AFIP y un juzgado Río Gallegos por una “feroz e inédita persecución” contra ella y su familia.

En la Capital Federal, el Observatorio de la Ciudad junto a otras organizaciones denunciaron que Macri, “sin la autorización del Congreso que establece la Constitución Nacional” y a través de múltiples decretos, autorizó “la venta de aproximadamente 150 inmuebles nacionales, 80 de ellos ubicados en la ciudad de Buenos Aires”, y de los cuales “hay decenas que ya fueron vendidos”. 

Los denunciantes acusan al ex presidente de la Nación y al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y de administración fraudulenta contra la administración pública”.

En la presentación explican que mediante dos convenios firmados entre Nación y la Ciudad el 11 y 13 de noviembre de 2019, a un mes de finalizar su mandato, Macri transfirió 18 inmuebles del Estado nacional al ámbito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta; inmuebles que pertenecen a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2. 

“Estas trasferencias se hicieron en violación al artículo 15 bis de la Ley N° 25.917 que establece que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos”, remarcaron desde el Observatorio de la Ciudad. 

También participaron de la denuncia Unidad Popular-CABA, el Movimiento Popular la Dignidad-Capital, la CTA Autónoma-Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

“Patrimonio histórico” en la Casa Rosada

Ayer, el senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli, del Frente de Todos, denunció penalmente a Mauricio Macri y al ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, por los delitos de daño agravado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la “destrucción irreparable de parte del patrimonio histórico y cultural perteneciente a toda la Nación Argentina”, entre los que se encuentran la escalera de mármol de la Casa Rosada y el deterioro del museo histórico y el Salón Azul del mismo edificio.

Según explica la presentación judicial, Macri tomó la decisión de “demoler una escalera histórica de la Casa Rosada que databa del año 1895 y que era de mármol de Carrara”, y fue “reemplazada por un ascensor”.

Como la Casa Rosada fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto 120.412/1942, en función de la ley 12665, cualquier intervención sobre la misma debe contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, pero sin embargo el procedimiento no se cumplió en este caso.

Sobre el Museo Histórico, Parrilli cita en su denuncia declaraciones de Juan Ganduglia, un experto patrimonial que trabajó en la Casa Rosada hasta el año 2018, quien sostuvo que, por ejemplo, “el sector del fuerte, que es el edificio civil más antiguo que hay en Buenos Aires, se inundó por filtraciones y mal mantenimiento, y está inhabilitado desde hace dos años”. 

Lo mismo ocurre, según el especialista, con otro sector del histórico edificio que es la sede del gobierno de la Nación, ya que “tiraron abajo lo que era el Salón Azul, donde estaban los pintores del Bicentenario”, en un hecho que calificó como “una falta de respeto total”.

“Una feroz e inédita persecución”

Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en presentarse el lunes, tras el reinicio de la actividad judicial. Lo hizo por un lado ante los tribunales de Río Gallegos y simultáneamente ante la AFIP, para denunciar al gobierno de Cambiemos por haber armado “verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional”.

Nombró entre ellas a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), organismos que “articularon una feroz e inédita persecución” contra ella y su familia. 

La actual vicepresidenta de la Nación sostuvo que en ambos escritos “se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mi persona”.